Apurímac 13/06/2025.- Los gobiernos regionales y locales recibieron un adelanto del canon minero de más de 1.900 millones de soles: 1.507 millones 345 mil 989 para las regiones y 403 millones 311 mil 420 para las municipalidades. Esta fuente de ingresos se origina del 50 % del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras al Estado peruano. Este fondo debería servir para el desarrollo local, pero su distribución y uso no siempre son transparentes.
Martín Valencia, especialista del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que el canon se calcula basado en las utilidades netas de las empresas mineras, un cálculo complejo que considera variables como el precio de los metales, la producción y los costos operativos. Esta fluctuación significa que estos ingresos pueden variar de un año a otro.
Según el especialista, la distribución del canon asigna el 10 % a los municipios distritales donde se extraen los recursos, el 25 % a las comunas provinciales donde están las operaciones, el 40 % a los demás municipios del departamento y el 25 % al gobierno regional.
Para el caso de Apurímac, la región recibió por canon minero 393 millones 820 mil 707 soles. De este monto, le corresponde al Gobierno Regional de Apurímac 98 millones 455 mil 176 soles y para los 85 gobiernos locales (entre provinciales y distritales) la suma de 295 millones 365 mil 530 soles.
Destino del canon
La eficiencia en el uso de estos recursos ha sido cuestionada debido a la falta de capacidades administrativas locales y a la posible corrupción. Para Martín Valencia, el canon minero debe invertirse en proyectos que mejoren la calidad de vida de la población. Sin embargo, advierte que el esquema actual de distribución merece una revisión, ya que ha generado inconvenientes al no responder a las necesidades locales.
Valencia subraya la necesidad de una planificación del gasto público, porque muchos municipios carecen de capacidades técnicas para formular y ejecutar proyectos. Plantea que el gobierno nacional fortalezca esas capacidades, a través de un proceso de capacitación a los funcionarios que asegure el uso eficiente y transparente del dinero.
