Apurímac, 15 diciembre 2025.- El gobernador Percy Godoy y nueve funcionarios de su gestión serán investigados por presuntas irregularidades cometidas en la viabilidad y aprobación del estudio a nivel de perfil del proyecto de inversión del nuevo Hospital III-1Abancay que devino en un millonario desembolso realizado desde el 2011 e induciendo a error al Estado en todo el proceso de formulación hasta su transferencia al PRONIS.
La denuncia penal fue presentada por el exconsejero Emerson Huashua Cahuana ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac que dispuso el inicio de las diligencias preliminares mediante disposición fiscal N°1 del 18 de noviembre del 2025.
Asimismo, también se encuentran inmersos en la investigación los funcionarios del GORE Apurímac: César Abarca Vera (Gerente general), Dalmer Ascue Meléndez, Juan Cisneros Sullcahuamán, Germuth Alvites Ascue, Antonio Ibáñez Escalante, Marco Gálvez Quintana, Nicanor Quispe Amao y Wilfredo Ballón Alvarado, todos ellos, denunciados por los presuntos delitos de malversación de fondos, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y organización criminal.
En el extenso escrito, el denunciante sostiene que se cometieron irregularidades desde el proceso de formulación y aprobación del perfil del proyecto del nuevo hospital III-1 Abancay que no refleja la realidad técnica y situacional del sector salud, así como presentar información distorsionada sobre la población beneficiaria en el ámbito de intervención, entre otras inconsistencias más.
"Esta alteración habría permitido justificar la necesidad de un hospital de mayor capacidad, pese a que la población real de la región no alcanzaría los niveles exigidos para un proyecto de tal dimensión e importancia dentro del sistema de inversión pública, señalando que esta supuesta manipulación de datos habría sido determinante para viabilizar técnicamente el proyecto, a pesar de que el documento no cumpliría con los estándares y requisitos metodológicos establecidos por la normativa de inversión pública", precisa la fiscalía en uno de sus considerandos.
Debido al número de funcionarios que se encuentran involucrados y la complejidad del caso, el fiscal a cargo de la investigación estableció un plazo de 120 días, sin perjuicio de culminarse ante de lo establecido o ampliarse un tiempo más.
DATO
Para no olvidar. Durante la gestión del exgobernador Baltazar Lantarón se decidió reformular el perfil técnico que inicialmente era de II-2 a III-1 y la construcción de la nueva infraestructura sería en el mismo lugar donde se encuentra el Hospital Guillermo Díaz de la Vega. (P.P.D)
