Apurímac.-  El dictador peruano Alberto Fujimori tendrá exequias como las de un presidente en funciones, con tres días de luto nacional y banderas a media asta, pese a que cumplió solo 17 de la condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, estaba en un juicio por una masacre de seis campesinos en 1992. 

Asimismo, adeudaba 15 millones de dólares al Estado por tres delitos de corrupción y la Corte Suprema de Chile tenía pendiente de aprobar la ampliación de extradición por varios otros crímenes, como las miles de esterilizaciones forzadas a mujeres campesinas, pobres y quechuahablantes durante su Gobierno, en la década de los años 90.

El autócrata ha fallecido el miércoles a los 86 años, por complicaciones derivadas de la reaparición de un cáncer en la boca, del que se había curado en 2008. Llegó a la presidencia en 1990 como profesor universitario e ingeniero agrónomo, ganando en la segunda vuelta electoral al escritor Mario Vargas Llosa. Dio un autogolpe de Estado en 1992, cerró el Congreso, intervino el Ministerio Público y el Poder Judicial para luego usarlos a su favor, y gobernó con los tanques al lado.

En 1993, aprobó una Constitución que cambió el modelo económico para producir una reforma neoliberal: privatizó las empresas públicas, cientos de miles de trabajadores perdieron sus empleos, anuló derechos laborales, y el régimen persiguió a los líderes sindicalistas por resistirse a las reformas. El "sálvense quien pueda" y la lógica individualista prevalecieron mientras sus ministros de economía intentaban que el FMI reconsiderara a Perú como un país "elegible".

Huyó de Perú a Asia en noviembre de 2020, tras una re-reelección fraudulenta e ilegal, al haber quedado en evidencia —mediante vídeos— la corrupción de su gobierno, coludido con su entonces asesor Vladimiro Montesinos, jefe de facto de las fuerzas armadas.

Fujimori postuló al senado mientras vivió en Japón y viajó a Chile pensando que la extradición no lo alcanzaría. En 2007 fue extraditado y en 2009, condenado por autoría mediata de los asesinatos cometidos —en masacres de 1991 y 1992— por el Grupo Colina, destacamento del Ejército que creó su gobierno. En la práctica, era un comando de aniquilamiento al que Fujimori y Montesinos respaldaron mientras tuvieron el poder.

Los líderes de Fuerza Popular, el partido fujimorista que lidera su hija mayor Keiko Fujimori, quieren que el difunto sea recordado como un "héroe pacificador" porque "derrotó el terrorismo". Lo mismo ocurre en el empresariado. Pocas horas después del fallecimiento de Fujimori, la patronal que respalda a Fujimori desde los años 90, la Confiep, se pronunció.

"En balance, destacamos el trabajo del exmandatario en la lucha contra el terrorismo, el impulso de la economía, el control de la hiperinflación, la creación de las bases para la reducción de la pobreza, la reinserción del Perú en el escenario global", tuiteó el gremio.

Sin embargo, esa es una versión muy parcial. Después del autogolpe del 5 de abril de 1992, la lucha contra el terrorismo se convirtió en el pretexto y el paraguas para que las fuerzas del orden cometieran numerosos casos de violación de derechos humanos y detuvieran arbitrariamente a miles de personas bajo la imputación falsa de "terrorismo". 

Las víctimas fueron opositores, ciudadanos de a pie, estudiantes universitarios, o campesinos y trabajadores sindicalizados que incomodaban a los empresarios aliados de la dictadura.

El suyo fue además un régimen corrupto: traficaron armas a las FARC, usaban las compras de equipamiento de las fuerzas armadas para negocios millonarios. El poderoso asesor Montesinos compraba las líneas editoriales de los medios con fajos de dólares, o también compraba a jueces, fiscales, congresistas. 

Todo eso quedó grabado en cintas de VHS, un aparato para reproducir vídeos. En septiembre de 2000, uno de los vladivídeos fue transmitido en televisión de cable y empezó a despedazarse el orden autoritario. Fujimori huyó de Perú a Asia en noviembre de ese año, con el pretexto de una Cumbre de APEC, cuatro meses después de una re-reelección fraudulenta e ilegal, al haber quedado en evidencia la corrupción.

Fujimori postuló al senado mientras vivió en Japón y viajó a Chile pensando que la extradición no lo alcanzaría. En 2006 fue extraditado y en 2009 fue condenado por autoría mediata de los asesinatos cometidos en dos masacres, en 1991 y 1992, por el Grupo Colina, destacamento del Ejército que creó su gobierno.

Poco después de la irregular excarcelación de diciembre de 2023, Fujimori volvió al banquillo de los acusados, en audiencias por Google Meet. En el juicio oral del caso Pativilca, por el asesinato en 1992 de seis campesinos en una región al norte de Lima, estaban acusados el exgobernante, Montesinos y miembros del Grupo Colina. 

La causa contra él será archivada por su muerte, pero continuará contra los otros acusados. El juicio por el tráfico de armas a las FARC y otro por la entrega ilegal de 800.000 dólares de fondos públicos a un empresario para la compra de tierras, correrán el mismo destino.

Gloria Cano, abogada de los deudos del caso Pativilca, destacó que estaban pendientes otros juicios orales, pues faltaba que el pleno de la Corte Suprema de Chile ampliara la extradición de Fujimori para otros casos.

"Algunos de esos son el caso "Sobres bomba" del asesinato de la periodista Melissa Alfaro, o el secuestro y homicidios de la familia Ventocilla (seis personas)", detalló Cano, directora de la ONG Aprodeh, quien ha litigado desde la década pasada contra los abogados de Fujimori y del Grupo Colina, patrocinando a víctimas del régimen fujimorista.

