Apurímac, 3 febrero 2026.- José Jerí, el presidente interino de la República, se encuentra en el centro de una tormenta política tras revelarse una serie de hechos que cuestionan su integridad. 

Las investigaciones exponen mentiras sobre sus vínculos con empresarios cuestionados, presuntas irregularidades en la contratación de personal y una conducta ética que ha motivado incluso denuncias penales por parte de gremios estatales.

Uno de los puntos más críticos es el denominado «Chifagate», referido a la reunión del 26 de diciembre con el empresario chino Zhihua Yang. Aunque Jerí afirmó que el encuentro fue «circunstancial» y no planificado, nuevas evidencias confirman que se trató de una cita coordinada: personal de seguridad revisó el local previamente y el mandatario ingresó encapuchado para evitar ser reconocido.

Durante este encuentro en el segundo piso de un edificio en el que también operaba la empresa de Yang, el presidente estuvo acompañado por el empresario y por Ji Wu Xiaodong. A pesar de los intentos del Ejecutivo por minimizar el evento, fuentes periodísticas confirman que la reunión duró hasta la medianoche y que los asistentes mantienen una relación estrecha.

La gravedad del vínculo reside en que Zhihua Yang fue investigado por minería ilegal en Cajamarca. En agosto de 2022, su empresa, América SAM S.A.C., fue intervenida transportando mineral sin documentos legales en volquetes, operando sin contar con el REINFO ni las autorizaciones formales requeridas.

Los informes técnicos detallan que la empresa vinculada a Yang extraía manganeso en la concesión Ricardo 1 sin permiso, utilizando maquinaria pesada y explosivos, lo que generó significativos daños ambientales. El denunciante del caso señaló que la actividad extractiva ilegal se realizó durante varios meses del año 2022 de forma impune.

A pesar de la contundencia de las pruebas, la Fiscalía aplicó un «principio de oportunidad» que permitió a Yang detener el proceso penal tras pagar una indemnización de apenas 2,750 soles al Estado. Jerí justificó su cercanía alegando preparativos para el Día de la amistad Perú-China, pero el evento final se trasladó al Ministerio de Cultura para evitar «malestar» en la relación bilateral.

Paralelamente, se ha denunciado que al menos siete amigas del mandatario obtuvieron puestos en el Estado tras visitarlo en su despacho personal. El caso de la ingeniera Guadalupe Vela es resaltante: tras reunirse con Jerí hasta altas horas de la noche en un día no laborable, recibió contratos en EsSalud y el Ministerio del Ambiente por más de 17,000 soles.

Este patrón se repite con otras figuras como Cristina Beraún, Violeta Veas y Fiorela Melgarejo. Todas registraron visitas nocturnas a Palacio de Gobierno y posteriormente obtuvieron órdenes de servicio o designaciones en cargos de confianza. Aunque la Secretaría de Prensa defendió la idoneidad de las contratadas, las visitas fuera de horario oficial han generado suspicacias.

La polémica también alcanza los altos mandos con el nombramiento de las viceministras Shadia Valdez y Rut Huamán. A ambas se las señala como «muy amigas de Jerí» en redes sociales y carentes de experiencia técnica. Ahora están en las carteras de Justicia y Poblaciones Vulnerables, respectivamente, manejando esta última un presupuesto millonario.

En el ámbito personal, registros de la SUNAT muestran un patrón de consumo del presidente centrado en el distrito de Lince. Los reportes detallan que Jerí utilizó como deducciones tributarias gastos en hoteles, chifas y pollerías de dicha zona. Incluyendo visitas frecuentes a hospedajes como el Hotel Risso, Aristo y Kuelap entre 2023 y 2025.

Por otro lado, el Poder Judicial ha ordenado la inaplicación de una ley promovida por Jerí cuando era legislador. La norma buscaba modificar el directorio de las cajas municipales para incluir a un representante de la CONACO. El problema es que en esta institución el hoy mandatario trabajó como abogado, lo que es un conflicto de intereses.

Finalmente, el sindicato de trabajadores del INPE formalizó una denuncia penal contra el presidente por irrumpir en un penal omitiendo protocolos de seguridad. Se le acusa de ingresar con una comitiva armada y equipos de comunicación prohibidos. Esto generó un riesgo de amotinamiento y constituye presuntos delitos de abuso de autoridad e ingreso indebido de equipos.

Fuente: El Búho