Apurímac, 9 diciembre 2025.- La decisión del pleno de inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza, que alcanzó los 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, contó con el respaldo de 25 parlamentarios que hoy mantienen procesos abiertos en el Ministerio Público.
Las bancadas con mayor número de investigados que apoyaron la sanción incluyen a Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Acción Popular, aunque también aparecen nombres de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Honor y Democracia, Somos Perú, Podemos Perú y Juntos por el Perú, además de dos legisladores no agrupados.
En Fuerza Popular, la parlamentaria Tania Ramírez García figura entre los investigados. A Ramírez se le atribuye haber realizado presuntas gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para favorecer al alcalde de la provincia de Cajamarquilla de Santa Cruz, Helmer Villoslada.
En APP, el caso más visible es el de Alejandro Soto Reyes, quien registra dos investigaciones: una vinculada a la presunta contratación de trabajadoras para servicios sexuales dentro del Congreso, y otra relacionada con supuestos acuerdos con la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides para votar a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Por esta misma presunta concertación con Benavides también son investigados Jorge Luis Flores Ancachi (APP) y Luis Aragón Carreño (Acción Popular), en un patrón que se repite en varias bancadas.
En esa misma agrupación, Luis Roberto Kamiche Morante afronta una indagación por la presunta compra de pasajes con presupuesto del Congreso para actividades partidarias; Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, por tráfico de influencias; y Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, por la presunta compra de pasajes con fondos del Parlamento y el supuesto uso de un documento falso.
En Avanza País, el parlamentario José Daniel Williams Zapata es investigado por presuntos acuerdos con Benavides para votar a favor de la inhabilitación de miembros de la Junta Nacional de Justicia, además de actos que serían propios de la organización criminal presuntamente liderada por la exfiscal.
Por Acción Popular, además de Aragón Carreño, figuran María del Carmen Alva Prieto y Darwin Espinoza Vargas, quienes también mantienen investigaciones abiertas.
En Somos Perú, Elizabeth Medina Hermosilla y Óscar Zea votaron a favor de la inhabilitación mientras enfrentan procesos. En el caso de Zea, se le investiga por la presunta presentación de una declaración jurada incompleta cuando era ministro de Desarrollo Agrario.
En el caso de Podemos Perú, José Arriola Tueros está investigado por presunto enriquecimiento ilícito y Guido Bellido por peculado doloso.
6 congresistas son investigados por presuntos acuerdos con Patricia Benavides
Entre los congresistas de Perú Libre figuran María Antonieta Agüero, investigada por concusión y enriquecimiento ilícito; Toribio Montalvo, por presunta discriminación hacia integrantes de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía; Kelly Portalatino, por presuntos actos ilícitos de afiliación de militantes a cambio de puestos de trabajo; y Edgar Tello, también incluido en las pesquisas por supuestos acuerdos con Benavides para votar a favor de inhabilitar a Zoraida Ávalos.
En el grupo Honor y Democracia, José Cueto Aservi afronta una investigación por supuesto cohecho y enriquecimiento ilícito, mientras que Javier Padilla Romero es indagado por peculado doloso.
Por Renovación Popular, Patricia Chirinos figura en las investigaciones por los presuntos acuerdos con Benavides para votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos y por actos que serían propios de la presunta organización criminal liderada por la exfiscal. El parlamentario Esdras Medina también se encuentra bajo investigación.
En Juntos por el Perú, Katy Ugarte tiene indagaciones por presuntos favorecimientos en el procedimiento administrativo que afronta la directora María Collanqui Aguirre en la UGEL Quillabamba (Cusco), además de presuntos acuerdos con Benavides para votar a favor de la inhabilitación de Ávalos.
Finalmente, entre los no agrupados, Yorel Alcarraz registra una investigación abierta, mientras que Raúl Doroteo enfrenta un proceso por presunto incremento patrimonial.
La votación que dejó fuera del Ministerio Público a Delia Espinoza se sustentó en cuestionamientos a su actuación como fiscal suprema; sin embargo, el bloque que impulsó la inhabilitación incluye a un número significativo de legisladores que enfrentan investigaciones por presuntos actos de corrupción.
La lista completa de investigados que respaldaron la sanción abarca 10 bancadas y a parlamentarios sin grupo, lo que evidencia la amplitud del apoyo político a la medida pese a los procesos pendientes.
Fuente: La República
