Apurímac, 15 octubre 2026.- La Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantiene una investigación contra la congresista demócrata Ilhan Omar —una de las voces más firmes de la oposición y fuerte crítica de las intervenciones bélicas de Washington—, con el objetivo de revocarle la ciudadanía y proceder a su posterior deportación a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato, según reveló el periódico The Wall Street Journal (WSJ).
El proceso indaga los registros migratorios de su familia tras su llegada a suelo norteamericano como refugiada somalí. La indagatoria, en la cual las autoridades han emitido más de 10 citaciones a familiares de la parlamentaria para declarar ante un gran jurado en Minnesota, trasciende pocos días después de que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscritos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ejecutaran una orden de registro en la residencia de la legisladora.
Durante el operativo, los funcionarios bloquearon los accesos viales y confiscaron cajas con pertenencias de Omar, entre las que figuran su pasaporte, teléfono móvil, computadoras personales y cuadernos de notas.
La congresista llegó a Estados Unidos en 1995 proveniente de un campo de refugiados en Kenia y obtuvo la naturalización en el año 2000. Los investigadores enfocan el caso en determinar si la parlamentaria o su fallecido padre modificaron la edad de ella en la documentación para registrar 17 años en lugar de 18 al momento de la solicitud formal.
El punto clave de las autoridades consiste en determinar si la edad declarada le permitió adquirir la nacionalidad de forma directa a través de su progenitor en lugar de tramitar un expediente independiente, aunque la muerte de su padre en 2020 dificulta la recolección de pruebas sobre la responsabilidad del registro de los datos.
Denuncias de maniobras fascistas y persecución política
Desde la oficina de la congresista calificaron la acción como una “escalada sin precedentes” de persecución política a escasas semanas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, donde la representante busca su reelección por el quinto distrito del Congreso de Minnesota. La representación legal de Omar rechazó el expediente al calificarlo como una acción infundada.
El medio estadounidense The Intercept calificó el allanamiento de la vivienda de la oponente política racializada como una maniobra de corte fascista a escasas tres semanas de los comicios electorales.
De acuerdo con el reporte del portal informativo, las acciones de la fuerza pública representan una escalada extremista enmarcada en una retórica de señalamiento contra las comunidades somalíes, ejemplificada en recientes publicaciones de Donald Trump en la red social Truth Social en las que llamaba a «contraatacar» en el estado de Minnesota.
El medio advirtió sobre la mutación funcional de la división investigativa del HSI, agencia que históricamente perseguía a traficantes de personas, narcotraficantes y criminales de guerra, pero que bajo la presente gestión se ha reorientado hacia la investigación de manifestantes y acusaciones de fraude migratorio.
Según el medio, este precedente envía una señal de vulnerabilidad e intimidación para la comunidad de ciudadanos naturalizados que ejercen oposición al régimen.
Antecedentes e implicaciones legales
De acuerdo con el WSJ, el caso ya había sido analizado por funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional durante el mandato de Joe Biden, instancia que descartó avanzar en la causa por falta de evidencia de fraude. Anteriormente, un organismo de control independiente del Congreso exoneró a la legisladora de irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.
Hasta el momento no se ha presentado una demanda formal en los tribunales para despojar a la legisladora de sus derechos civiles. Cualquier medida de revocación o expulsión del territorio estadounidense requiere de una resolución judicial firme, por lo que el desarrollo del proceso administrativo no invalida de forma directa su estatus legal.
Fuente: TeleSurtv
