Apurímac, 26 junio 2026.- La Corte Suprema de EEUU avaló los reclamos por propiedades "confiscadas" tras la Revolución Cubana al permitir que ExxonMobil continúe una demanda contra empresas estatales por la expropiación de activos ocurrida hace más de sesenta años.
Adicionalmente Marco Rubio anunció sanciones contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente cubano Raúl Castro y a las firmas financieras Rafin y el Banco Financiero Internacional, así como la empresa de logística Almacenes Universales, la empresa estatal Geominera y a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, que representa el principal complejo siderúrgico de la nación.
Sobre el tema ExxonMobil, con seis votos contra tres, la decisión dividida del máximo tribunal estadounidense acordó que las entidades cubanas señaladas en el litigio no pueden ampararse en la inmunidad soberana para evitar el proceso judicial, una resolución basada en la Ley Helms-Burton que podría desencadenar nuevos procesos legales similares.
En 1959, cuando el gobierno revolucionario de Cuba nacionalizó numerosas propiedades y empresas estadounidenses instaladas en la isla, entre ellas se encontraban activos de Standard Oil, compañía que posteriormente se convirtió en ExxonMobil. La petrolera operaba refinerías, terminales de almacenamiento y más de un centenar de estaciones de servicio en la nación caribeña.
La mayoría de los magistrados concluyó que la Ley Helms-Burton elimina la inmunidad soberana para evitar el proceso judicial, en los casos relacionados con propiedades expropiadas en Cuba
Ya en 1969 una comisión federal estadounidense había determinado que "la confiscación provocó pérdidas superiores a 70 millones de dólares, una cifra que actualmente equivaldría a más de mil millones de dólares". A partir de entonces, la reclamación ha transitado por distintas instancias judiciales sin una resolución definitiva.
Posteriormente vino la Ley Helms-Burton, aprobada por EEUU en 1996 para endurecer las sanciones económicas contra Cuba, y que ahora es el centro de la decisión de la Corte. Esta Ley permite que ciudadanos y empresas estadounidenses presenten demandas por bienes confiscados por el gobierno cubano después de la Revolución.
Las empresas demandadas argumentaron que estaban protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que normalmente limita las acciones judiciales contra gobiernos y entidades estatales extranjeras. Sin embargo, la mayoría de los magistrados concluyó que la Ley Helms-Burton elimina esa protección para los casos relacionados con propiedades expropiadas en Cuba.
La decisión se suma a otro fallo emitido en mayo por la Corte de EEUU, cuando resolvió que cuatro importantes compañías de cruceros debían pagar 109 millones de dólares cada una a una empresa estadounidense por el uso de un muelle "confiscado" en La Habana
Con esta resolución, ExxonMobil podrá continuar sus demandas en tribunales inferiores, lo que fortalece las posibilidades de que otras compañías busquen compensaciones por propiedades confiscadas durante las nacionalizaciones realizadas por la revolución cubana en las décadas de 1960 y 1970.
La decisión se suma a otro fallo emitido en mayo por la Corte estadounidense, cuando resolvió que cuatro importantes compañías de cruceros debían pagar 109 millones de dólares cada una a una empresa estadounidense por el uso de un muelle "confiscado" en La Habana.
Cinco empresas clave de Cuba entre las nuevas sanciones de EEUU
Cinco empresas, incluidas dos mineras, una entidad bancaria, y la nuera del expresidente cubano Raúl Castro, Annalie Lilliam Rueda Cardero, fueron objeto de nuevas sancionas por parte del Gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con las actuales autoridades de Cuba.
El Departamento del Tesoro ha decidido sancionar a Rueda, pareja de Alejandro Castro Espín, afectado por la misma medida a principios de junio junto a su padre y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, entre otros familiares de altos cargos de la isla.
Los otros sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos son un total de cinco empresas, tres de ellas vinculadas al conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba, el Grupo de Administración Empresarial (GAESA).
Se trata de Almacenes Universales, una empresa de logística, almacenamiento y transporte que además controla el tráfico de contenedores en el puerto de Mariel --a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana--; Rafin, que presta servicios financieros a GAESA; y Banco Financiero Internacional, una entidad bancaria absorbida por el conglomerado militar hace una década que gestiona transacciones con compañías extranjeras que operan dentro y fuera del país caribeño.
Nuevas sancionas por parte del Gobierno de EEUU contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente cubano Raúl Castro, y contra cinco empresas, incluidas dos mineras y una entidad bancaria
Por otro lado, la cartera dirigida por Scott Bessent ha sancionado a Geominera, una empresa pública que depende del Ministerio de Energía y Minas, y a la siderúrgica José Martí, de acuerdo a Washington, el mayor productor de acero "en bruto" de Cuba.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado en sus redes sociales que GAESA ha sido "el principal vector para que las élites del régimen se apropien de los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiamericana y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas, centrales eléctricas y necesidades básicas para el pueblo cubano".
Según la visión de Rubio la situación en el país caribeño se deteriora "a medida que el régimen comunista de la isla -corrupto, brutal y antiamericano- sigue dando prioridad a su propio control absoluto por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano" omitiendo el asedio y la ofensiva de sanciones y bloqueos por parte de EEUU contra Cuba durante décadas.
El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, ha advertido así que cualquier persona que preste servicios a las entidades incluidas en esta lista "corre el riesgo de ser sancionada" y ha emplazado a compañías extranjeras a que suspendan "inmediatamente" cualquier actividad que lleven a cabo en colaboración con las empresas sancionadas.
Geominera, una empresa pública que depende del Ministerio de Energía y Minas, y a la siderúrgica José Martí, de acuerdo a Washington, el mayor productor de acero "en bruto" de Cuba, fueron incluidas en la lista de entidades sancionadas por EEUU
La Administración Trump ya emitió sanciones a principios de mes contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.
Además, ha impuesto un bloqueo de facto sobre el combustible y ha ido aumentando la presión sobre la isla en un intento por deshacerse de las autoridades comunistas que la dirigen desde 1959.
Respuesta de la cancillería de Cuba
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó su rechazo a las nuevas medidas coercitivas impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El diplomático de la nación caribeña denunció que estas medidas forman parte de una estrategia continua de Washington para apretar el cerco a la economía cubana, la cual, de acuerdo con sus palabras, ha demostrado ser más fuerte y eficiente de lo esperado por la Administración estadounidense ”frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida”.
A través de sus redes sociales, el canciller calificó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ”deshonesto y mendaz”. Rodríguez aseguró que las acciones promovidas por el funcionario norteamericano constituyen un castigo colectivo contra los ciudadanos de la isla y definió la política impulsada desde la Administración estadounidense como un ”crimen”.
La reacción de La Habana se produjo luego de que Marco Rubio amenazó con represalias financieras a quienes colaboren con las entidades señaladas, evidenciando el carácter extraterritorial de la política hostil que desde hace más de seis décadas ejecuta la nación norteamericana.
La Administración estadounidense justifica estas medidas bajo el argumento de combatir supuestas actividades ilícitas y salvaguardar su seguridad nacional estadounidense. No obstante, este relato busca ocultar el verdadero impacto de sus políticas.
Mientras la retórica estadounidense intenta posicionar las medidas como una supuesta "defensa de los derechos ciudadanos" y acusa al Gobierno de Cuba de desviar recursos y de ser el responsable de la crisis energética actual, omite que la escasez de combustible, los persistentes apagones y la situación generalizada que sufre la población civil son consecuencia directa del recrudecido bloqueo petrolero y comercial impuesto por el propio Ejecutivo estadounidense desde comienzos de este año.
Las nuevas sanciones, que se inscriben dentro del marco de la Orden Ejecutiva 14404 emitida el pasado primero de mayo por el presidente Donald Trump, representan la continuidad de una campaña de asfixia multidimensional que se ha intensificado durante el año en curso.
Hace solo unas semanas, Washington incorporó a la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en su lista de penalizaciones, lo que perjudica directamente el abastecimiento energético de hospitales, plantas de generación y sistemas de distribución de agua.
Fuente: Diario Red
