Apurímac, 13 diciembre 2025.- Dirigentes de los comedores populares del distrito de Curahuasi, denunciaron que dos funcionarios del Programa Complementación Alimentaria (PCA) administrado por la Municipalidad Provincial de Abancay, solicitaron que entreguen los 375 soles que reciben del subsidio mensual otorgado por el MIDIS para tramitar su personería jurídica y de esa manera puedan seguir beneficiándose de esta ayuda social.

Se trataría de los funcionarios Miguel Saavedra, coordinador del programa y Eber Sullca Sullcahuamán quienes son señalados de haber solicitado dicha suma de dinero, ya que según ellos sería un requisito obligatorio para que los comedores populares continúen recibiendo alimentos del PCA.

Cabe precisar, los 375 soles que los comedores en Curahuasi reciben como subsidio del Gobierno está destinado específicamente para la compra de alimentos frescos (carne roja, pescado, pollo, verduras) a fin de complementarlo con los alimentos que entrega el PCA, sin embargo, los funcionarios señalados habrían inducido a las dirigentes para darle otro uso que no está contemplado en la normativa.

En la reunión del sábado último que sostuvieron los aludidos y las dirigentes de comedores indicaron que dicho trámite en una notaria de Abancay tendría el costo de 410 soles, ofreciéndoles una rebajita. 

En dicho encuentro que fue grabado íntegramente por el medio local Curahuasi en Redes Canal Digital, se les escucha varias veces afirmar que no se trata de un trámite obligatorio, pero de no hacerlo, perderían ese beneficio, contradiciéndose después de que es "opcional" y argumentando que el "ministerio" es la entidad que está solicitando las personerías jurídicas.

"...ya les hemos explicado que todos los comedores deben tener sus personerías jurídicas...si el resto no quiere, yo no les voy a obligar...es opcional, el que quiere va o el que quiere no...pero se corre el riesgo de que el MIDIS pida y les diga (al comedor) que no está reconocido y no es beneficiario...y luego no estemos echando la culpa a otros. Nosotros como institución decimos que sí tiene que hacerse, pero hay oposición de algunas mamás, entonces, ellas que se hagan responsables...", afirmó en tono despectivo, Eber Sullca.

En la actualidad, en el distrito funcionan un total de 71 comedores populares y tras lo manifestado por los cuestionados empleados, se conoció que dirigentes de 22 comedores les habrían entregado el dinero solicitado. 

Ante esta situación poco transparente y con muchas dudas por despejar, las representantes sociales que no firmaron el acta, pidieron antes de efectuarse el desembolso que debía recogerse una opinión legal al respecto, dejando entrever su preocupación e indignación, toda vez que después de varios años de recibir en forma regular los alimentos, ahora salen con un nuevo requisito que prácticamente las estaría condicionando.

Miguel Saavedra, el coordinador del programa, echó más dudas al tomar como referencia la Ley N° 30790, ley que promueve a los comedores populares como unidades de emprendimiento para que no solo se beneficien los sectores más vulnerables con la ayuda social que entrega el Gobierno, sino, se impulsen pequeños emprendimientos o asociaciones sin fines de lucro para la autogeneración de ingresos económicos. 

"...hay dos leyes que nos piden que hagamos la implementación de las unidades de emprendimiento, como la Ley 30790, el Estado quiere que ustedes tengan el empoderamiento económico como mujeres, no necesariamente serán una empresa...la mejor opción es que se hagan asociaciones sin fines de lucro y eso permitirá que se beneficien de las actividades que organizaremos más adelante (...) todos los comedores deben tener su personería jurídica, pero nosotros no queremos hacer a parte los emprendimientos y a parte los comedores, queremos hacer uno solo...", argumentó. 

Lo que no dijo Saavedra y prefirió acomodarlo a su propósito, este procedimiento no es obligatorio para todos los comedores, sino, para aquellos que decidan iniciar emprendimientos para la producción, los cuales serán sometidos a una evaluación previa, sin embargo, haber solicitado dinero a todos los comedores del distrito (71) para efectuar dicho trámite, resulta irregular y bastante sospechoso.

De acuerdo con la Ley Nº 25307 – Ley de Organización y Funciones de los Comedores Populares, y la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, no existe ninguna norma que obligue a los comedores populares a contar con personería jurídica para existir, funcionar o acceder a los programas alimentarios.

En más, una revisión efectuada a la Ley N° 30790 que hizo alusión el coordinador del PCA de la Municipalidad Provincial de Abancay y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 007-2019-MIDIS, en ninguna línea indica que debe obtenerse la personería jurídica como condición previa para ser favorecidos con los alcances de la mencionada norma.

El mismo reglamento precisa en el artículo 7 que la certificación de los comedores populares como unidades de emprendimiento para la producción está a cargo del gobierno local, en este caso, de la Municipalidad Provincial de Abancay y no por una notaria, como dejan entrever ambos servidores.

De confirmarse estos hechos, la exigencia de pagos y la imposición de requisitos no obligatorios podrían constituir presunto abuso de autoridad, cobros indebidos y barreras burocráticas ilegales, afectando directamente a organizaciones que cumplen una función social fundamental en la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Las denunciantes exigieron la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se investiguen los hechos y se garantice que los programas sociales se ejecuten con transparencia, legalidad y sin condicionamientos económicos. (P.P.D)