Apurímac 17/06/2025.- Para Patricia Benavides su retorno como fiscal de la Nación era un hecho consumado tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anuló su destitución. Tal es así que el 16 de junio, junto a su seguridad privada y vistiendo la medalla de líder, asistió a la sede principal del Ministerio Público con la intención de ocupar el puesto que ahora le pertenece a Delia Espinoza. No obstante, tras horas de tensión, Benavides solo fue aceptada como fiscal suprema.
Según especialistas, esta decisión de la Fiscalía no es sorpresiva ya que, la resolución no tiene efectos jurídicos para habilitar su reposición en el máximo cargo. Además, la vuelta a la institución de Benavides no debería darse, puesto que la JNJ llevó un proceso irregular para aprobar su restitución.
JNJ sin autoridad
“La única institución que puede elegir qué fiscal supremo va a desempeñar el cargo de fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. La Junta Nacional de Justicia no tiene atribuciones para ello y está atentando contra la institucionalidad del Ministerio Público”, declaró el vocero institucional del Ministerio Público, Víctor Cubas.
Este punto ya había sido advertido por el abogado penalista César Azabache, puesto que la regla tal decisión solo pueden alcanzar al ámbito de competencia de quien la emite. Asimismo, aclaró que, tal como lo ha tomado la Fiscalía, la JNJ solo puede restituir a un fiscal supremo, así como lo ha hecho con el Tomás Aladino Gálvez, quién fue restituido de su cargo por estar relacionado con el caso Cuellos Blancos.
“Ese solo lo firma la junta de fiscales supremos y en este momento hay un título firmado y vigente, que es el de Delia Espinoza”, declaró el abogado penalista.
Una resolución sin respaldo legal
La resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la restitución de Patricia Benavides como fiscal también carece de competencia e incumple con la exigencia mínima de validez formal que es la unanimidad, ya que el el magistrado Francisco Távara no participó en la votación, por lo que ni siquiera podría firmar el acuerdo.
La abogada Beatriz Ramírez advierte que, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), la unanimidad exigida para nulidades de oficio debe ser absoluta, no relativa al quórum presente. Citó el caso Falconí, en el que el propio TC estableció que ningún miembro del órgano colegiado puede abstenerse ni ausentarse si se va a declarar nula una sanción previa.
“La sentencia dice expresamente: ‘El acuerdo unánime prohíbe las abstenciones conforme al artículo 112.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General’. Es decir, nadie puede dejar de votar”, precisó Ramírez para Latina.
Para la abogada, nada de lo decidido este fin de semana tendría validez legal por no haberse respetado el estándar fijado por el TC. “¿Por qué aplicamos un estándar distinto ahora? (…) Un colegiado que se autorevisa para beneficiar a alguien… eso no ocurre todos los días”, dijo.
Por otro lado, Azabache también resaltó que la resolución que se publicó el viernes sobre la reposición de Benavides tiene una sola firma: la del presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio.
“No entiendo cómo la junta notifica a la defensa con una resolución que no tiene todas las firmas de quienes la suscriben. Esto no lo he visto ocurrir jamás, ni en la Junta, ni en el Tribunal Constitucional, ni en ninguna parte”, resaltó Azabache para Epicentro.
Finalmente, otro punto clave es que el proceso que destituyó a Benavides ya está cerrado. “Hay un artículo en la Constitución, el 139.1, que establece que los procesos fenecidos no pueden ser reabiertos. La reconsideración ya se desestimó. No puede haber nulidad de oficio aquí. No hay por dónde este documento pueda generar consecuencias: ni por la competencia del emisor, ni por las firmas que tiene, ni por la prohibición de reabrir causas fenecidas”, aclaró Azabache.
El caso Patricia Benavides
Patricia Benavides fue destituida de su cargo como fiscal de la Nación en diciembre de 2023 por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras revelarse que habría liderado una organización criminal dentro del Ministerio Público.
Entre las principales acusaciones figura el uso de su posición para favorecer políticamente a congresistas a cambio de respaldo parlamentario. Según la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, los principales beneficiarios habrían sido congresistas de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular, quienes impulsaron votaciones clave como la inhabilitación de la ex fiscal Zoraida Ávalos, la elección del defensor del pueblo y la destitución de miembros de la JNJ.
Otro elemento clave en su destitución fue la manipulación de decisiones fiscales con fines personales y políticos. Se le acusa de remover a fiscales que investigaban casos sensibles, proteger a su hermana, la jueza Emma Benavides —procesada por presuntamente liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos—, y obstaculizar investigaciones por corrupción que involucraban a aliados políticos.
A ello se suman los cuestionamientos de familiares de las víctimas de la represión de 2022 y 2023, quienes denuncian que Benavides trasladó la competencia de fiscales regionales a Lima como parte de un presunto pacto para favorecer a Dina Boluarte y otros altos funcionarios investigados por las muertes en las protestas.
Fuente: Wayka
