Apurímac, 17 diciembre 2025.- El secretismo impuesto por el PRONIS y la Consultora UKHA (por sus iniciales United Kingdom Healthcare Alliance) que brinda asesoría técnica a la entidad estatal para la construcción del futuro Hospital III-1 en Abancay, no solo genera dudas por la falta de transparencia en el desarrollo de esta megaobra, sino, además, se ha convertido en un factor de inestabilidad social por las "zonas oscuras" que existen alrededor de este proyecto.

A esta situación se suma, el mal manejo que desde un inicio le dio el gobernador Percy Godoy, alimentado por su excesivo protagonismo que desencadenó en una ola de críticas a raíz de la falta de precisión en los primeros informes brindados por los funcionarios del PRONIS, las inconsistencias técnicas del hospital de contingencia, la demolición del edificio donde funciona el actual hospital, la reducción de áreas de la Diresa Apurímac, entre otras más.

Otro factor negativo agregado, fue la postura del alcalde de Abancay, Raúl Peña Sánchez, quien en una suerte de revancha política -el enfrentamiento entre ambas autoridades se arrastra desde hace buen tiempo atrás- ofreció irresponsablemente donar el predio donde funciona el camal municipal, en un intento por desestabilizar a Godoy y atizar la confrontación social que se materializó en una masiva movilización, acompañada con cierta dosis de chauvinismo.  

Luego vendrían reacciones en apoyo a la propuesta planteada por Godoy, mientras por otro lado, se convocaban a reuniones de rechazo y oposición, elaborándose la narrativa de "que nadie está en contra que se construya un nuevo hospital, sino, debía adquirirse un nuevo terreno". 

En estas idas y vueltas, el desencuentro terminó en una sesión de la Comisión de Salud del Congreso de la República con golpes en el pecho, cuestionamientos y posturas de toda laya. 

A fines de septiembre del 2025, comenzó a circular por manos de dirigentes y médicos empresarios (llámense politiqueros en búsqueda de votos) copias de dos visitas técnicas de campo realizadas por UHKA en mayo y julio del 2025 al terreno donde se planea levantar el hospital de contingencia (sector Maucacalle), así como las instalaciones del Hospital Guillermo Díaz de la Vega. 

En el informe técnico de visita de campo realizado el 6 mayo del año en curso por el ingeniero Hugo Castro Vierge de la Consultora UKHA, se lee en sus conclusiones y recomendaciones: "emplear el Hospital Guillermo Diaz de la Vega existente como Hospital de Contingencia, y buscar un nuevo terreno disponible para el nuevo Hospital HIII-1 que cuente con un área de 50000 m2 mínimo, y las condiciones idóneas para poder proyectar acorde y necesidades de la norma de salud".

En ese mismo informe también se reseña que el terreno destinado para el hospital de contingencia no es adecuado, además de encontrarse situado sobre un área de amortiguamiento expuesto a riesgos y desastres naturales (deslizamientos, huaicos, desprendimientos de depósitos sedimentarios) en épocas de intensas lluvias.

Para corroborar la veracidad de dicho documento -entendiéndose que se trataba de una copia simple- se consultó a la vocera de UHKA en Abancay quien manifestó tener conocimiento de los informes, precisando que uno de ellos fue "manipulado" en su contenido y para lo cual darían a conocer su posición a través de un comunicado. 

"UKHA no ha emitido declaraciones públicas ni ha emitido conclusiones sobre la viabilidad de los terrenos vinculados al proyecto. En ese sentido, la información que viene circulando es no oficial e inexacta, además de haber identificado un documento adulterado", señala la consultora en su comunicado del 24 de octubre del 2025.

Sin embargo, para los dirigentes de las organizaciones sociales de Abancay, las recomendaciones que supuestamente habrían sido "adulteradas" según UKHA, son válidas para confrontar la propuesta oficial y exigir al Gobierno que respete el contenido de dicho documento (piden que se adquiera un nuevo terreno y se mantenga el edificio donde funciona el hospital como de contingencia), demandando a la vez que se paralicen todas las actividades en torno a este proyecto. 

