(Lunes 11/09/2023).- La Fiscalía amplió por 45 días el plazo de las investigaciones preliminares que realiza a la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas ciudadanas que rechazaban su Gobierno en diciembre del 2022 y enero de este año.

La mandataria enfrenta cargos de asesinato, lesiones y genocidio desde enero. Su jefe de gabinete, Alberto Otárola, y otros ministros y exministros también son investigados.

El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos y miembro del Instituto de Defensa Legal, explicó que esta prórroga se debe a que, desde un inicio, se consideró que esta sería una investigación compleja y se dio un tiempo de ocho meses de indagación, que ya están por culminar. Aclaró que se investigan los casos de fallecidos en las manifestaciones en Andahuaylas, Arequipa, Junín, La Libertad, Ayacucho, Cusco, Puno y Lima.

Además, el abogado sostuvo que la Fiscalía amplió este plazo porque todavía faltan declaraciones de testigos, familiares de las víctimas y de funcionarios del Gobierno, como el ministro del Interior, Vicente Romero.

Rivera indicó que también están pendientes manifestaciones del comandante general del Ejército, Manuel Gómez de la Torre; y del exjefe de la Séptima Región de la Policía Nacional en Lima general Víctor Zanabria.

Asimismo, destacó que lo que corresponde en este nuevo periodo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas envié a la Fiscalía los planes operativos ejecutados en Ayacucho el 15 de diciembre. Hasta el momento, la institución castrense no ha remitido esta documentación, bajo la justificación de que se trata de información secreta.

Lo mismo debería ocurrir con las acciones estratégicas de la Policía, realizadas en los demás departamentos del país donde ocurrieron las muertes.

“Esa información es muy importante y es necesario que la Fiscalía la tenga. Por eso, me parece que es correcto que haya ampliado el plazo de la investigación”, comentó Rivera.

La Fiscalía ha solicitado judicialmente estos elementos y hace tres días se hizo la audiencia en la Corte Suprema que determinará que esos documentos no tienen carácter de secreto. Por lo tanto, el Ejército y la Policía tendrán que entregarlos.

El último jueves 7, Boluarte culpó a los propios manifestantes de ser los causantes de las decenas de muertes en los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Lo hizo en su discurso en la zona de Pichanaki, en Junín, cuando varios ciudadanos del lugar la rechazaron y recibieron con gritos de “asesina”.

“A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo: ‘Dina asesina’. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras: ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? ¡Fueron ellos mismos!”, adujo Boluarte entre gritos.

Raúl Samillán, hermano de Marco Samillán, enfermero asesinado en Juliaca en enero cuando ayudaba heridos, cuestiona estas palabras y llega a calificar a la mandataria de psicópata.

“Nosotros lo que sentimos hacia esa persona es un odio profundo porque, después de tantas evidencias, no puede salir a decir que entre nosotros nos hemos matado. Eso no tiene ningún fundamento. Eso nos incomoda y molesta a cada uno de los familiares. Esa señora prácticamente tiene trastorno de personalidad, es una psicópata”, dijo Samillán a La República.

Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban, dijo sentir pena de que la presidenta Dina Boluarte tome las muertes en las manifestaciones “a la ligera y sin ningún respeto”.

“Nosotros como familia y, creo, los demás deudos jamás la hemos amedrentado, simplemente queremos que sea responsable”, afirmó.

Informó que, en el proceso de investigación de la Fiscalía por el asesinato de su hermano, de 100 policías investigados solo han quedado cuatro como los presuntos homicidas.

Fuente: La República