Apurímac, 7 setiembre 2026.- Las más de sesenta universidades públicas del país administran este año, en conjunto, casi S/900 millones provenientes del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. No todo lo registrado bajo esas categorías es estrictamente “canon”, porque además incluye tanto las transferencias recibidas durante este año como los saldos de balance de años anteriores. 

Las universidades públicas reciben recursos provenientes de los impuestos y rentas generados por las actividades extractivas después del Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Muchas veces, incluso, reciben más transferencias que las municipalidades.

Así tenemos, en la región Apurímac son dos las universidades públicas que se benefician con este tipo de transferencias. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas (Unajma), recibe S/28.8 millones y la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba), S/27.8 millones, respectivamente.

A la fecha, el avance de gasto de estas dos universidades no supera el 50%, presentándose en la Unamba 48.3% y Unajma 47.3%. 

La Ley del Canon establece que ese dinero debe utilizarse en proyectos de investigación y producción de conocimiento; construcción y mejora de laboratorios, aulas y otros espacios de estudio; compra de herramientas modernas, tecnología y materiales de enseñanza y práctica.

A menos de cuatro meses del cierre del año fiscal, han invertido, en promedio, la mitad. Pero, más que cuánto gastan, resulta relevante revisar en qué invierten. 

Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) y especialista en análisis de políticas públicas, señaló que “una evaluación completa debería ir más allá del porcentaje ejecutado y preguntarse si el laboratorio funciona, si los equipos realmente se utilizan, si existen investigadores y personal especializado y si esas inversiones terminan produciendo mejores condiciones para la formación, la investigación y la innovación”.

Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IPE) sobre universidades regionales —recordó el especialista— había advertido que el aumento de canon no estuvo acompañado de mejoras en las capacidades para investigar y gestionar recursos. 

“Que una universidad tenga recursos disponibles y mantenga, al mismo tiempo, brechas de infraestructura o equipamiento no constituye una contradicción. El dinero es indispensable, pero por sí solo no cierra una brecha; también se requiere capacidad de planificación, gestión, ejecución y operación posterior”, explicó Chuquitapa Rojas.

El especialista dijo que el principal cuello de botella parece estar en las inversiones y adquisición de activos, que exigen más preparación, contratación, ejecución y gestión técnica. Remarcó que “tampoco conviene caer en el extremo contrario. Alcanzar una ejecución de 90 % o 100 % no significa necesariamente que el gasto haya sido bueno”.

Más allá del monto transferido, el debate se centra en la capacidad de las universidades para gestionar estratégicamente los recursos que reciben. La actividad minera ya representa una fuente relevante de financiamiento para la educación superior pública, y todo indica que esos ingresos podrían seguir aumentando en los próximos años. 

En ese contexto, cerrar las brechas en infraestructura, investigación e innovación dependerá no solo de la disponibilidad de dinero, sino también de la capacidad institucional para ejecutarlo de manera eficiente y generar resultados concretos para estudiantes, docentes y regiones