En otro operativo también se logró incautar una tonelada de estupefacientes que era trasladado por el rÃo Napo.
	          
	La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, puso en marcha el Plan de Operaciones ‘Sarayacu’, en el río Inambari, departamento de Madre de Dios, logrando incautar y destruir material utilizado para la minería informal.
Tras ubicar el área depredada se procedió a cercar el lugar y posteriormente incinerar todo lo encontrado, lo cual estaba valorizado en casi 2.5 millones de soles.
	
Entre lo incautado se destaca tres cargadores frontales, una retroexcavadora, 780 galones de combustible (D2), 21 motores de minería, cinco generadores eléctricos, dos embarcaciones tipo peque, dos embarcaciones con motor fuera de borda 60 HP y una embarcación con motor fuera de borda 40 HP.
	
Además de 17 bombas de succión, ocho baterías, 16 tolvas, 16 balsas carrancheras, 17 caballetes, una traca, 340 metros. de manguera, 52 paños de alfombra, y cinco campamentos mineros completos.
	
El operativo contó con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano.
	
Un día antes, la Marina de Guerra realizó otro exitoso operativo de control fluvial interviniendo dos embarcaciones de madera tipo peque peque en los que trasladaban cerca de una tonelada de estupefacientes.
	
Las unidades se encontradas acoderadas a la ribera del río Napo, en inmediaciones del distrito de Mazán, provincia de Maynas, en la región Loreto, donde hallaron numerosos sacos de plástico y envoltorios.
	
Tras el hallazgo de la ilícita mercancía fue ordenado el traslado a la ciudad de Iquitos, poniendo las unidades a disposición del Ministerio Publico para las investigaciones correspondientes.
	
Fuente: La República
	
El proyecto de ley fue presentado por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. Pretende modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal.
Actualmente enfrenta una sentencia por delito de corrupción. En mayo de 2024, el Poder Judicial la condenó a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, además de inhabilitarla por cinco años para ocupar cargos públicos, debido a su responsabilidad en un caso de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.