(Jueves 7/2/2023).- La resolución del Tribunal Constitucional (TC), la cual ordenó su salida del penal Barbadillo, ha causado polémica no solo en el país, sino también en la comunidad internacional; puesto que se está incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), entidad principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el cual el Perú tiene un tratado desde 1981.

En esa línea, ¿qué pasaría con el Estado peruano tras no acatar la orden de la Corte IDH? Especialistas responden lo que podría ocurrir con el Perú ahora que el exdictador fue puesto en libertad.

El politólogo Alonso Cárdenas afirmó que, más allá de las sanciones que podría recibir el Estado peruano, nuestra imagen, a nivel político, se deterioraría mucho más respecto a derechos humanos, al tener como antecedente las protestas sociales a inicios de año, las cuales dejaron más de 50 muertos.

"Al Perú, por incumplir el pacto de San José, no es que le van a declarar la guerra o le van a poner sanciones económicas (…), pero sí puede haber dos tipos de sanciones. Digamos una sanción simbólica, que estaría a nivel político, que contribuiría con el deterioro de la imagen internacional del país. Una imagen internacional que ya está muy mellada, justamente por violaciones a DD.HH. que se han dado en el marco de las protestas de diciembre y enero", indicó.

Cárdenas también precisó que una reparación económica podría ser otra de las sanciones.

"También podría haber una sanción jurídica, cuando el Estado peruano tenga que responder en la Corte IDH sobre su accionar. El Estado peruano puede ser culpable, se le puede encontrar culpable y podría pagar una reparación como ha sucedido en casos anteriores", señaló.

El politólogo Eduardo Salmón apuntó que la imagen de Perú, actualmente, es muy vulnerable, dado que, al igual que Venezuela y Nicaragua, somos el tercer país en desacatar la orden de la Corte IDH.

"La principal consecuencia de Alberto Fujimori es que nos deja como un país nada serio. De hecho, los únicos países que son miembros y han desacatado resoluciones han sido Nicaragua y Venezuela. Ahora se sumaría Perú. Entonces, nos pone en una situación muy agravante a nivel mundial, porque más allá de preocuparnos por las sanciones que podría recibir el Estado Peruano, es cómo queda el Estado peruano ante la comunidad internacional", detalló.

Además, dijo que nuestras relaciones comerciales y económicas se verían sumamente afectadas, ya que los países nos verían como una nación que no cumple con sus tratados.

"El mensaje que transmite el Estado Peruano es que nosotros no cumplimos con nuestros acuerdos y no puede ser así. No solo porque nuestra Constitución lo dice, porque es un mínimo de seriedad. ¿Qué clase de país se va a atrever a hacer acuerdos con nosotros si no cumplimos nuestros acuerdos? O lo que es peor, ¿qué clase de empresas van a invertir aquí, a un país que no cumple sus acuerdos?", sentenció.

Por consiguiente, las inversiones también se verían dañadas tras no acatar el fallo de la Corte IDH.

"El próximo año, ¿qué clase de sede de APEC vamos a ser? Es decir, nos van a mirar muy por debajo y vamos a ser discriminados en muchos aspectos internacionales y no vamos a ser un lugar atractivo de inversión", finalizó.

Inicialmente, se calculó que Alberto Fujimori debía al Estado un total de S/27.460.216,00. Sin embargo, esta cifra aumentó a S/57.000.000,00 debido a los intereses acumulados desde su sentencia. La Procuradoría Especializada en Delitos de Corrupción confirmó este monto y explicó que incluye los intereses generados por no pagar la reparación civil ordenada por el Poder Judicial. 

Esta reparación se debe a tres casos específicos: el allanamiento irregular de Vladimiro Montesinos, la adquisición no regular de Cable Canal y el pago indebido de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a su exasesor.

Fuente: La República