Apurímac, 22 noviembre 2026.- El peso de la investigación de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y el Ministerio Público contra cinco personas detenidas el jueves 19 de noviembre, por presuntamente pertenecer a una organización terrorista recae en declaraciones, cartas e informes proporcionados por un agente especial, identificado con el nombre clave de “Carlos Campos”.
Un análisis de OjoPúblico al auto de detención emitido por el juez Abel Ángel Centeno Estrada, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, halló que el agente especial proporcionó más del 60% de las evidencias propuestas por el Ministerio Público en el caso.
La revisión no identificó otros testimonios que corroboren o contrasten los 144 elementos de convicción utilizados para sustentar la detención preliminar por 15 días de Pedro Mosqueira Velásquez, Libia Tatiana Arcila Villa, Brenda Denisse Mejía Sinarahua, David Eraclides Tapullima Upiachihua y Polidoro Tapullima Upiachihua en el operativo denominado Centinela 2026 que se desarrolló en Lima, Urcos (Cusco) y Tarapoto (San Martín).
De los 144 elementos de convicción que el juez Centeno Estrada tomó en cuenta para dictar la resolución que autorizó las detenciones preliminares por presunta afiliación a la denominada Organización Terrorista Túpac Amaru (OTA), 96 (66,67%) tienen como fuente al agente especial; seis (4,17%) corresponden a comunicaciones anónimas y los 42 restantes (29,17%) a pericias de la Dircote.
El análisis muestra que estos elementos tienen como origen 53 pruebas. Esto ocurre porque una misma prueba puede ser utilizada como elemento de convicción para sustentar hechos atribuidos a diferentes investigados.
Dichas pruebas corresponden a 21 informes de la Dircote, 16 actas de reconocimiento, siete cartas, cuatro declaraciones, cuatro actas de visualización y conservación y un documento de fuente anónima.
Entre los elementos de convicción se encuentra un video de 54 segundos, detectado en redes sociales en abril de 2025, que marcó el inicio de la investigación de la Dircote, la cual derivó en las cinco detenciones.
De acuerdo con el documento fiscal Nº 18 de incorporación de investigados, del 13 de octubre de 2026, durante sus labores de “patrullaje virtual”, un equipo policial detectó en redes sociales una grabación que mostraba fotografías y videos de personas encapuchadas exhibiendo armas. La secuencia termina con una mujer que sostiene una escopeta de cañón largo y hace un llamado a la “insurgencia popular”.
Tras 19 meses de investigación en etapa preliminar, el fiscal provincial Luis Enrique Valdivia Calderón, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, solicitó la detención preliminar de diez personas. Sin embargo, el juez Abel Centeno Estrada autorizó la medida solo para cinco de ellas.
Pedro Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo, y Brenda Mejía Sinarahua, cuyo nombre artístico es Brenda Jah, son dos músicos vinculados al activismo cultural. Durante su intervención en Cusco, Pedro Mo rechazó el uso de armas y violencia. Indicó ser miembro de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, un colectivo que desarrolla actividades culturales y eventos comunitarios. Por su parte, Brenda Jah, rapera y activista cultural dedicada al hip hop, fue detenida en el Centro de Lima.
En la ciudad de Tarapoto, se detuvo a los hermanos Polidoro Tapullima Upiachihua y David Eraclides Tapullima Upiachihua, padre y tío, respectivamente, de la diputada Jacqueline Tapullima, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. También fue detenida la ciudadana colombiana Libia Arcila Villa.
No se identificaron otros testimonios que corroboren o contrasten los 144 elementos de convicción utilizados para sustentar la detención preliminar.
Los otros cinco investigados, para quienes no se ordenó la detención preliminar, son Pepín Jaime Alvarado Olivares, Jeremy Alfhayet Legua Mayhuasca, Luis Alberto Gordon Iglesias, Luis Roberto Villar Gamboa y Alan Tentets Pijuch.
