Apurímac, 25 agosto 2026.- La imagen resulta, cuando menos, incómoda para un gobierno que debería tener como regla la transparencia: una presidenta de la República que sostuvo reuniones con un empresario extranjero en un centro de masajes ubicado en La Victoria, lejos de los espacios habituales. Palacio de Gobierno debe responder qué se habló allí, quiénes participaron, qué intereses estuvieron sobre la mesa.
Según la información periodística difundida por el semanario Hildebrandt en sus trece, el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer, de 51 años, compartió reuniones con la presidenta Keiko Fujimori en el Spa Tomyko, ubicado en La Victoria. En una de sus reuniones Keiko ya había sido declarada presidenta electa.
El fantasma de Sarratea
El antecedente político inevitable es el caso de Pedro Castillo y las reuniones que sostuvo en una vivienda del jirón Sarratea, en Breña.
Aquellas reuniones provocaron una profunda controversia porque se desarrollaban fuera de Palacio de Gobierno y generaron dudas sobre quiénes tenían acceso al entonces presidente y qué asuntos se discutían al margen de los mecanismos habituales de transparencia.
La comparación no significa afirmar que ambos casos sean jurídicamente iguales. Pero existe una similitud política que no puede ignorarse: el riesgo de que el poder se desplace hacia espacios privados donde disminuyen los mecanismos de control y escrutinio público.
Por eso, la pregunta que debe responder el Gobierno de Keiko Fujimori es concreta: ¿el spa de La Victoria se convirtió en un espacio para tratar asuntos vinculados al Estado?
La ruta que debe seguir la investigación
El primer paso debería ser establecer si las reuniones fueron registradas en una agenda oficial. También debe determinarse quién coordinó el encuentro, quién acompañó a la mandataria, cuál fue su motivo y si existieron posteriores reuniones entre el empresario y funcionarios del Ejecutivo.
La investigación debería seguir una línea temporal: reunión, contactos posteriores, gestiones administrativas y eventuales decisiones del Estado. Ese recorrido puede ser mucho más revelador que la reunión misma.
Si después del encuentro aparecen gestiones ante ministerios, organismos públicos, autorizaciones, contratos, inversiones o decisiones administrativas vinculadas con los intereses del empresario, la controversia adquiriría una dimensión mucho mayor.
En ese escenario ya no estaríamos ante una cuestión meramente protocolar, sino ante la necesidad de determinar si existió una gestión de intereses.
¿Qué debe hacer el Congreso?
El Congreso debe investigar si el Spa Tomyko funciona como un “despacho paralelo” para la actual presidente Keiko Fujimori.
La Comisión de Fiscalización podría solicitar inicialmente la agenda presidencial, los registros de visitas, la información disponible sobre las personas que participaron en las reuniones y los documentos relacionados con eventuales gestiones posteriores.
También debería requerirse información sobre las empresas y actividades que representa el empresario argentino, así como sobre cualquier expediente o decisión administrativa que pudiera guardar relación con los asuntos tratados.
Si aparecen indicios suficientes, el Parlamento podría evaluar la conformación de una comisión investigadora con facultades específicas. El objetivo no debería ser construir una acusación política contra Fujimori, sino responder una pregunta institucional mucho más importante: ¿se está tomando alguna decisión de Estado fuera de los canales formales y sin la debida trazabilidad?
La reacción del Gobierno será determinante. Keiko debería explicar públicamente la naturaleza de estas reuniones y proporcionar la información que corresponda. Una respuesta basada únicamente en que la presidenta tiene derecho a la privacidad sería insuficiente. Recordemos que una de sus reuniones con el empresario argentino se dio cuando Fujimori Higuchi, ya había sido declarada presidenta electa.
El Gobierno tiene una oportunidad para despejar las dudas: transparentar las reuniones, identificar a los participantes, explicar los motivos y precisar si hubo alguna consecuencia administrativa o política posterior.
Pero si opta por minimizar los hechos, entregar versiones contradictorias o mantener en reserva información que debería ser pública, el costo político aumentará.
Porque el problema sería que una parte del ejercicio del poder se estaría trasladando deliberadamente a espacios privados donde resulta más difícil saber quién entra, qué se negocia y qué decisiones se toman. Y esa es precisamente la lección que dejó Sarratea.
La pregunta que importa continúa sin responderse: ¿qué asuntos de Estado se discutieron en ese spa de La Victoria y qué decisiones se tomaron después?
Fuente: Lima Gris
