Apurímac, 26 junio 2026.- La  madrugada de este sábado, el presidente boliviano Rodrigo Paz declaró el estado de excepción para contener con militares los bloqueos de caminos en contra de su Gobierno que habían cumplido 50 días. 

De una manera que no tiene nada de casual, la medida se decretó horas después de que Paz firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), la organización que había iniciado formalmente el conflicto. 

Así se dejó en soledad a los indígenas aymaras de La Paz y a los campesinos simpatizantes de Evo Morales del Chapare y otras zonas del país, que no han querido negociar una salida concertada y se han mantenido en la línea inicial: exigir la caída de Paz.

Hasta antes del estado de excepción, el conflicto se iba desarticulando por el levantamiento espontáneo de algunos puntos de bloqueo, dado el cansancio de las bases movilizadas, y por las rencillas entre los dirigentes del bloque popular, que al final cristalizaron en la salida unilateral de la pelea de Mario Argollo, el máximo dirigente de la COB. 

En estos días la situación en las ciudades, especialmente en La Paz, la más asediada por los bloqueos, había mejorado, aunque todavía faltaba gasolina, lo que impedía que circulara el parque vehicular en su conjunto.  

Durante siete semanas el Gobierno sostuvo que no recurriría a una medida de excepción para evitar hechos de sangre. Incluso llegó a polemizar con el expresidente Jorge Quiroga, coautor de una medida de esta naturaleza en el año 2000, señalando que la misma había sido un fracaso, y que no querían cometer “el mismo error”.  

¿Qué cambió ahora, justo cuando había menos bloqueos que en los momentos más críticos? La respuesta corta es: la correlación de fuerzas.

El acuerdo entre el Gobierno y la COB causó una fractura en el movimiento popular. Mientras Mario Argollo se refugiaba en el argumento de “la autonomía de las organizaciones afiliadas a la COB” para pretender una cohesión que no existe, los dirigentes de la Federación Túpac Katari desconocieron lo firmado y anunciaron la radicalización de las medidas de presión. 

Argollo ha quedado como “traidor” para varios sectores movilizados. La COB ya no está en la mira represiva del Gobierno, pero es difícil que salga bien librada tras haberse abrazado el viernes por la noche con los que, paso seguido, lanzaron a los militares a los caminos en contra de los campesinos. 

El acuerdo que consiguió no es sustantivo e incluso puede calificarse de puramente formal. Sirvió a los sectores urbanos y obreros de la COB para levantar una movilización que no habían iniciado ellos, sino los indígenas, que se presentaron como muy radicales incluso para sus aliados de las demás clases populares.   

La decisión tampoco puede entenderse al margen de las presiones provenientes de Santa Cruz, la región con menos indígenas y más conservadora del país. Productores y sectores cívicos reclamaron durante semanas “sentarle la mano” a los bloqueadores, todos de origen indígena y campesino. 

Hoy Santa Cruz y los sectores medio-altos de la ciudadanía de La Paz aplauden el estado de excepción y al mismo tiempo cuestionan la demora: ¿por qué esperar 50 días para hacer lo que podía hacerse de inmediato?

A lo largo de estos 50 días, Rodrigo Paz sabía que no es posible gobernar teniendo a la ciudad aymara de El Alto y las provincias que a circundan en contra. Pero tampoco con Santa Cruz presionando día y noche. Entre ambos realidades, buscó un equilibrio imposible. Al final, como siempre a lo largo de su Gobierno, terminó decantándose por la élite del país.

Los costos serán altos. La primera factura otra vez la paga la palabra del Gobierno. El acuerdo con la COB nació incumplido: su primer punto es la “no criminalización de la protesta”. Y el diálogo, invocado durante semanas, ha sido reemplazado por la excepcionalidad.

El estado de excepción suspende los derechos a la libre reunión, la realización de actividades políticas y, por supuesto, de protestar con el mecanismo tradicional boliviano del bloqueo de caminos. Este recorte se efectuará de manera “progresiva y localizada”. 

La comunicación del Gobierno ha insistido en mostrar que no se alterará la vida de las ciudades y de las clases medias, inclusive el derecho de estas a salir de parranda en las noches. 