La Fiscalía investiga a los diez implicados por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de afiliación a organizaciones terroristas.
Para sustentar esta imputación, el Ministerio Público describe cuatro hechos: presunta participación en actividades de adoctrinamiento político y entrenamiento militar en comunidades de San Martín durante 2024 y 2025; un supuesto intento de sabotaje ferroviario en julio de 2023; la presunta afiliación a la Organización Terrorista Túpac Amaru a través de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca y el Frente Democrático del Pueblo; y la supuesta participación de David Tapullima en un entrenamiento militar realizado en 2024 en la comunidad nativa de Shimpiyacu.
Parte de la investigación fiscal se sustenta en información proporcionada por el agente especial Carlos Campos, quien figura en 15 actas de reconocimiento, siete informes y cuatro declaraciones incorporadas a la carpeta fiscal 527016305-2025-47-0.
Según la hipótesis fiscal, las organizaciones Escuela Rebelde Saturnino Huillca y el Frente Democrático del Pueblo formarían parte de la Organización Terrorista Túpac Amaru. Su función es “la formación político-ideológica”, “captación de cuadros” y “adoctrinamiento”. La investigación también menciona a otros colectivos, como Sikuris Unificados Contra la Dictadura, Runa Taki, Hijos del Perú, Corriente Amaru y Colectivo Libertad.
Los cuatro hechos atribuidos
El primero de los cuatro hechos que, según la Fiscalía, vincularían a los investigados con actividades terroristas es su presunta participación en actividades de adoctrinamiento político-ideológico y entrenamiento militar en comunidades de San Martín en 2024 y 2025. En esta imputación están comprendidos Pedro Mosqueira, Libia Arcila y David Tapullima.
Entre las pruebas que aporta el agente especial figuran siete grabaciones de audio realizadas en 2026, según la disposición fiscal 18. Para identificar a las personas que intervienen en las conversaciones grabadas, la Dircote recurre al mismo agente especial. La carpeta fiscal no consigna pericias fonéticas adicionales, como homologaciones de voz.
Por ello, en la resolución que autoriza la detención preliminar, el juez ordena que se realicen pericias de identificación facial, somatológicas y/o antropométricas, pericias fonéticas-acústicas forenses y diligencias de corroboración de comunicaciones.
Según detalla el expediente, en los audios facilitados por el agente especial se escucha a personas que hablan sobre “fortalecer brazos de autodefensa”, “descripciones sobre el manejo de explosivos” y “el empleo operativo de armas de fuego”.
La Policía incluye en el expediente un documento anónimo titulado “Gente del MRTA entrenando”, fechado en diciembre de 2025, que describe entrenamientos militares realizados en la región San Martín y prácticas de instrucción en la playa La Cueva, en Ventanilla.
Posteriormente, el agente especial declaró que estos ejercicios buscaban impartir talleres de autodefensa a manifestantes alojados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante las protestas de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte.
A esta imputación también se incorporó el video difundido en redes sociales que dio origen a la investigación. El agente especial declaró ante la Policía que tres de las personas encapuchadas que aparecen en las imágenes serían Pedro Mosqueira, Libia Arcila y David Tapullima. Sin embargo, la documentación revisada no describe otras diligencias dirigidas a verificar esas identidades.
El expediente incluye el informe pericial de antropología forense 1366/2025, que concluye que “la exhibición de armas como un mensaje de confrontación armada y considera que las expresiones finales del video manifiestan una intención de compartir y continuar la ideología del MRTA”.
El segundo hecho investigado es el presunto intento de sabotaje de la vía férrea de Chosica en julio de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Boluarte. El Ministerio Público atribuye esta acción a Jeremy Alfhayet, Brenda Mejía Sinarahua, "Rumi" y Davis Cassani, a quienes identifica como integrantes de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca.
Según la declaración del agente especial, los investigados habrían pretendido cortar uno de los rieles del tren, a la altura del jardín botánico de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, “La Cantuta”, utilizando una máquina industrial.
