Afirmó que solicitará en Junta de Portavoces exonerarlo del debate en comisión y se discuta en el pleno.
La Administración ha alegado que matricular a estos estudiantes "fomenta la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino (PCCh) en su campus".
El Ejecutivo ha modificado la cantidad de servicios que deberán garantizar una prestación mínima, algo que "ya fue declarado inaplicable por inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo".