Apurímac, 28 mayo 2026.- La sentencia fue emitida el 27 de mayo de 2026, imponiéndose a ambos acusados dos años y seis meses de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de un año, así como el pago solidario de cuatro mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2025, durante un operativo conjunto ejecutado por la FEMA, SERNANP, DIRMEAMB, y Ejército Peruano, en el sector Otorongo dentro de la Reserva Nacional Tambopata. 

Durante la ejecución de un operativo de interdicción, las autoridades detectaron una trocha clandestina abierta por mineros ilegales, por donde los sentenciados trasladaban un motor diésel en un motocarguero, equipo que iba a ser incorporado a otras estructuras mineras ilegales que ya operaban dentro del área natural protegida. 

Las investigaciones fiscales determinaron que el motor era transportado con la finalidad de fortalecer las operaciones de extracción ilícita de minerales al interior de la Reserva Nacional Tambopata, una de las zonas más sensibles y amenazadas por la minería ilegal en el país.

Este caso evidencia que la lucha contra la minería ilegal no se limita únicamente a la ejecución de operativos de interdicción y destrucción de maquinaria. Los resultados judiciales y las sentencias condenatorias que viene obteniendo el Ministerio Público son consecuencia directa de una intervención fiscal activa en el mismo escenario del delito, donde los fiscales ambientales participan y lideran las operaciones conjuntamente con la Policía y las Fuerzas Armadas, ingresando hasta las zonas de extracción ilegal, constatando los hechos en flagrancia y actuando en campo como un efectivo operativo más. 

Esta presencia inmediata del fiscal en el lugar de los hechos permite fortalecer la obtención de elementos de convicción sólidos, asegurar la legalidad de las intervenciones y sostener procesos penales que concluyen con sentencias contra quienes participan en la cadena logística y operativa de la minería ilegal.

La FEMA, PNP, EP y el SERNANP vienen ejecutando de manera sostenida operativos en la Reserva Nacional Tambopata y su zona de amortiguamiento, donde actualmente existen múltiples investigaciones en trámite relacionadas con transporte de maquinaria, abastecimiento logístico y actividades extractivas ilegales. 

Esta sentencia constituye uno de los primeros resultados concretos de dichas acciones y marca el inicio de nuevos procesos penales que continuarán impulsándose en defensa de la Reserva Nacional Tambopata.

Si bien la pena impuesta fue suspendida, debe precisarse que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1695, norma que modificó el artículo 307-E del Código Penal, incrementando las penas por tráfico ilícito de maquinarias destinadas a minería ilegal a un rango de seis a nueve años de pena privativa de libertad.

La Fiscalía Ambiental reafirmó que continuará ejecutando acciones operativas y penales para frenar el avance de la minería ilegal dentro de la Reserva Nacional Tambopata, considerada actualmente uno de los últimos bastiones de resistencia frente a esta actividad ilícita en Madre de Dios.

Fuente: Tiempo Real en la Noticia