Apurímac, 27 enero 2026.- En enero de 1983, Uchuraccay dejó de ser una comunidad aislada de los Andes ayacuchanos para convertirse en el símbolo más doloroso del periodismo peruano en tiempos de violencia. Allí murieron ocho periodistas y un guía, en medio de un clima marcado por el miedo, la desinformación y el conflicto armado interno.

A inicios de los años ochenta, Sendero Luminoso inició su accionar armado en Ayacucho, extendiendo una ola de violencia que incluyó asesinatos, ataques a puestos policiales y asaltos. Las comunidades rurales quedaron atrapadas entre la amenaza subversiva y la débil presencia del Estado, aprendiendo a sobrevivir bajo la lógica de la desconfianza.

En diciembre de 1982, Sendero Luminoso asesinó al presidente comunal de Uchuraccay por oponerse a la organización. El hecho sacudió a la opinión pública y colocó a la comunidad bajo atención nacional. Días después, con la llegada de las Fuerzas Armadas, se impulsaron medidas de seguridad y se difundió un mensaje que caló profundamente en la zona: los subversivos llegaban a pie.

El 1 de enero de 1983, comunidades de la zona firmaron un acta comprometiéndose a impedir el ingreso de Sendero Luminoso. El 21 de enero, en Huaychao, campesinos dieron muerte a siete presuntos subversivos. Dos días después, en Uchuraccay, cinco senderistas fueron capturados y ejecutados. La noticia despertó dudas, versiones encontradas y el interés de la prensa nacional.

El 26 de enero de 1983, un grupo de periodistas decidió viajar para verificar lo ocurrido. La delegación estaba conformada por Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, del diario Marka; Willy Retto y Jorge Luis Mendívil, de El Observador; Jorge Sedano, de La República; Amador García, del semanario Oiga; y Octavio Infante, corresponsal de Noticias de Ayacucho. Los acompañaba el guía Juan Argumedo.

Tras avanzar por caminos de herradura, el grupo llegó a Uchuraccay, donde fue detectado por los sistemas de vigilancia comunal. Rodeados y acusados de ser terroristas, los periodistas no lograron convencer a los comuneros de su identidad. En un contexto de pánico colectivo y cumplimiento de acuerdos comunales, fueron asesinados.

Tres días después, el país confirmó la masacre. Las versiones oficiales hablaron de confusión y defensa comunal. Las investigaciones posteriores estuvieron marcadas por irregularidades y responsabilidades nunca del todo esclarecidas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que los comuneros actuaron por miedo.

Uchuraccay marcó un antes y un después. Nunca ocho periodistas habían muerto el mismo día cumpliendo su labor informativa. Sus nombres siguen siendo una deuda de la memoria colectiva y un recordatorio vigente del riesgo de informar en contextos de violencia.