Apurímac.- Después de veinte años de haber sido presentada la denuncia y a cinco años de un segundo juicio oral, este miércoles 19 de junio se dará lectura al veredicto judicial respecto al caso Manta, ocurrido en 1984 en esta localidad huancavelicana.

La sentencia se dará a conocer en audiencia pública, a las 3:00 de la tarde, en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia (Prolongación Tacna 734, Cercado de Lima), según informó la organización Demus, que patrocina a un grupo de las nueve denunciantes.

Las denunciantes señalaron ante el tribunal que los execrables hechos ocurrieron cuando el Ejército instaló una base militar en la comunidad de Manta y ellas eran muy jóvenes, incluso adolescentes. Muchas fueron madres a esa edad y llevaron su maternidad en silencio, por temor.

Tras la pacificación del país, ellas se armaron de valor y denunciaron en 2004 a trece ex militares por agresión sexual ante la Fiscalía de Huancavelica. Sin embargo, el caso sufrió estancamientos en el sistema de justicia. Hasta que, en 2016, iniciado el primer juicio oral, el proceso se quebró por irregularidades del tribunal. En marzo de 2019 se abrió un segundo juicio oral, el mismo que se ha prolongado hasta la fecha.

La abogada y directora de Demus, Cynthia Silva, refirió que durante los veinte años que ha durado el proceso judicial, estas mujeres han brindado su testimonio y han escuchado versiones exculpatorias basadas en argumentos que buscaban desacreditarlas diciendo que fueron actos consentidos y que ellas mienten.

“Estas nueve mujeres han soportado todo esto que ha sido permitido por el colegiado, pese a que su defensa clamaba trato digno. Ellas lo han soportado todo, pese a que ello reabría sus heridas, lo han soportado todo en nombre del debido proceso, todo para que la justicia llegue”, anotó Cynthia Silva.

Respecto a la sentencia, manifestó que no solo es un hito histórico en el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto armado, sino que también va a ampliar los alcances del derecho a la verdad sobre una época en que los militares usaban la violencia sexual como forma de ataque a la población civil atribuyéndoles filiación a grupos terroristas.

“Si bien este es el segundo caso de violencia sexual que se juzga como lesa humanidad en el Perú, se distingue del primero porque en este caso las víctimas son un grupo de mujeres campesinas quechuahablantes cuyo testimonio es prueba fundamental para sustentar una condena”, precisó la directora de Demus.

Fuente: La República