Apurímac, 19 mayo 2026.- La norma del 2021 aprobada durante la gestión del exministro de Educación, Ricardo Cuenca, con el enorme trabajo de Killasumac Miranda y su equipo, se sustentaba en evidencia internacional, un diagnóstico técnico y un marco de derechos. 

Esta iniciativa pedagógica fue implementada mediante Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU del 9 de junio 2021 que aprobó Los lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica Escolar.

La nueva norma impuesta sin criterio alguno mediante la Resolución Viceministerial N° 085-2026-MINEDU del 15 de mayo 2026 no surge de una evaluación de resultados, se trata de un mandato político: la Ley 32535 que ordena eliminar toda referencia a la educación sexual integral.

El citado documento crea una denominación sin antecedente internacional: “Educación Sexual con base científica, biológica y ética” (ES-CBE). UNESCO, UNFPA y OPS siguen usando educación sexual integral. 

"Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo", precisa el investigador.

Según Cuenca, la nueva normativa cita datos más recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo elimina parte del marco conceptual diseñado precisamente para abordar esas violencias, desapareciendo definiciones como: la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género, el enfoque de igualdad de género como eje transversal, las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad.

"No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre qué proteger y a quiénes", agrega.

Sostuvo que la política educativa no cambia porque se aprende algo nuevo sobre educación sexual, esta se modifica porque cambiaron las correlaciones políticas de fuerza en el Congreso de la República. 

"Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico. Una política que cita evidencia internacional para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda, no es política basada en evidencia, es legitimidad prestada para un recorte de derechos", aseveró  el investigador del IEP.