Apurímac, 2 marzo del 2026.- Amenaza en proceso. El Primer Juzgado Civil de Andahuaylas admitió la demanda de acción de amparo presentada por el juez superior Wilmar De la Cruz Gutiérrez contra los periodistas Analí Andrade (Fuerza Informativa) y Edwin Ramírez (Portada.pe) por publicar notas periodísticas en sus medios de comunicación que cuestionaban su actuación judicial en un caso de violación sexual que involucra como presunto autor al alcalde Abel Serna Herrera.

Las informaciones periodísticas fueron recogidas de la queja presentada por la agraviada contra el mencionado juez por inconducta funcional ante la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte Superior de Justicia de Apurímac tras dejar sin efecto las medidas de protección otorgadas a su favor. 

El magistrado De la Cruz -cabe recordar que es funcionario público- en su escrito solicitó que los comunicadores retiren todo tipo de publicación relacionada con el caso y no vuelvan a mencionarlo, aludiendo además, que se afectaba su honor, entre otros argumentos más, en un claro intento de censura previa que atenta contra la libertad de información.   

"Las faltas muy graves materia de la presente queja tienen su origen en el desarrollo del proceso ventilado en el Expediente N.º 00172-2025-52-0302-JR-FT-01, en el cual el magistrado quejado, juez superior Wilmar De la Cruz Gutiérrez en su condición de titular de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros, se avocó indebidamente al conocimiento del recurso de apelación, pese a tener pleno conocimiento de la existencia de múltiples causales de inhibición que afectaban su imparcialidad", señala la denunciante. 

En efecto. De acuerdo a la queja, el juez superior Wilmar De la Cruz debió inhibirse de la causa, toda vez que su pareja Janeth Yovana Contreras se desempeña en la Gerencia de Administración y Rentas de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas como cargo de confianza de la gestión del alcalde Serna Herrera, advirtiendo la agraviada sobre afectación a la imparcialidad, probidad y transparencia del proceso, toda vez que la mencionada autoridad edil es investigado por el mismo caso de violación sexual. 

"...la señora Janeth Yovana Contreras Jiménez quien ocupa un cargo en el área de atención al contribuyente en plataforma de la gerencia de administración tributaria y rentas de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y, a su vez,  es conviviente del señor juez superior Wilmar de la Cruz Gutiérrez, y, en su caso, pese dicha circunstancia (que constituye una causal evidente de inhibición por afectar el principio de imparcialidad judicial) el magistrado omitió declarar el impedimento o su inhibición correspondiente y se abocó al conocimiento del recurso de apelación, ocultando así una prohibición imputable al ejercicio de su función jurisdiccional. Tal proceder configura la falta muy grave contemplada en la norma antes citada, al haber omitido informar y apartarse del proceso pese a la existencia de un conflicto de intereses..." precisa la queja que se encuentra para su pronunciamiento por la entidad de control respectiva. 

En el escrito firmado por su hermano y abogado Walter De la Cruz Gutiérrez  -hasta hace poco se desempeñaba como asesor legal del gobernador regional Percy Godoy- el citado magistrado deja entrever que sería objeto de una serie de represalias y ataques mediáticos -entre otros- presumiblemente de personas vinculadas a casos de corrupción (¿cuáles?) que coincidentemente se registraron en el mes de noviembre del 2025. 

  

Según el juez aludido, esta "persecución" sería producto de presuntos hechos de corrupción que involucraban a varios jueces del Colegiado Superior de Andahuaylas y que fueron puestos de conocimiento por su persona en la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Andahuaylas y Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ante injerencias ilegales hacía casos judiciales que se ventilaron en la sala superior. 

Posteriormente se conoció que las denuncias llegaron hasta la Autoridad Nacional de Control dando paso a la suspensión del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján por un periodo de seis meses, en tanto, se desarrollan las investigaciones y determinan responsabilidades.

En los próximos días ambos periodistas deberán contestar a la demanda que fue admitida con una celeridad inusual en este tipo de procesos y para lo cual deberán adjuntar los medios probatorios relacionados con su defensa. (P.P.D)