"[La demora se debe a que]Después de haber pasado años, el Ministerio Público ha esperado en muchas ocasiones tener los casos en juicio oral o listos para juicio oral, para recién llevarlos al Poder Judicial a que la Corte Suprema peruana acepte y continúen los trámites en el Estado. Durante este gobierno, en los dos últimos años no han hecho nada, pero en años anteriores ha sido la desidia, la falta de actividad de los que tienen que tramitar esas ampliaciones de extradición", sostiene la abogada.

La madre de la periodista Melissa Alfaro, Norma Méndez, difundió un mensaje la noche del miércoles, debido a la frustración del proceso legal. "Muchos familiares quedamos sin obtener justicia por el asesinato de nuestros hijos, hermanos, padres, madres. la lista es grande. El gran obstáculo de tener que solicitar su extradición para sentarlo en el banquillo de los acusados y la desidia e indiferencia de los gobiernos de turno, no permitió incluirlo en el caso de mi hija. Como madre de Melissa Alfaro, asesinada con un periódico bomba durante su gobierno, su muerte no me entristece, me duele, pues otro implicado en el caso ha muerto luego de 33 años sin llevarlo a juicio. Es una vergüenza que este gobierno servil y corrupto lo quiera despedir con honores, burlándose del dolor de tantas familias", expresó Norma Méndez en la cuenta de Instagram de un familiar.

De las varias otras cuentas con la justicia que Fujimori deja pendientes, el historiador José Ragas, enfatiza en el de las esterilizaciones forzadas.

"De todos estos casos -todos muy importantes y algunos trágicos-, destacó el de esterilizaciones forzadas, que abordé en mi libro "Los años de Fujimori". Se trata de un proceso único en Perú, pero no extraño a otros países, donde cientos o miles de mujeres fueron esterilizadas en los años 90 como parte de un programa estatal para la reducción de la pobreza. Se trataba de mujeres pobres, engañadas a veces con comida, para acceder a la ligadura de trompas", recuerda el profesor universitario e investigador.

"La evidencia es que se hizo de manera sistemática, abusiva y en condiciones insalubres que puso en riesgo la salud de varias mujeres y dejó numerosas secuelas. El que la Corte Suprema de Chile incluyera este proceso demuestra su relevancia así como lo dilatado en hacer que las víctimas y sobrevivientes consigan llevar a juicio lo ocurrido con ellas. Y esto no solo fue responsabilidad de Fujimori sino de una red de funcionarios y mandos altos, medios y bajos (enfermeros y personal de salud) que participaron activamente en esta campaña", agrega Ragas, docente en la Universidad Católica de Chile.

Para Ragas, Fujimori deja "un legado de impunidad" y afecta "no solo a la memoria de las víctimas y a los deudos en busca de justicia, sino a la legitimidad del sistema judicial y de las fuerzas políticas para que estos casos puedan haber sido llevados a investigación y juicio en el tiempo adecuado.

Según el historiador, son variados los factores que impidieron que la justicia llegue antes de la muerte de Fujimori: "Desde el entorpecimiento deliberado por parte de los involucrados para atender las solicitudes de la justicia, la huida y fallecimiento de estos por el tiempo transcurrido, la destrucción intencional —o no— de evidencia clave así como protección política para que estos casos no caminen".

El fujimorismo gobierna en la actualidad, aunque quien pone el rostro en Palacio de Gobierno es Dina Boluarte. Entre julio y agosto ese partido político y sus aliados han aprobado normas que favorecen a la hija mayor de Fujimori, Keiko Fujimori, enjuiciada por organización criminal y lavado de activos, entre otros delitos. El Congreso aprobó una modificación a la tipificación de crimen organizado que es útil para los fujimoristas que afrontan juicios o para otros políticos del régimen a quienes la Fiscalía investiga por corrupción y organización criminal.

Fujimori deja atrás un legado de impunidad, que afecta no solo a la memoria de las víctimas y a los deudos en busca de justicia, sino a la legitimidad del sistema judicial y de las fuerzas políticas para que estos casos puedan haber sido llevados a investigación y juicio en el tiempo adecuado. 

Hubo muchos factores que impidieron esto y que se extienden a la diversidad de casos en los que estuvo implicado: desde el entorpecimiento deliberado por parte de los involucrados/as para atender las solicitudes de la justicia, la huida y fallecimiento de estos por el tiempo transcurrido, la destrucción intencional (o no) de evidencia clave así como protección política para que estos casos no caminen.

De todos estos casos —todos muy importantes y algunos trágicos—, quisiera destacar el de esterilizaciones forzadas, que tuve oportunidad de estudiar con detenimiento para mi libro "Los años de Fujimori". Se trata de un proceso único en Perú pero no extraño a otros países (EEUU, por ejemplo), donde cientos o miles de mujeres fueron esterilizadas en los años 90 como parte de un programa estatal para la reducción de la pobreza.

Se trataba de mujeres pobres, engañadas a veces con comida, para acceder a la ligadura de trompas. La evidencia que tenemos es que se hizo de manera sistemática, abusiva y en condiciones insalubres que puso en riesgo la salud de varias personas y dejó numerosas secuelas.

Que la Corte Suprema de Chile decidiera incluir este proceso demuestra su relevancia así como lo dilatado en hacer que las víctimas y sobrevivientes consigan llevar a juicio lo ocurrido con ellas. Y esto no solo fue responsabilidad de Fujimori sino de una red de funcionarios y mandos altos, medios y bajos (enfermeros y personal de salud) que participaron activamente en esta campaña.

Fuente: Público