Apurímac 5/06/2025.- La reciente decisión del Gobierno peruano de recortar en un 42 % la superficie del parque arqueológico que alberga las icónicas Líneas de Nasca —una extensión comparable a unas 1.400 canchas de fútbol— ha encendido las alarmas entre especialistas en conservación, arqueología y protección ambiental.

Los detractores sostienen que este recorte abre la puerta a la expansión de la minería informal y pone en riesgo años de esfuerzos por salvaguardar tanto el legado cultural como el equilibrio ecológico del área. Por su parte, el Ejecutivo defiende la medida alegando que responde a estudios científicos recientes y que no pone en peligro ni la condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO ni las principales salvaguardas del lugar.

“La reducción no solo elimina protecciones, sino que lo hace precisamente donde la actividad extractiva se está expandiendo”, declaró Mariano Castro, exviceministro de Ambiente de Perú, y añadió que la decisión podría causar “riesgos muy graves y daños acumulativos”, ya que excluye zonas con concesiones mineras activas o pendientes.

Castro añadió que las salvaguardas del patrimonio arqueológico durante la formalización de la minería artesanal ya son limitadas.

“Esto se agrava por la omisión del Ministerio de Cultura al considerar el impacto acumulativo de decenas o incluso cientos de operaciones mineras en zonas arqueológicas sensibles”, afirmó.

Líneas de Nazca. Una fotografía difundida por el gobierno peruano muestra la figura de un felino en la ladera de una colina en Nasca, Perú. Ministerio de Cultura.

El territorio afectado pertenece a un sitio catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí se encuentran los célebres geoglifos de Nazca, grabados en el desierto hace milenios, dentro de uno de los ecosistemas más delicados del país.

Desde la UNESCO se informó a The Associated Press que Perú no ha comunicado oficialmente ninguna modificación en los límites del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. La organización solicitará información adicional a las autoridades pertinentes.

El abogado ambientalista César Ipenza, quien ha seguido de cerca esta modificación, explicó que la norma ya está en vigor y que implica una reducción superior a las 1.000 hectáreas en la zona de Nazca.

“Esto constituye un debilitamiento de la protección ambiental y cultural”, declaró Ipenza. “El Estado debería cumplir con sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales y no ceder ante intereses privados”. Ipenza y otros críticos consideran que esta medida forma parte de una tendencia a facilitar condiciones legales favorables a mineros, en su mayoría informales.

“Existe una alianza entre el Gobierno actual y los sectores mineros informales”, dijo. “El marco legal continúa flexibilizándose para beneficiarlos”.

El Ministerio de Cultura del Perú, que el pasado 30 de mayo oficializó la reducción del área protegida de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados, evitó responder consultas puntuales. En su lugar, remitió un comunicado en el que afirma que la decisión se sustenta en nuevos estudios arqueológicos y que no compromete la clasificación de la zona como Patrimonio Mundial ni su área de protección adyacente.

La cartera cultural reiteró su compromiso con la conservación del legado cultural mediante una administración regulada del sitio.

Un día después del anuncio, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, admitió que existen actividades mineras ilegales dentro del área protegida.

“Lamentablemente, la minería informal es una actividad presente en esta zona, pero la medida que hemos tomado no implica que se fomente ni que aumente la probabilidad de daños derivados de la minería informal. Eso no sucederá”, declaró.

Cuando se le pidió mayor precisión sobre estas actividades, respondió: “Hay algunos yacimientos mineros, pero no tengo información exacta sobre el tipo de mineral que contienen”.

El exviceministro Castro advirtió que la medida podría transgredir la legislación peruana vigente.

“Contraviene el artículo 5(h) de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que exige la protección del patrimonio arqueológico e histórico”, dijo.

Ipenza también criticó la medida, señalando que bajo el argumento de ajustes técnicos, el Gobierno estaría facilitando la ilegalidad.

“Es vergonzoso olvidar a nuestros ancestros y nuestro patrimonio, y encubrir decisiones que facilitan el camino a sectores que buscan imponer la ilegalidad, como la minería ilegal e informal”, dijo. “Esta decisión beneficia a esos grupos y perjudica a todos los peruanos”.

Fuente: Entre Líneas