Escribe Emilia Delfino - Mongabay Latam

Un estudio reciente analiza cómo el sistema de control del mercado de la madera en Perú se convirtió en una simulación de control, que gira muchas veces en torno a papeles y documentos vacíos que dan una apariencia de legalidad a gran parte de un sector central de la economía en la Amazonía peruana. Mientras, la realidad se desarrolla en medio de extracción ilegal, blanqueo de madera de origen ilícito, explotación laboral e infantil.

El informe Problemas de trazabilidad en la cadena de suministro de madera de la Amazonía peruana: tala ilegal, explotación y trabajo forzoso, publicado en abril en la revista Anti-Trafficking Review y realizado por Christian Campos-Vázquez, Jaris Mujica, Ángel Peñalosa González, Nicolás Zevallos Trigoso y Alonso Flores Macher, sostiene que en Perú, el 20 % de la extracción y comercialización de la madera es ilegal y que en algunas zonas del país la ilegalidad alcanza el 80 % de la producción. Además, alrededor del 70 % de las empresas del rubro son informales.

Leer más | Bolivia: asesinan a magistrado del Tribunal Agroambiental e investigan posible vínculo con conflicto de tierras

En diálogo con Mongabay Latam, el criminólogo y fundador del Instituto de Criminología, Zevallos Trigoso, explica los hallazgos de su investigación.

—¿Qué los motivó a investigar el negocio de la madera?

—Tenemos ya varios años estudiando economías ilegales y mercados ilegales, especialmente en la Amazonía. Ya lo hemos hecho con cocaína, con madera, con contrabando, con oro, con otros commodities. Lo que nos interesa principalmente es cómo comenzamos a explicarle a las autoridades este tema: es una actividad económica que no vas a poder controlar solamente a partir de persecución penal, sino comprendiendo cómo funciona su racionalidad económica. Y para eso es importante poder discutir cómo se estructuran los sistemas de producción y cómo poder identificar precisamente dónde están las vulnerabilidades.

Casi todos estos mercados tienen esas ventajas de operación en función de la performatividad del control. Se performa en control. En la hoja de coca se performa el control del insumo químico, se performa el control del oro, de la madera, del contrabando. Todo se performa porque todo es meramente documental.

Otro punto es la interconexión entre las actividades ilegales porque no es que operan en el vacío, por su cuenta, sino que, efectivamente, en las zonas de extracción de madera y su recorrido hay también puntos de contacto con contrabando, con minería, con narcotráfico, sobre todo los circuitos logísticos. Entonces, creo que es un asunto que si bien no está en el estudio específicamente, si vale la pena discutir porque te encuentras en la Amazonía y en su recorrido la confluencia de varios actores criminales vinculados a distintos mercados y que movilizan mucho dinero en una economía muy, muy potente.

—En el estudio sostienen que el Estado peruano simula el control del mercado de la madera. ¿Qué características tiene esa simulación de control, que, además, describen como una simulación sistemática?

—Es un tema bastante recurrente cuando analizamos mercados ilegales y control del delito. Cuando se trata de cadena de suministro de productos desviables, como la madera, como el oro, lo que pasa es que el control es básicamente administrativo. Para autorizar la extracción de madera, de oro, lo que tú tienes básicamente son papeles, documentos, trámites burocráticos, pero no tienen casi ningún correlato con acciones de fiscalización y de seguimiento que puedan corroborar que lo que tú has llenado en esos papeles sea lo correcto. Simplemente se diseñó de esa forma.

Leer más | Ecuador: expertos cuestionan multa económica impuesta a promotores de consulta popular por el Yasuní

Es una dinámica sumamente performativa del control porque, paradójicamente, cuando tú revisas los informes y reportes de los sistemas de fiscalización, todos cumplen sus metas.

—¿Cuál es la principal falla en este sistema?

—Hay varias cosas. Lo prioritario tiene que ver con la capacidad concreta de corroborar si lo que se ha reportado o registrado [en los papeles] es realmente lo que ocurre. Y eso tiene mucho que ver con las dimensiones del mercado ilegal y las capacidades de fiscalización de ese mercado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la madera, la posibilidad de fiscalizar todos y cada uno de los campamentos donde se produce madera es inviable. Las dimensiones son gigantes. Desplazarse en la Amazonía es carísimo. Creo que el elemento esencial es que la manera en la que está diseñada la fiscalización depende demasiado de capacidades operativas inexistentes. Entonces tú le pides al productor que llene mil papeles y simplemente se acumulan en la oficina del fiscalizador.

—¿Cómo podría funcionar mejor el sistema o cómo debería funcionar?

—Una línea que nosotros exploramos como posibilidad es la de primero entender bien cómo es el circuito, cómo es la cadena completa de suministro de estos productos y, en esa cadena concreta, identificar dónde es que puntualmente ocurren las principales lesiones de desviación. Hay espacios como por ejemplo los aserraderos o los puntos de acopio, que podrían ser centros donde es mucho más relevante la fiscalización que en otros puntos. Suelen ser espacios un poco menos remotos, un poco más accesibles y que podrían ayudar a que tengas cierto control, cierta vigilancia. Requieres menos personal, requieres menos desplazamientos. Es una línea posible de trabajo.

La otra cosa que puede también funcionar son unidades tácticas, que, a partir de inteligencia y análisis criminal, despliegue operativos inopinados [acciones de fiscalización planificadas, pero ejecutadas por sorpresa]. Tienes ahí un doble resultado. Resultado número uno: puedes intervenir en casos puntuales donde ya tienes evidencia, a partir de [acciones de] inteligencia, de que algo está pasando. Segundo: dar el mensaje de que el sistema va a funcionar, entonces generas disuasión, prevención general y especial.

