Apurímac, 18 setiembre 2026.- La gira por Colombia, Ecuador y Perú del Secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, confirma que Sudamérica se ha transformado en el tablero de una nueva Guerra Fría. Washington no cederá terreno ante el avance comercial y tecnológico de China en la región, aplicando una presión institucional que pone en riesgo la autonomía del Estado peruano.

Esta estrategia consta de dos dimensiones. La primera, de fuerza continental, tuvo su quiebre con la intervención político-militar en Venezuela a inicios de 2026, rompiendo el consenso de una América Latina como "zona de paz". La segunda, dirigida al Perú, muta hacia una coerción legal, judicial y retórica. 

Esta narrativa busca, deliberadamente, calificar preventivamente cualquier protesta socioambiental como "terrorismo" o "mediocridad destructiva", ignorando de forma intencional que en el país no existe un conflicto armado interno sino delincuencia común, la cual no pretende capturar el poder político y no califica como terrorismo.

El verdadero objetivo de EE.UU. es netamente geopolítico y defensivo en su favor. La imponente realidad del Megapuerto de Chancay y la sólida dependencia comercial con Pekín colocan a Washington en una desventaja que trasluce temor frente a la presencia china en el continente. 

Para contenerla, EE.UU. busca construir un "muro logístico" ofreciendo tecnologías de firmas como Google o SpaceX, mientras presiona para judicializar y auditar exclusivamente los megaproyectos de origen asiático.

Esta encrucijada atrapa al Perú: mientras nuestro motor comercial mira a Asia —respaldado por la millonaria infraestructura ya construida y la inversión comprometida por China en puertos, carreteras, ferrocarriles y redes eléctricas—, el aparato de seguridad institucional peruano se amarra estructuralmente a las directrices de Washington al ingresar al denominado "Escudo de las Américas", asumiendo el estatus de Aliado Principal No Miembro de la OTAN (MNNA). 

A cambio, la exigua inversión social y de pequeños fondos mineros de EE.UU. ayuda que contribuye a cerrar las brechas estructurales del país, condenándolo a seguir siendo proveedor de materias primas críticas (cobre y litio) y limitando la capacidad soberana de industrialización local.

El panorama interno agrava esta vulnerabilidad. El actual gobierno peruano instrumentaliza este discurso de seguridad importado para justificar un control político de corte autoritario. Al amparo del Pentágono, se pretende desviar presupuesto hacia la militarización fronteriza y compras de defensa, silenciando la protesta ciudadana como "amenaza interna" a cambio del respaldo de la Casa Blanca ante la degradación institucional del país. La soberanía no puede ser un cheque en blanco firmado en pasillos oficiales.

Ante esto, la ciudadanía cuenta con herramientas de resistencia jurídica internacional, como el Convenio 169 de la OIT sobre Consulta Previa. Sin embargo, el blindaje urgente debe darse en nuestras leyes, pues la propuesta militar de EE.UU. (estatus MNNA, Escudo de las Américas y Memorando de Minerales Críticos) compromete la Defensa Nacional y nos expone a albergar reservas de guerra extranjeras.

Por ello, es imperativo transparentar la propuesta oficial de EE.UU. Así como bajo el amparo del Artículo 56° de la Constitución, el Ejecutivo debe someter esta decisión al Congreso, ya que cualquier acuerdo geopolítico debe pasar obligatoriamente por la aprobación de la Cámara de Senadores y el control de la Cámara de Diputados, garantizando que los recursos estratégicos y la paz territorial del Perú no sean hipotecados producto de una pugna global.

Autor: Marco Linares Pastor - IDESUR