(Viernes 18/11/2022).- De acuerdo al sistema de monitoreo de conflictos de la Defensoría del Pueblo, las movilizaciones y bloqueos de vías, como las que se registran en Cusco y Apurímac, se han incrementado en el último año en 47,5% en comparación con el año anterior.
Refieren que, en el 2022, se llevaron a cabo 37 hechos de violencia en el contexto de protestas.
“Recientemente, se han producido incursiones violentas en instalaciones de compañías mineras en producción como Inmaculada, Antapaccay y Las Bambas, y bloqueos continuos de vías de comunicación en el denominado corredor minero (como lo sucedido en Velille y Espinar). Estos hechos no constituyen en ningún caso el ejercicio regular del derecho a la protesta, pues ponen en riesgo o afectan directamente los derechos de otras personas. Las protestas para que sean legítimas deben realizarse por medios pacíficos”, se lee en un informe.
Estos sucesos, según el organismo, ponen en riesgo la integridad física de las personas, la tranquilidad y la propiedad, entre otros derechos.
Ante ello, invocan a las autoridades para que actúen en el marco de sus competencias. Esto, con el fin de prevenir desenlaces violentos. Asimismo, piden a las empresas y a los representantes de los comuneros a persistir en el diálogo, como mecanismo de resolución de conflictos.
Para el caso del conflicto socioambiental que se vive en Cusco y Apurímac, señalan que corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, realizar una intervención frente a los casos de negociaciones entre las empresas y las comunidades.
Vale recordar que, desde hace 10 días, en Apurímac, el acceso a la minera Las Bambas y el Corredor Vial Sur está bloqueado.
Ante esto, tanto los representantes de la empresa Las Bambas, como los pobladores, piden la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo, para guiar el proceso de diálogo y resolver el problema socioambiental que denuncian los comuneros.
Del mismo modo, la Cámara de Comercio Peruano China, ante las constantes paralizaciones en el Corredor Vial Sur y en el acceso a la minera Las Bambas, emitieron un pronunciamiento e indicaron que dichas medidas generan perjuicios económicos de S/ 5,2 millones de pérdidas diarias al país y más de 75.000 puestos de trabajo.
Fuente: La República
