Apurímac, 23 junio 2026.- El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) manifestó su profunda preocupación por los resultados de un informe aprobado por el Congreso de la República que cuestiona el acuerdo de colaboración eficaz firmado en 2019 entre el Estado peruano y la constructora brasileña Odebrecht.
La entidad, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, consideró infundadas las acusaciones contra el periodista Gustavo Gorriti y alertó sobre los posibles riesgos que estas imputaciones podrían generar para la práctica del periodismo en Perú.
La polémica se desató a raíz de la aprobación, el pasado 12 de junio de 2026, del informe elaborado por una comisión investigadora del Parlamento.
Esta comisión indagó sobre los alcances del acuerdo de colaboración con Odebrecht, empresa que confesó haber pagado sobornos a funcionarios peruanos para obtener contratos de diversas obras públicas, en uno de los escándalos de corrupción más notorios en América Latina.
Entre sus hallazgos, la comisión recomendó al Ministerio Público evaluar la apertura de acciones penales contra varios involucrados en el proceso, entre ellos magistrados que participaron en la elaboración del acuerdo y el periodista Gustavo Gorriti, director del portal de investigación IDL-Reporteros.
De acuerdo con el documento avalado por el Congreso, se identificarían indicios que implicarían a Gorriti en presuntos delitos como cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Los legisladores sugieren que el periodista podría haber accedido a información privilegiada o influido en investigaciones fiscales a cambio de brindar apoyo mediático a ciertas acciones relacionadas con el caso Odebrecht.
El IPYS rechazó de manera enfática estas imputaciones, señalando que Gorriti no tuvo participación alguna en las negociaciones o la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht.
Según la institución, su labor se limitó a cumplir con funciones periodísticas al reportar avances de las investigaciones y emitir opiniones editoriales desde su rol como director de IDL-Reporteros.
La organización destacó que las acusaciones presentadas en el informe parlamentario no cuentan con sustento probatorio sólido y parecen basarse únicamente en interpretaciones sobre las interacciones típicas entre periodistas y sus fuentes. Subrayó que mantener contacto con fiscales, jueces o funcionarios públicos es un componente normal del trabajo periodístico y no prueba automáticamente ningún comportamiento ilícito.
El IPYS enfatizó además que hasta el momento no se ha presentado ninguna evidencia que confirme la existencia de intercambios indebidos, beneficios ilícitos o acuerdos irregulares entre Gorriti y los responsables de las investigaciones relacionadas con Odebrecht.
Fuente: La República
