Apurímac, 16 enero 2026.- Unos 10 minutos después de la asombrosa conferencia de prensa en la que el presidente Donald Trump celebró la operación relámpago para secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump se embarcó en una divagación sobre el éxito de las tropas estadounidenses que patrullan las calles de las ciudades estadounidenses.

“Solo tengo que felicitar a nuestros militares”, dijo, mencionando por nombre al secretario de Defensa, Pete Hegseth. “El trabajo que han hecho, ya sea en Washington DC, donde tenemos una ciudad totalmente segura cuando era una de las ciudades más inseguras del mundo, francamente, y ahora no tenemos delitos en Washington DC”.

Para un oyente ocasional, estas podrían parecer las divagaciones somnolientas del hombre de más edad que ha asumido la presidencia. Pero para mí, su énfasis en los despliegues internos del ejército estadounidense, especialmente en el contexto de una acción militar exterior, cristalizó el sello más escalofriante de la segunda presidencia de Trump: la fusión sin fisuras de la política interior y exterior, que pasa por alto el sistema constitucional de gobierno de Estados Unidos para asumir un poder prácticamente ilimitado y sin control.

En el último año, el gobierno de Trump ha afirmado repetidamente una interpretación excepcionalmente expansiva del poder del presidente para actuar en el ámbito nacional contra las amenazas extranjeras. Al revestir las acciones de Trump con el ropaje de la seguridad nacional, el gobierno las ha protegido de la supervisión del Congreso o del poder judicial.

¿Aranceles? No había necesidad de acudir al Congreso porque el presidente está respondiendo a una emergencia económica internacional. ¿Deportación de migrantes sin el debido proceso? Necesaria, bajo la autoridad del presidente, para detener una invasión extranjera. 

¿Despliegue de soldados federales en suelo estadounidense? Necesario para proteger a la patria de personas que el presidente ha determinado que son intrusos sin ley. En teoría, el Congreso puede poner freno a estos abusos de poder, y muchos tribunales han fallado en contra de Trump. Pero en la práctica, él ha sobrepasado ampliamente estos controles sin ningún problema.

Ahora, con el asalto a Caracas, Trump ha conseguido el equivalente en el extranjero. La destitución de Maduro no fue el tipo de acto que requiere invocar poderes de guerra o notificar al Congreso, argumentó el gobierno; fue simplemente una operación interna de aplicación de la ley en el extranjero, ayudada por el ejército y directamente bajo el ámbito del poder ejecutivo. 

En la interpretación de Trump de la presidencia imperial, prácticamente cualquier actividad en el extranjero puede transformarse en un asunto interno. Y todas las actividades domésticas pueden vincularse de algún modo a la seguridad nacional amenazada por el extranjero. Es un pequeño truco para destruir el régimen constitucional y democrático.

Las aventuras en el extranjero siempre han regresado en contra del frente interno. Existe incluso un término para esto: “el búmeran imperial”. Describe cómo el ejercicio violento del poder sobre otras naciones acaba regresando a casa en forma de represión interna y erosión democrática. Ahora está ocurriendo a la inversa. El derrocamiento del cruel dictador de Venezuela no es solo un ejemplo del resurgimiento del imperialismo estadounidense o de la destrucción de los últimos restos del derecho internacional y del orden basado en normas. 

Es también una extraordinaria demostración de cómo Trump está derrumbando los binarios cruciales de la Constitución estadounidense: entre la aplicación de la ley y la acción militar, entre el poder ejecutivo y el legislativo y, sobre todo, entre el exterior y el interior.

Trump no tiene ideología más allá de su propio poder, del mismo modo que no tiene un sentido de Estados Unidos como objeto más allá de su propia persona. En sus manos, el búmeran imperial se ha transformado en una banda de Möbius, una superficie en la que el interior y el exterior no tienen distinción significativa y forman un bucle sin fin. 

