Apurímac 30/07/2025.- El mensaje a la Nación de Dina Boluarte no fue un acto de rendición de cuentas, sino, una operación calculada de lavado político. Bajo el disfraz de constitucionalidad y orden, la presidenta intentó reescribir su llegada al poder como un acto heroico, ignorando la sangre derramada durante las protestas que marcaron el inicio de su mandato. 

El discurso incurre en una peligrosa tergiversación de la historia reciente, convierte la represión estatal en defensa del orden, y la protesta ciudadana en golpismo. Al victimizarse, desplaza el foco de la crítica desde su gestión hacia su condición de mujer presidenta, apelando a un feminismo instrumental que nada tiene que ver con la defensa de derechos ni con la ética pública. 

Esta estrategia no solo es deshonesta, sino, profundamente ofensiva para quienes sí han enfrentado violencia de género en espacios de poder. La narrativa utilizada por Boluarte invisibiliza la legitimidad de las demandas sociales y reduce la protesta ciudadana a simples expresiones de “violencia organizada” o “ataques golpistas”, reforzando un discurso que criminaliza la disidencia y bloquea el debate democrático.

El mensaje presidencial se sostuvo sobre un andamiaje de cifras brillantes y promesas huecas, en un ejercicio de triunfalismo desconectado de la realidad del país. Al destacar el crecimiento del PBI, el control de la inflación y el aumento de reservas, el gobierno intenta vender una economía de escaparate, mientras millones de peruanos sobreviven en la informalidad, la precariedad y el abandono. Es una economía que crece sobre la espalda doblada de una ciudadanía empobrecida, sin empleo digno ni servicios públicos funcionales. 

Este discurso económico es más propaganda que política pública. No hay mención al impacto real de la recesión del 2023, ni al deterioro del poder adquisitivo de los hogares. El costo de vida se disparó, los alimentos subieron, el trabajo escasea, pero desde Palacio se proclama estabilidad. Es una negación deliberada de la crisis social, un intento por maquillar un país que arde con cifras que solo entienden los tecnócratas. 

En materia social, se habla de inversión en vivienda, salud, educación y programas de asistencia como WasiyMI, el Vaso de Leche y las Ollas Comunes. Pero no se presentan indicadores, ni evaluaciones de impacto, ni rutas de mejora. Es el viejo reflejo del asistencialismo como estrategia de contención social: repartir recursos sin transformar realidades. Una política social sin visión ni reforma estructural solo perpetúa la desigualdad que dice combatir. 

Más grave aún es la reafirmación del modelo extractivista como único eje de desarrollo. Se celebra la aprobación de más de 13 mil millones de dólares en inversiones mineras sin una sola palabra sobre los conflictos socioambientales que afectan a decenas de comunidades, sin mencionar la consulta previa ni los derechos de los pueblos originarios. Este modelo no solo es excluyente y depredador, es también colonial: concentra riqueza en pocas manos, reproduce el centralismo histórico y sacrifica territorios enteros en nombre del "progreso". 

La invocación a la unidad nacional y la reconciliación es, en este contexto, profundamente cínica. ¿Cómo hablar de unidad cuando se criminaliza la protesta? ¿Cómo hablar de paz sin verdad, justicia ni reparación? El gobierno ha cerrado sistemáticamente las puertas al diálogo con los sectores movilizados y ha preferido el garrote antes que la escucha. 

Por si fuera poco, los silencios del mensaje resultan ensordecedores: ni una palabra sobre las investigaciones fiscales que tocan a su entorno cercano, ni una mínima autocrítica por el manejo de la crisis política, ni siquiera una referencia a la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia o enfrentar la corrupción que desangra al Estado. 

En resumen, la presidenta Boluarte construyó un discurso para la élite, no para el país. Un mensaje diseñado para los inversionistas de élite y los medios aliados, no para las regiones olvidadas, ni para los jóvenes sin futuro, ni para las familias que exigen justicia. 

Fue, más que un balance de gestión, un acto de propaganda política que insiste en negar el Perú que duele, y que, apuesta por la sobrevivencia del régimen, aunque eso implique seguir profundizando la fractura social con la ciudadanía.