UKHA tampoco mostró copia del documento original que habría sido manipulado, precisando que como entidad privada no estaba autorizada, trasladándole esa responsabilidad al PRONIS.  

Mediante pedido de acceso a la información pública con registro 25-000283 del 23 de octubre del 2025 dirigido al PRONIS se solicitó copia original de los dos informes de visita de campo efectuados tanto al hospital Guillermo Díaz de la Vega como al terreno donde se planea levantar el hospital de contingencia. 

En respuesta, el 30 de octubre, mediante Carta N° 262-2025-MINSA/PRONIS-AIP, Juan Zapata Crisanto, funcionario responsable de Acceso a la Información Pública del PRONIS adjunta el Informe N° 044-2025-MINSA/PRONIS/UO-ECEE-CMDA.

Este fue firmado por Edy Hugo Ñaca Ballón, responsable de la Unidad Funcional de Gestión de Contratos de Estado a Estado - Unidad de Obras del PRONIS, señalando que el contrato contempla en la cláusula vigésima segunda sobre la confidencialidad del mismo, en el numeral 22.1 que obliga a las partes a mantener absoluta confidencialidad y reserva.

¿Qué dice esa cláusula?: "22.1 LAS PARTES y cualquier persona que dependa de ellas, o que hayan prestado servicios para ellas o que hayan participado en la ejecución del CONTRATO mantendrán absoluta confidencialidad y reserva respecto de cualquier información confidencial, encontrándose prohibidas de divulgar, reproducir y suministrar dicha información a cualquier persona natural o jurídica".

Además, en el citado informe, agregan el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala lo siguiente: "El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente: la información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de decisión del gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la administración pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones". 

El argumento utilizado por el PRONIS para ocultar información pese que se trata de la disponibilidad de recursos públicos para la ejecución de una obra pública y que no guarda relación con un asunto de seguridad nacional, constituye una arbitrariedad legal que atenta contra la libertad de información y el derecho que tienen los ciudadanos a informarse sobre las acciones que realizan las autoridades y funcionarios gubernamentales, más aún, si de por medio se trata de recursos públicos.

Tampoco es la primera vez que un gobierno de turno utiliza la estrategia de firmar convenios con entidades extranjeras, con el propósito de evadir la fiscalización social, o sino, recordemos a la oficina de proyectos del PNUD o la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), muy cuestionadas por irregularidades en licitaciones, contratación y ejecución de convenios.

"...es importante resaltar -justifica el PRONIS- que el Contrato de Gobierno a Gobierno (G2G) es un contrato vinculante entre el Estado peruano y el Consorcio UKHA - Gobierno de Reino Unido, por lo que, las obligaciones reguladas a cargo de cada una de las partes debe ser cumplidas en su totalidad, dado que los Contratos de Gobierno a Gobierno se trata de relaciones de Estado a Estado, que se regulan bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional, conforme así lo establecen las normas citadas, por lo que, al tratarse de un contrato bilateral bajo estándares internacionales de relaciones entre Estados y ante la excepcionalidad, se ve limitada la capacidad de proporcionar la información solicitada...", precisa la entidad.

En otras palabras, el secretismo, el ocultamiento de información por parte de UKHA y el PRONIS con relación al proyecto del nuevo Hospital III-1 Abancay será una constante, pese al escenario de corrupción existente en el país y que ha traído como consecuencia la paralización de más de una veintena de centros hospitalarios, afectando a miles de usuarios que carecen de adecuados servicios de salud.  (P.P.D)

DATO 

El 19 de marzo del 2025, durante el mandato de Dina Boluarte se firmó la adenda al contrato de G2G con el Reino Unido (UK) en una ceremonia realizada a puerta cerrada en Palacio de Gobierno.