En esta vertiginosa disolución de los límites, hay poco que pueda frenar su hambre de poder ilimitado. Con los recursos de la nación más rica del mundo y el ejército más poderoso a su disposición, Trump reclama una licencia sin fronteras para volverse contra sus supuestos enemigos. Eso debería aterrorizarnos a todos.

Desde sus primeros días como candidato presidencial en 2015, Trump ha declarado su oposición a los enredos del exterior. Reiteró esta postura en su campaña de 2024 prometiendo una política exterior de “Estados Unidos primero”. Estados Unidos ya no impondría la democracia ni arbitraría sangrientas luchas campales en rincones distantes del planeta. 

Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarían la factura de defender a aliados que supuestamente se aprovechaban de ellos, como los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El compromiso de Estados Unidos con los ideales del orden de posguerra que ayudó a crear y lideró durante décadas pasaría a un segundo plano en favor de un cálculo estrecho y obstinado de los intereses del país.

Trump también prometió ser un presidente de la paz y promocionó una imagen de duro negociador. Desde que asumió el cargo, se ha atribuido el mérito de poner fin a más de media decena de conflagraciones, entre ellas una escaramuza entre India y Pakistán, el prolongado conflicto congoleño y la centenaria disputa territorial entre Tailandia y Camboya. 

Su papel en todos estos conflictos es, cuando menos, cuestionable, y ninguno se ha resuelto definitivamente, desde luego no la guerra en Gaza, donde el alto el fuego persiste solo de nombre y no se han dado más pasos hacia una paz duradera. En lo que respecta a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, Trump no ha conseguido nada, a pesar de sus halagos a Vladimir Putin.

A pesar de todas sus aspiraciones pacifistas, Trump ha recurrido a la fuerza. Su segundo mandato se ha caracterizado por amenazas agresivas y actos de violencia militar contra objetivos extranjeros, llevados a cabo sin informar al Congreso y mucho menos sin solicitar su aprobación previa. 

En menos de un año, su gobierno ha bombardeado siete países, más que en todo su primer mandato. Entre los objetivos no solo figuran enemigos acérrimos como Irán y Venezuela, sino también un país amigo, Nigeria, sobre el que el gobierno lanzó misiles Tomahawk –supuestamente para atacar a militantes del Estado Islámico– el día de Navidad.

Pero el ataque contra Venezuela es algo totalmente distinto en escala, alcance y descarada ilegalidad. En él participó una fuerza de extracción militar –más de 150 aviones que apoyaban a la Fuerza Delta y a los Rangers del ejército, actuando sobre la base de información obtenida por espías estadounidenses– que operó en clara violación del derecho internacional y mató a decenas de personas, entre ellas algunos civiles. Sin embargo, parece que la actuación de Trump en Venezuela carece esencialmente de sustento ideológico. 

Parece que se ha desvivido por marginar a María Corina Machado, la líder de la oposición cuyo partido parecía haber ganado las últimas elecciones presidenciales por mucho. En cambio, el gobierno parece perfectamente dispuesto a trabajar con lo que queda del régimen de Maduro a pesar de sus declaraciones socialistas.

Trump podría simplemente querer quedarse con el petróleo de Venezuela, por supuesto. El martes anunció que había extraído de Venezuela un tributo inmediato de millones de barriles de crudo. También habría exigido que el gobierno cortara todo lazo con China, Rusia, Irán y Cuba y se asociara exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo. 

Sin embargo, el mundo se encuentra en medio de un exceso de petróleo, y explotar las reservas de Venezuela requerirá decenas de miles de millones de dólares de inversión durante la próxima década o más. 

Además, Estados Unidos ya es el primer productor mundial de petróleo; los 30 a 50 millones de barriles que Trump ha exigido equivalen a solo unos pocos días de producción petrolera estadounidense. Incluso en el extremo superior, eso equivale a unos 3000 millones de dólares a precios actuales.

Fuente: New York Times