—En el estudio describen con pormenores cómo están integradas las distintas capas de control en el Estado peruano, desde el Ejecutivo Nacional hasta las autoridades regionales. ¿Cómo incide la descentralización de control en Perú en este esquema que describe? ¿Debería estar el control de la madera centralizado en el Gobierno Nacional para que funcione mejor?

—Como funciona ahora lo hace más vulnerable porque tienes muchos gobiernos regionales que tienen capacidades limitadas de acción como responsables de dar permisos.

—Otro punto muy importante en el estudio es que el negocio de la madera implica explotación laboral y explotación infantil. ¿Qué pudieron comprobar en cuanto a cómo funciona esa explotación?

—En principio, la explotación no es tan exótica como parece, ni tan clandestina ni excepcional. Es absolutamente “regular, normal” y más simple.

—Está naturalizada, como dicen en el informe…

—Las condiciones de trabajo son absolutamente precarias, pero no como una excepción, sino como una regla. El trabajador ya sabe que posiblemente no le paguen, que no tiene ningún tipo de seguro de atención, que no hay ningún tipo de estabilidad. Sabe que lo van a llevar al monte y que, si vuelve el bote, te llevan y te recogen. No existe la más mínima condición para que el trabajo se preste de forma correcta.

Además, eso no solamente ocurre en el monte, en la extracción, sino que también a veces en zonas un poco más cercanas a lo urbano, en aserraderos. Tú ves trabajadores en el aserradero o incluso en lugares donde se vende la madera que son informales, que no tienen ninguna condición de protección. Los contratos no tienen documentos ni nada. Tú vas a un aserradero y ves a los trabajadores en sandalias manejando madera de 100 kilos. Sin casco, sin ningún equipo de protección, sin lentes, usando maquinaria oxidada, con cables mal conectados y a los cuales no les pagan. Comen uno encima de otro con la basura a su alrededor. Esas son las condiciones en las que trabajan de forma muy regular. La excepción son las pocas empresas formales que existen y a las cuales sí se les aplica la fiscalización.

Leer más | Redes criminales ya afectan al 67 % de los municipios y al 32 % de los territorios indígenas en la Amazonía | ESTUDIO

—¿Qué características tiene la explotación infantil en este rubro?

—Los menores suelen ser adolescentes varones porque requieren cierta capacidad de uso de la fuerza. Al mismo tiempo que trabajan en el campamento maderero, siguen estudiando, pueden seguir trabajando en otras cosas. Es súper estacional.

—Ustedes explican que el mercado formal de la madera está dividido en cinco asociaciones de empresas nacionales. En 2019, hubo 406 empresas registradas como exportadoras de productos madereros. Está bastante descentralizado el mercado formal, son muchas empresas, no es un mercado concentrado en Perú…

—Efectivamente. Son muchas empresas. Pero más allá del mercado formal hay una facilidad para que penetre el producto irregular o informal en sus circuitos, porque finalmente se mezcla, se mezclan en los puntos de acopio o los aserraderos. Esa es tal vez la principal dificultad para poder vigilar cuál es el origen de la madera.

—¿Cómo funciona esa fusión entre la madera legal y la ilegal?

—Normalmente el sistema está pensado para corroborar con documentos si es que esa madera es o no de un origen regular. Tengo una concesión en un punto A, que tiene documentación formal, pero tengo un punto B de producción donde no tengo permiso. Entonces yo simplemente movilizo esa madera del punto B, el punto ilegal, y la formalizo con la guía que tengo del punto A y con eso la vendo a un punto de acopio o un aserradero. Entonces ahí ya la madera se mezcló, se combinó, se combinó todo. El gran asunto es que [en el Estado peruano] nadie tiene capacidad de corroborar de dónde viene la madera.

—¿Qué otras recomendaciones haría a las autoridades?

—Hacer un ejercicio un poco más sostenido de identificar factores de riesgo y a partir de esos factores de riesgo intervenir algunos espacios para poder dar sanción, vigilancia y control efectivo sobre esos espacios. No tienes que sobrecargar el sistema para vigilar a todos los actores necesariamente, sino identificar en qué lugares es más prioritario que pongas un espacio de control.

Además, promover la formalidad de la actividad maderera en un aserradero, en un punto de acopio. Entonces tú ya no le pides al sistema que vaya al monte a ver el campamento. Si no que le pides que ese aserradero sea un aserradero que cumpla todos los estándares correspondientes. Pero no lo pueden hacer solamente a partir de la fiscalización. Tienen que hacerlo con un incentivo, con promoción, con apoyo del propio Estado para que eso se facilite. Tu esfuerzo como Estado debería ser por lo menos tener clústers o eslabones dentro del clúster que sean más formales y que ayuden a que esa formalidad irradie al resto del circuito.

REFERENCIA
Christian Campos-Vázquez, Jaris Mujica, Ángel Peñalosa González, Nicolás Zevallos Trigoso, Alonso Flores Macher. Traceability Problems in the Peruvian Amazon’s Timber Supply Chain: Illegal logging, exploitation, and forced labour. ANTI-TRAFFICKING REVIEW 26 (2026): 32-48. Abril, 2026.

* Informe publicado en alianza con Mongabay Latam. Puedes revisar la publicación original en este enlace.