(Viernes 14/01/2022).- Pedro Castillo y su jefa de gabinete, Mirtha Vásquez, firman el documento dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, donde detallan los argumentos por los cuales observan la autógrafa de ley.

Luego de que el Congreso de la República haya realizado cambios en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 sobre derechos de participación y control ciudadano en el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, el presidente Pedro Castillo y la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, enviaron un oficio a María del Carmen Alva para observar la mencionada autógrafa de ley.

En la misiva se precisa que esta “restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución” y que se “vulnera principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho a referéndum.

Asimismo, entre los argumentos que señalan Pedro Castillo y Mirtha Vásquez para observar la autógrafa de ley está que se “afecta los principios de razonabilidad y seguridad jurídica al establecer que el Congreso dispone que el presidente de la República realice la convocatoria a referéndum”.

El último jueves 16 de diciembre, el Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución, presidida por la parlamentaria de Fuerza Popular Patricia Juárez, que establece que toda reforma constitucional será aprobada primero por el Parlamento antes de someterse a un referéndum.

Esta decisión del Pleno generó que distintos analistas e instituciones se manifestaran. El Jurado Nacional de Elecciones indicó que la convocatoria a todo referéndum, incluida la de la reforma constitucional, debe seguir siendo potestad del organismo electoral.

Asimismo, analistas consultados por La República señalaron que la ley aprobada fue un zarpazo contra la consulta popular para una asamblea constituyente y es una norma abiertamente inconstitucional.

El abogado constitucionalista Pedro Grandez sostuvo que, si bien la norma no es clara, eso no justifica que el Congreso apruebe una ley que limita el derecho de los ciudadanos, cuando el camino correcto para modificar los requisitos de un referéndum es la reforma constitucional.

Fuente: La República