Apurímac, 16 diciembre 2025.-  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación ante la decisión del Congreso peruano de inhabilitar por diez años a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Según lo señalado por la entidad, esta sanción se basa en acusaciones de haber firmado un documento que ella niega haber suscrito. 

La CIDH destacó que los operadores de justicia deben contar con garantías reforzadas de estabilidad y subrayó que cualquier medida de remoción debe observar estrictamente el debido proceso. Alertó que las inhabilitaciones arbitrarias y contrarias al marco legal representan una amenaza para la separación e independencia de los poderes del Estado.

El Congreso aprobó la sanción el 3 de diciembre de 2025, con 71 votos a favor, tras reconsiderar un resultado previo. El caso se originó a partir de una denuncia constitucional presentada por los parlamentarios Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes acusaron a Espinoza de participar en la elaboración de un reglamento interno del Ministerio Público que, según el Congreso, contradecía la Ley 32130. 

Esta norma establece medidas para fortalecer el rol de la Policía Nacional en las investigaciones preliminares. Espinoza rechazó las acusaciones, negando toda participación en el documento cuestionado y tildando el proceso de arbitrario y revanchista.

En su defensa, la fiscal afirmó que el reglamento en cuestión nunca obtuvo la aprobación de la Junta de Fiscales Supremos y denunció una persecución política derivada de las investigaciones que lideró contra miembros del Congreso. 

Pese a estos alegatos, el informe emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señaló supuestas infracciones a la Constitución y posibles delitos como abuso de autoridad y usurpación de funciones. Finalmente, la votación dejó a Espinoza inhabilitada para regresar al Ministerio Público.

El panorama se torna más complejo debido a tensiones previas entre Espinoza y otras instituciones del sistema judicial. En septiembre, la Junta Nacional de Justicia la suspendió por seis meses debido a su negativa de ejecutar la restitución de Patricia Benavides. 

Aunque un juez revirtió temporalmente esta medida mediante una orden, el Tribunal Constitucional anuló dicha restitución con una resolución cautelar que ha sido objeto de amplias críticas. A pesar de que Espinoza solicitó no acatar este fallo del Tribunal por considerarlo incompatible con estándares internacionales, el magistrado encargado finalmente lo obedeció.

Fuente: Crónica Viva