Apurímac, 30 setiembre 2026.- Misógino empedernido. La regidora provincial Gloria Sierra Mendoza denunció al primer regidor de la Municipalidad Provincial de Abancay, José Domingo Miranda Espinoza por agresión psicológica y violencia contra la mujer tras la accidentada sesión del Concejo Municipal que tuvo lugar el viernes 25 de setiembre.
De acuerdo a lo manifestado, la regidora que cumple con su labor de fiscalización, afirmó que constantemente es intimidada y hasta discriminada por el regidor Miranda cuando solicita que se aborde y profundice en temas relacionados con la gestión municipal.
"Cuando se trataba sobre la donación al asilo de ancianos, solicité la revisión del informe a fin de que la transferencia económica no tenga observaciones, sin embargo, esto no le gustó al regidor Miranda, quien en forma amenazante me miraba y hacia gestos con palabras ininteligibles, dejando entrever una actitud intimidatoria y hasta discriminatoria contra mi persona", aseveró la regidora agraviada.
Sierra Mendoza afirmó que en ese lapso de tiempo solicitó al alcalde Raúl Peña -que dirigía la sesión de concejo-, requiriera al regidor Miranda para que ponga fin al hostigamiento, sin embargo, no le hizo caso.
"...la peor parte fue, cuando hice el comentario, ‘si así lo hace con las personas ajenas, cómo tratará a su esposa’, fue suficiente motivo para que de inmediato y señalándome con el dedo dijera en forma amenazante ‘ya vas a ver, te quiero ver afuera’...", agregó la también presidenta de la Comisión de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Abancay.
Otra denuncia más contra el "machito"
Tras el incidente, la regidora presentó denuncia ante la Comisaría de Abancay mediante acta de denuncia verbal y para lo cual en los siguientes días deberá acercarse a la dependencia policial con su abogado para brindar su testimonio.
Asimismo, dio a conocer que ya se ha puesto fecha para el reconocimiento médico legal y pericia respectiva por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de agresión psicológica.
Posteriormente, el regidor denunciado tendrá que acercarse al área policial que investiga el caso para sus declaraciones y descargo.
DATO
El artículo 365 del Código Penal peruano sanciona con pena privativa de libertad no mayor de dos años a quien, sin alzamiento público y mediante violencia o amenaza, impida a una autoridad, funcionario o servidor público ejercer sus funciones, le obligue a practicar un acto determinado o le estorbe en dicho ejercicio. (P.P.D)