Entre los documentos sobre este hecho, hay un acta de verificación de la Dircote realizada en la vía del tren y la denuncia anónima “Gente del MRTA entrenando”.
El tercer hecho comprende a todos los investigados y se refiere a la “presunta filiación a la Organización Terrorista Túpac Amaru, a través de una estructura de actuación vinculada a la Escuela Rebelde Saturnino Huillca y al Frente Democrático del Pueblo”.
La Fiscalía hace referencia a las actividades político-culturales de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca como acciones doctrinarias. Entre los documentos incorporados figuran propuestas para desarrollar actividades artísticas, educativas y comunitarias en colegios de Cusco y de pintura, compostaje y trabajo comunitario con municipalidades.
La Fiscalía hace referencia a las actividades político-culturales de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca como acciones doctrinarias.
Para esta imputación, entre los 144 elementos presentados, figura un audio nombrado como “REC 20250309 111205”, que, según el agente especial, corresponde a un adiestramiento táctico militar realizado en marzo de 2025 en la comunidad nativa de Shiricsacha, en San Martín. El archivo está acompañado de un informe que “describe enseñanza sobre explosivos, armas de fuego y tácticas de combate”.
La cuarta acción que el Ministerio Público atribuye a la pertenencia a una organización terrorista es la presunta participación de David Tapullima Upiachihua en un entrenamiento militar en la comunidad nativa de Shimpiyacu en 2024. El agente especial le atribuye la organización de esta actividad mediante cartas y declaraciones entregadas durante la investigación.
Respecto a la detención de Polidoro Tapullima Upiachihua y David Tapullima Upiachihua, familiares de la diputada Jacqueline Tapullima, OjoPúblico intentó comunicarse con la parlamentaria, pero no respondió a la consulta hasta el cierre de este informe. Fuentes de Juntos por el Perú explicaron que está afectada por la detención de sus familiares. “Es una situación complicada para ella ver a su padre así”, comentaron.
“Provengo de una familia que siempre ha estado vinculada a la lucha social (...). Mi padre fue uno de ellos hasta antes de perder su capacidad visual. Ese mismo legado lo viene continuando mi tío David, quien se ha abocado al acompañamiento de las comunidades nativas en San Martín”, indicó la diputada en un comunicado, el viernes 20 de noviembre.
El rol del agente especial
La abogada Mar Pérez explicó que un agente especial, como el identificado con el nombre clave de Carlos Campos, es un civil captado por la Policía debido a su cercanía con las actividades investigadas.
“Lo designa la Fiscalía a propuesta de la Policía. La parte denunciada puede pedir la disposición fiscal en la que se designa al agente especial y cuestionar la validez del procedimiento. Seguramente lo harán”, indicó a OjoPúblico.
De acuerdo con el artículo 341 del Código Procesal Penal, el agente especial es “captado debido al rol, conocimiento o vinculación con actividades ilícitas, a fin de establecer contacto o insertarse en la actividad de banda u organización criminal, proporcionando información o las evidencias incriminatorias”.
Mar Pérez consideró que el agente no ha indicado hechos precisos que demuestren la vinculación de la escuela Saturnino Huillca con actividades terroristas. “Lo que resulta arbitrario es la presentación de la escuela Saturnino Huillca como parte del aparato de una organización terrorista en base al dicho del agente especial de que tienen una estrecha relación con el MRTA, sin ningún elemento de corroboración adicional”, señaló.
Indira Rodríguez Paredes, abogada de Pedro Mosqueira, cuestionó que el testimonio del agente especial se considerara como una prueba en sí misma. “Tiene que haber elementos periféricos que evidencien que ese testimonio es real, porque si no, esta persona carece de veracidad en el proceso”, señaló en referencia al señalamiento hecho por el agente sobre la participación de Pedro Mosqueira en el video difundido en redes sociales.
