(Lunes 30/11/2020).- Los partidos que someterán sus elecciones internas bajo la modalidad un militante-un voto, decidirán hoy qué candidatos los representarán en la carrera a la Presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino en los comicios generales del 2021. En algunos casos, solo existe una lista de postulantes, en otros la disputa será férrea entre dos o más propuestas, como pasa con Acción Popular.
La novedad para este año electoral es que los ciudadanos con sentencias en primera instancia por delitos dolosos están impedidos de postular. Un buen paso, pese a la resistencia que hubo en el Congreso. Sin embargo, los postulantes que son investigados, incluso los que ya tienen acusación fiscal por delitos graves, aún tienen las puertas abiertas.
Si solo se observa a los que lideran las planchas presidenciales, se puede identificar a siete políticos con investigaciones en curso en el Ministerio Público. La mayoría por casos graves de corrupción.
De los siete precandidatos, dos están en calidad de acusados, es decir que las investigaciones en su contra avanzaron a la etapa de juicio oral, ad portas de la sentencia.
El expresidente Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, y el actual congresista de Podemos, Daniel Urresti. Ninguno tiene competidores en sus organizaciones.
Humala es acusado por el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, de haber recibido US$3 millones de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral del año 2011.
Juárez pretende, además, liquidar la agrupación política por haber sido usada para lavar dinero que Humala y su esposa Nadine Heredia no declararon ante la ONPE.
Urresti, por su parte, es acusado de haber ordenado el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, cuando era capitán del Ejército y jefe de Inteligencia de un cuartel antisubversivo en Ayacucho.
El fiscal Pedro Orihuela pide 25 años de prisión para el parlamentario, que en los últimos días se ufana, con medias verdades, de haberse “librado” de la imputación de autoría directa del crimen, omitiendo decir que sigue enjuiciado como autor mediato (el que dio la orden).
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, afronta investigaciones también por graves delitos. El fiscal José Domingo Pérez le imputa haber lavado un millón de dólares ilícitos de Odebrecht para su campaña del 2011. Igualmente de haber usado millonarios aportes de empresas privadas que nunca declaró y que, según su tesis, los usó para hacerlos parte de su patrimonio.
César Acuña, de APP, también es investigado por lavado. La adquisición de un inmueble en la urbanización Soto de La Moraleja, en Madrid (España), valorizado en un millón 200 mil euros, es la razón por la que debe responder ante el Ministerio Público. Acuña tiene que demostrar la fuente lícita de sus ingresos.
El precandidato por Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, es imputado en el escándalo de lavado de activos conocido como Panamá Papers. El estudio Mossack Fonseca operó off shores desde paraísos fiscales para ocultar dinero de empresas de todo el mundo. En ese entramado está comprometido el empresario López Aliaga.
Daniel Salaverry figura también con un proceso abierto. La Fiscalía le atribuye haber usado recursos del Parlamento, destinados a su semana de representación, para fines personales. Salaverry es el único precandidato por Somos Perú, partido que adhirió como candidato al Parlamento al exmandatario Martín Vizcarra, otro investigado por corrupción.
El último en ser incluido en una investigación fiscal es Julio Guzmán, precandidato presidencial del Partido Morado. El fiscal Pérez lo indaga desde agosto por presuntamente haber recibido aportes ilícitos para su campaña presidencial del 2016.
Así se llega a las elecciones que marcarán el bicentenario, de nuevo con una baraja con potenciales presidentes con una mochila pesada.
Fuente: Perú21
