Apurímac, 21 agosto 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y el senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal, este martes.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó detalles de la inclusión de los funcionarios en la Lista SDN, permitiendo solamente "operaciones limitadas para liquidar asuntos pendientes" fechados hasta el 17 de septiembre. También advirtieron que sancionarán a cualquier entidad en la que los involucrados posean una participación del 50 % o más según indicó la OFAC.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida afirmando que estas personas «se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción» del tribunal.
Rubio advirtió que la OFAC sancionará a cualquier entidad en la que los involucrados posean una participación del 50 % o más
Rubio añadió que la administración Trump considera a la CPI como un «tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado» que ha abusado de su autoridad, advirtiendo que no tolerarán ataques a la soberanía estatal.
En la cuenta de Rubio en la red social X además dice que "El mes pasado, lancé una campaña diplomática para desmantelar la amenaza del ICC a nuestra soberanía nacional. La Administración Trump está sancionando a la presidenta del ICC, Tomoko Akane, y al Abogado Principal de Juicios, Abdoulaye Seye, en nuestra misión inquebrantable de proteger a los estadounidenses de esta farsa de tribunal.
En honor a nuestra Declaración de Independencia, los estadounidenses nunca serán transportados más allá de los mares para ser juzgados por ofensas fingidas." concluye el mensaje jefe del Departamento de Estado de los EEUU.
La administración Trump también sancionó a Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, tras rechazar una apelación de Israel contra el proceso por crímenes de guerra en Gaza. Recientemente la sala de apelaciones había desestimado los argumentos israelíes que cuestionaban la validez de la investigación sobre los hechos posteriores al 7 de octubre de 2023.
Mientras Akane tiene funciones institucionales, Seye supervisó investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos sionistas, esta medida es acorde con la orden ejecutiva firmada en febrero por Trump, que catalogó las iniciativas de la CPI de «amenaza» para la seguridad nacional.
El eje se enfoca en las investigaciones del tribunal sobre el ejército de EE.UU. en Afganistán y las órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado el Estatuto de Roma, y aplica el mismo criterio para Israel. Hasta ahora Trump ha utilizado esta orden para también sancionar a Francesca Albanese, la Relatora Especial de la ONU sobre Palestina y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
Fundada en 1945, la CPI es considerada como el principal organismo judicial con el que cuenta la ONU.
Fuente: Diario Red