“Hay pruebas morfológicas en las que se mide el grosor del cuerpo, la altura de la persona, etc. Y eso se hace con un peritaje”, indicó Rodríguez Paredes sobre las pruebas adicionales que pudo realizar la Dircote para comprobar la identidad de Pedro Mosqueira y determinar la participación del artista en los cargos realizados por el agente.
Indira Rodríguez Paredes, abogada de Pedro Mosqueira, cuestionó que el testimonio del agente especial se considerara como una prueba en sí misma.
La abogada también denunció que durante la detención de Pedro Mosqueira en Cusco se incumplieron varios protocolos que garantizan el acceso a la justicia. Según detalló, no se le informó sobre el delito por el cual lo detenían, no hubo fiscales presentes durante la intervención y no se les permitió el acceso a la carpeta fiscal. Ha presentado una apelación para reducir el tiempo de la detención preliminar.
Por su parte, Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), señaló que la declaración de un agente especial puede generar sospecha, pero no hay elementos suficientes que puedan justificar la detención. Considera que se está haciendo uso de una legislación para criminalizar toda forma de protesta, incluidas las manifestaciones artísticas.
El director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, cuestionó que, en muchos casos, la Policía construya pruebas a partir de las opiniones de los propios agentes. “Eso pasa con frecuencia en los casos de apología [al terrorismo] que ellos mismos construyen”, dijo a este medio.
Rivera sostuvo que, para formalizar la investigación preparatoria contra los presuntos implicados, el fiscal deberá conseguir mayores elementos de convicción. En su opinión, la declaración de un agente especial, sin pruebas adicionales que la corroboren, no sería suficiente para sustentar una medida cautelar ni para llevar el caso a juicio.
“En los procesos por terrorismo se permite [este tipo de testigos], pero si bien se podría admitir que se inicie una investigación policial con el solo dicho de un testigo, eso sería inadmisible no solo para un juicio, sino para una etapa de formalización de la investigación preparatoria. La Fiscalía está obligada a presentar otros elementos de corroboración del dicho del testigo”, indicó Rivera.
Los exjefes de la DINI
En el requerimiento del Ministerio Público, que postula más elementos que los 144 considerados relevantes por el juez para las cinco detenciones, figura una entrevista que realizó el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo, en Panamericana, el 3 de marzo de 2023, dos meses después de su renuncia a dicho cargo. En ella, asegura que la Escuela Rebelde Saturnino Huillca es una fachada del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“El MRTA, dentro de sus organizaciones de fachada y los remanentes que quedaron, se dedicó a acciones de organizaciones culturales que hacían representaciones teatrales, no desapareció”, dijo Liendo.
“Para este caso se menciona a una escuela Saturnino Huillca, con sede en Huaycán. Saturnino Huilca, un reconocido miembro, se supone, del extinto MRTA, toma nuevo protagonismo [...]. En el sector de Ate, toman la Carretera Central desde las cinco de la mañana; luego se retiran y se disuelven. Esto constituiría un indicativo grave, porque implicaría que esta ola de violencia organizada contra el Estado de derecho peruano estaría permitiendo que se activen nuevas células, lo cual es muy peligroso”, agregó.
Liendo O’Connor asumió la jefatura de la DINI el 19 de diciembre de 2022, en medio de las protestas sociales contra el Poder Ejecutivo y el Congreso, y renunció apenas dos semanas después, el 3 de enero de 2023.
No es la primera vez que Liendo realiza señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con organizaciones terroristas. El 15 de julio de 2023 aseguró en una entrevista que Puno era la segunda capital de Sendero Luminoso, después de Ayacucho.
Otro exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Max Anhuamán Centeno, también se pronunció públicamente sobre las detenciones y aseguró que las labores de inteligencia relacionadas con este caso comenzaron durante su gestión.
