Apurímac, 19 septiembre 2025.- La reciente solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, para cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular ha provocado una airada reacción de sus representantes en el Congreso. 

En lugar de llamar a la reflexión sobre el contenido de la acusación —por presunta “conducta antidemocrática” y vulneración de derechos fundamentales—, el fujimorismo optó por intensificar el enfrentamiento.

El vocero de la bancada y actual vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró que su partido es objeto de una persecución política por parte del Ministerio Público. “Nos persiguen porque Fuerza Popular es una agrupación con decisión, que lucha contra los delincuentes y terroristas”, declaró acompañado por otros miembros de su bancada en una conferencia desde el Parlamento.

Rospigliosi acusó a la fiscal Espinoza de tener una línea “pro delincuencia y pro terrorista”, al señalar que promueve investigaciones contra militares y policías a través de fiscalías de derechos humanos. “Ha demostrado una política orientada a perseguir a quienes derrotaron al terrorismo en los años ochenta y salvaron al país de una dictadura entre 2022 y 2023”, dijo.

Sin embargo, el tono elegido por el legislador ‘naranja’ ha generado cuestionamientos. En lugar de responder con ponderación a una grave acusación institucional, el partido optó por descalificar a la titular del Ministerio Público. “Esta señora está desquiciada y debe ser apartada de un cargo tan importante”, sentenció Rospigliosi.

En un momento en que se exige responsabilidad política y respeto al equilibrio de poderes, Fuerza Popular parece más enfocado en defender su posición partidaria, que en contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Fuente: Lima Gris