El mensaje explícito de los mensajes gubernamentales es que el estado de excepción será humanitario; el implícito es que el Gobierno está pendiente de la clase media, a la que le ofrece continuar su vida normal. Es un estado de excepción profundamente anti-rural.

El Decreto Supremo 5636 incorpora a las Fuerzas Armadas al restablecimiento del orden interno y las autoriza a realizar arrestos temporales. Según el gobierno, habrá proporcionalidad en el uso de la fuerza y se protegerán los derechos fundamentales; será un estado de excepción compatible con los derechos humanos. 

El ministro de trabajo, Williams Bascope, sostuvo que las medidas se aplicarán “contra los bloqueos y no contra las personas”. Claro que los bloqueos no existen por sí mismos y para desbloquear las Fuerzas Armadas tendrán que actuar contra grupos campesinos que ya han aparecido en videos con las caras muy serias y también decididas, y armados de palos, ratificando que no se irán por las buenas.  

Las disposiciones finales del decreto prevén, además, investigaciones sobre el financiamiento y las redes de apoyo a las movilizaciones. Esa línea se inscribe en la narrativa que el Gobierno construyó durante semanas, presentando el conflicto como una expresión del “narcoterrorismo” y reduciendo una protesta con demandas sociales y políticas a una amenaza criminal y un “golpe de Estado”.

La reacción de los sectores más radicalizados no ha sido la desmovilización. Dirigentes de la Federación Bulo Bulo, una de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba lideradas por Evo Morales desconocieron al máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, rechazaron el estado de excepción y lanzaron una advertencia: “Si los militares entran, aquí los esperamos, ojo por ojo, diente por diente”.

La estrategia gubernamental de separar el conflicto entre sectores negociables y sectores irreductibles puede haber entrado en su fase más peligrosa. La sospecha que recorre el escenario político es que el objetivo de fondo es la captura del expresidente Evo Morales. 

Pero una incursión en el Chapare, donde este está refugiado, rodeado de decenas de miles de campesinos con una fuerte cohesión política y sindical, podría causar precisamente aquello que el Ejecutivo aseguró querer evitar: violencia y muertes. Evo Morales esta protegido por varios cinturones de “escudos humanos”. ¿Qué harían con ellos los militares?

Al mismo tiempo, la respuesta de fuerza ha contado con el aplauso de los sectores urbanos agotados por la escasez y la incertidumbre. No porque necesariamente respalden al Gobierno, sino porque la situación se ha tornado muy difícil para ellos. 

Al mismo tiempo, aplaudió también el tradicional racismo de los blancos urbanos en contra de los indios, a los que consideran sin derecho a interrumpir un momento de gratificación como el que venían sintiendo desde la desintegración del Movimiento al Socialismo y el retorno de “los suyos” al poder. Además de los sujetos del “salvajismo” que impide al país progresar.

Esto no es una victoria para Rodrigo Paz. Los sectores conservadores continúan considerándolo un presidente débil. Los sectores sociales, no solo no confían en el gobierno, lo han rotulado como “traidor”. Si las cosas se complican, la sangre derramada marcará por siempre al Gobierno y al presidente. No es casual que dos ministros hubieran renunciado semanas atrás, en previsión de esta deriva de los acontecimientos.   

Con el estado de excepción se abren nuevos escenarios. El gran sociólogo nacional, René Zavaleta, decía que en “esta guerra sin fin” entre “las dos estirpes”, que en realidad son dos grupos mestizos que se distinguen entre sí por la trayectoria de sus respectivos mestizajes, lo señorial suele imponerse sobre lo indígena, pero lo hace a su propia costa, porque al mismo tiempo se inviabiliza. Decía Zavaleta también que las crisis en Bolivia no desaparecen, se sedimentan. 

Quizás esta nueva capa que va a dejar este conflicto sea la más delicada de todas. La violencia siempre queda en la memoria y no existe ninguna experiencia donde, de la violencia, haya nacido el consenso y el progreso de una nación.

Fuente: Diario Red