“Este trabajo no es de la noche a la mañana. Lo inicié cuando estaba a cargo de la DINI. Juntamos un equipo y comenzamos a trabajar. Desde el punto de vista de la inteligencia, llegamos a documentar este adoctrinamiento, ensayo con explosivos, todo debidamente documentado, hasta que ellos hicieron un video publicado en Facebook, en ese momento se tomó la decisión de convocar a la Dircote”, aseguró el viernes 20 de noviembre. Esta afirmación fue realizada tras las detenciones y no forma parte de los elementos de convicción analizados.
Cambios en el Código Penal
Este sábado 21 de noviembre, el gobierno de Keiko Fujimori publicó el Decreto Legislativo 1746 que crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte), que será administrado por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La inscripción de una organización en el Renocte podrá sustentarse en la formalización de una investigación preparatoria, la imposición de medidas de coerción personal o una sentencia condenatoria por el delito de organización criminal con prácticas terroristas.
También podrá realizarse por decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), sobre la base de información de inteligencia o seguridad nacional.
Para esta última vía de inscripción, el decreto establece tres criterios: que la organización tenga una estructura delictiva organizada y jerarquizada; planificación, ejecución o promoción de atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos, infraestructura esencial o actividades económicas; y que busque obtener un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.
El gobierno de Keiko Fujimori publicó el Decreto Legislativo 1746 que crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas.
La norma también incorpora el artículo 317-C al Código Penal, que establece penas de entre 15 y 35 años de prisión para quienes utilicen prácticas terroristas en el marco de una organización criminal con fines de lucro ilegítimo. El artículo 317 mantiene penas de entre ocho y 15 años por constituir o integrar una organización criminal.
Además, este decreto legislativo modifica la ley que regula la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y amplía sus facultades para congelar de inmediato los fondos o activos de las personas y organizaciones incluidas en el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte).
Esta facultad ya comprendía a quienes figuren en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió sobre el riesgo de que la norma se convierta en un “cajón de sastre” para incluir distintas acciones dentro de una organización criminal, “pero manteniendo a la PNP como titular de la investigación preliminar”, indicó a este medio.
El sábado 21 de noviembre, el Poder Ejecutivo aprobó además dos decretos que modifican la gestión del sistema penitenciario. El Decreto Legislativo 1745 transfiere al Ministerio de Defensa la responsabilidad sobre las inversiones en infraestructura penitenciaria, mientras que el Decreto Legislativo 1747 reorganiza el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y deja sin efecto su absorción por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
Los tres decretos legislativos fueron emitidos en el marco de las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Ejecutivo el 22 de octubre para legislar durante 90 días en materia de inseguridad ciudadana y del fenómeno de El Niño.
Fueron suscritos por el primer ministro Luis Galarreta Velarde, primer vicepresidente a cargo del despacho presidencial, durante el viaje de la mandataria Keiko Fujimori Higuchi a China y Japón, del 16 al 21 de noviembre.
Preocupación de relatores de la ONU
Tres relatores especiales de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por las detenciones de artistas y activistas en el Perú y advirtieron sobre el deterioro del espacio cívico en el país.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, cuestionó “la sospechosa creación de registros de supuestas organizaciones criminales tras la detención de artivistas”, escribió en su cuenta de X.
“Estoy preocupada por la estigmatización y criminalización de la que son víctimas estas personas al acompañar las luchas de las poblaciones campesinas y populares, a través del arte y las expresiones culturales”, señaló Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, advirtió sobre el cierre paulatino del espacio crítico en el Perú.
“Ahora se evidencia en las recientes detenciones de artistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. Las libertades de expresión (incluida la de expresión artística), de asociación, de reunión y el derecho a defender derechos humanos no pueden ser arbitrariamente coartadas”, sostuvo en su cuenta de X.
Al cierre de esta edición, la noche del sábado 21, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó de la detención de una estudiante que participaba en un plantón por la liberación de los cinco detenidos en el frontis de la Dircote, en el centro de Lima.
Fuente: Ojo Público