Apurímac 7/03/2025.- La Defensoría del Pueblo, a través de su Subadjuntía para los Derechos Humanos y la Población Afroperuana, ha dispuesto la restricción del acceso a la información custodiada por el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos.
Según un memorándum difundido por el portal Epicentro, firmado digitalmente por el Defensor Adjunto para los Derechos Humanos y la Población Afroperuana, se estableció que los documentos bajo resguardo no podrán ser entregados a ningún medio de comunicación. Esta medida se sustenta en el artículo 15-C del cuerpo legal pertinente.
El documento también indica que, en el caso de solicitudes de información del Ministerio Público que contengan datos personales, estas no serán atendidas hasta que la Oficina General de Asesoría Jurídica de la institución emita su opinión al respecto.
¿Qué es el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos?
El centro alberga una valiosa recopilación de información proporcionada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que operó entre 2001 y 2003. Su acervo está compuesto por material fotográfico, audiovisual, digital y escrito. Hasta la reciente restricción, ofrecía los siguientes servicios:
¿Es una buena idea restringir el acceso a esta información?
Existen otros espacios donde se expone y permite el acceso libre a información similar, como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En el Centro de Información de la Defensoría del Pueblo se resguardan 16,170 testimonios de víctimas y familiares del conflicto armado interno, además de entrevistas con actores clave de la violencia, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía, políticos y grupos subversivos.
También se encuentran bajo custodia:
- 5,750 expedientes de exfiscalías Especiales de Derechos Humanos.
- Una colección bibliográfica de más de 5,000 libros sobre derechos humanos.
- Documentales y materiales propios de la Defensoría.
- Hasta 2023, el 70% de estos archivos había sido digitalizado, permitiendo una mayor difusión y acceso a la información para quienes la solicitaran.
Con esta decisión, la Defensoría del Pueblo limita el acceso público a documentos clave sobre la memoria histórica del país, generando interrogantes sobre el impacto de esta medida en el derecho a la verdad y la justicia.
Fuente: Exitosa Noticias
