(jueves 30/03/2023). En Tacna, una menor de 16 años observa a su abusador recorrer las instalaciones del colegio Manuel Calvo Flores a pesar de que el sujeto cuenta con una denuncia e investigación en proceso por violencia sexual. Ha pasado más de un año desde la acusación de la menor, pero el docente solo obtuvo una sanción temporal de dos meses. Ante una sociedad machista, la directora excusa la medida en que los involucrados “no se encontrarán” debido a la amplitud de la escuela. 

Este caso se incluye entre las 6.179 denuncias contra el personal educativo por violencia sexual reportadas en los últimos 10 años. Pero el enorme número se diluye en los procesos disciplinarios, ya que las penalidades son mínimas o se revocan ante el Tribunal de Servir. Esta situación pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. 

Muchas denuncias, pocas sanciones

Los datos de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación revelan que las denuncias mantienen un incremento sostenido en lo que respecta a violencia sexual. Solo en 2022, hubo casi 1.500 reportes, la mayoría corresponden a hostigamientos y tocamientos indebidos.

Cabe mencionar que, durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, los registros sufrieron una disminución considerable, aunque igual existió casos de violencia sexual. Precisamente, uno de ellos fue el de la adolescente de Tacna, quien denunció a su profesor en octubre de 2021 luego de que él acudiera a su vivienda cuando se encontraba sola. 

A partir de que la madre supo del delito, la denuncia se realizó a través de la comisaría —posteriormente, recaería en Fiscalía— y en la institución educativa. En el Ministerio Público, la investigación sigue su proceso, aunque el imputado no acude a rendir sus declaraciones.  

Mientras tanto, hay una preocupante incidencia con el accionar de la escuela y la UGEL, ya que aplicaron una sanción menor. El maestro solo fue suspendido de manera temporal sin goce de haber por dos meses, después estuvo habilitado para continuar en la enseñanza, según sostiene la abogada del caso, Cecilia Sánchez. 

En esas circunstancias, una revisión a la base de datos de SíseVe revela que el reporte figura como cerrado y atendido; es decir, es un proceso culminado y subsanado. Pero la realidad es que la víctima tuvo que toparse con su presunto abusador. Él ahora ha pedido licencia sin goce de haber para rehuir de las acusaciones. 

Esa situación es sintomática a nivel nacional. La cifra de procesos disciplinarios por violencia sexual es drásticamente menor al número total de reportes de la plataforma del Ministerio de Educación. 

La responsabilidad de castigar estos actos de violencia recae en las direcciones regionales de educación (DRE) o unidades de gestión educativa (UGEL), conforme lo establece la Ley de Reforma Magisterial. Dicho procedimiento se realiza mediante la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios contra Docentes, que suele observar faltas graves o muy graves. Sin embargo, por la complejidad, el proceso suele demorar incluso hasta un año después de ocurrida la denuncia.

Fuente: La Republica Data