Apurímac7/05/2025.- Se reactiva crisis. El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chalhuanca, Amilcar Escobar Vargas, solicitó al jefe del Frente Policial de Apurímac la presencia de 100 efectivos policiales para que brinden seguridad durante una inspección judicial programada para el viernes 9 de mayo en territorios de la comunidad campesina de Tapairihua, en la provincia de Aymaraes.
Lo preocupante de esta diligencia es que se realiza en un momento bastante complicado para los pobladores de la zona, toda vez que sostienen un conflicto social que arrastran varios años contra la empresa minera Southern Perú, propietaria del proyecto "Los Chancas".
Este mismo magistrado, admitió a trámite un habeas corpus presentado por los abogados de la empresa contra 28 dirigentes y pobladores de varias comunidades denunciados por impedir el paso de trabajadores y vehiculos a las instalaciones del campamento minero ubicado en el sector de Choccemarca.
El pasado 12 de marzo, pobladores de esta localidad iniciaron sus protestas con un paro preventivo de 72 horas. Desde entonces se organizaron diversas medidas de fuerza siempre exigiendo el retiro de la empresa de sus territorios comunales.
Para lograr que su protesta sea escuchada, pobladores de Huayao y comunidades aledañas bloquearon el acceso que conduce al campamento ubicado en el sector de Choccemarca, impidiendo desde entonces el paso de trabajadores y vehículos de la empresa.
El conflicto se agravaría la noche del 15 de marzo, cuando personas desconocidas prendieron fuego a las instalaciones del campamento reduciendo a cenizas todo lo había en el lugar.
Pese a infructuosos intentos, ningún funcionario y trabajador de la empresa ha podido ingresar a Choccemarca. El Ministerio Público tampoco pudo realizar la constatación de daños ocasionados debido a la férrea oposición de los pobladores.
En ese escenario de tensión y conflicto latente, el juez Escobar Vargas, dispuso la inspección judicial, sumándose a esta inestable situación, la demanda interpuesta por la empresa contra 28 pobladores por grave afectación al derecho a la libertad de tránsito. Entre los denunciados se encuentran:
- Tito Tapia Pérez
- Esteban Zamalloa Tapia
- Santos Pérez Tapia
- Jorge Soria Tinco
- David Tapia Vargas
- Pablo Cruz Salazar
- Aladino Quino Peláez
- Víctor Félix Serrano Retamozo
- Jorge Torres Fuentes
- Edgar Soria Taype
- Janin Salazar Vargas
- Mario Soria Salinas
- Santiago Soria Serrano
- Iván Ovalle Escalante (abogado)
- Damiano Obispo Salinas Serrano
- Hernán Salazar Vargas
- Víctor Tapia Torres
- Román Salinas Jiménez
- Fermín Retamozo Chacón
- Mavel Retamozo Chacón
- Vicente Camargo Challque
- Luciana Camargo Challque
- Pilar Vargas Terraza
- Sebastiana Carpio Tapia
- Jorge Alejandro Tapia Carpio
- Ruth Pacco Huamán
- Rosalio Torres Galiano
- Jorge Washington Tapia Torres
A raíz de esta nueva acción judicial, el presidente de la comunidad campesina de Tapairihua, Tito Tapia Pérez, denunció hostigamiento por parte de autoridades judiciales y la empresa minera, señalando que ya enfrenta más de diez denuncias es los últimos meses. “Hay un ensañamiento evidente. Pero la lucha continuará, vamos a defender nuestras tierras hasta la muerte”, declaró con firmeza.
El dirigente reafirmó que la comunidad no está dispuesta a vender ni ceder territorio alguno a la empresa minera. “No permitiremos el ingreso de Southern a nuestras tierras. Nuestra decisión es firme”, sentenció. (P.P.D)
