Apurímac, 5 mayo 2026.- El presidente de la República, José María Balcázar, denunció que la adquisición de 24 aviones caza F-16 Block 70 de Estados Unidos se llevó a cabo mediante adjudicación directa, sin un proceso de licitación pública y amparada en un esquema de reserva estatal que habría dejado de lado mecanismos esenciales de control institucional.
En una entrevista para el programa Sin Rodeos, el mandatario señaló que esta operación se gestó durante los mandatos de Dina Boluarte y José Jerí. Según explicó, en aquel periodo se desestimaron las propuestas de Francia y Suecia, optando por negociar de manera directa con la compañía estadounidense Lockheed Martin, fabricante de las aeronaves.
Llegado el momento crucial para decidir entre las opciones de aviones franceses, suecos o estadounidenses, el gobierno de Jerí habría determinado finalizar el proceso y concretar la compra exclusivamente con Estados Unidos. Los aviones elegidos fueron los F-16, detalló el presidente.
Balcázar afirmó que esta decisión fue oficializada mediante una disposición interna que calificó la adquisición como un asunto de «secreto de Estado», restringiendo así el acceso a la información. Esta medida excluyó tanto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como al resto del Ejecutivo del proceso.
Según explicó, Francia y Suecia fueron descartados como proveedores mediante esta resolución que otorgó carácter confidencial a la compra. Asimismo, se estableció que únicamente sería tramitada entre la Fuerza Aérea y la empresa vendedora, dejando fuera a otras instancias involucradas.
El polémico caso generó un impacto significativo en el Gabinete Ministerial, lo que derivó en la salida abrupta del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz. Ambos habían sostenido previamente que el contrato ya se encontraba suscrito, lo cual fue refutado por Balcázar, quien respondió destituyéndolos inmediatamente.
El presidente subrayó que dicha decisión se tomó en un clima de conflicto sobre la autenticidad del proceso.
Balcázar destacó la irregularidad del procedimiento administrativo seguido para firmar el contrato. Según él, ni los ministros ni altos funcionarios asumieron la responsabilidad directa en la firma del documento final; dicho papel recayó en un oficial de menor rango. Esto fue calificado por el presidente como una irregularidad preocupante.
Afirmó además que desconocía los detalles del proceso al momento de firmar los decretos vinculados con la compra y optó por no avanzar con el procedimiento al percibir las anomalías. En su lugar, dejó en manos de la próxima administración la decisión sobre validar o anular el acuerdo, señalando que su gobierno no prosiguió con la adquisición.
El presidente también abordó las declaraciones del embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, quien cuestionó las repercusiones de cancelar la compra. Sin embargo, Balcázar prefirió evitar una respuesta directa al diplomático, pero no dejó de criticar lo que describió como un tono inapropiado en sus comentarios.
Este caso ha abierto un intenso debate sobre la transparencia en los procesos de adquisición militar, el uso adecuado de recursos públicos y los límites que deben establecerse al secreto de Estado cuando se toman decisiones estratégicas con implicaciones multimillonarias para la política de defensa nacional.
Fuente: Crónica Viva
