Apurímac, 25 agosto 2026.- La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, quien fue en su momento presidenta del Congreso unicameral y, por breve tiempo, presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, es sumamente crítica de los primeros días del gobierno de Keiko Fujimori, por no mostrar al menos un rumbo claro para el país.
La actuación en el Congreso, la formación del Consejo de Ministros, el discurso de Luis Galarreta, entre otros son analizados en la siguiente entrevista. Además, alerta sobre la necesidad de tener una política clara y amplia sobre la minería ilegal y sobre la conservación del medio ambiente en general.
Por último, señala que entre las prioridades de su labor legislativa estará la fiscalización del manejo del mismo Congreso. Tras las dificultades para la instalación de la bicameralidad, se preguntó dónde están los millones que se destino para este fin.
¿Cuál es su evaluación del mensaje presentado por el premier y los ministros ante el Congreso? ¿Se puede distinguir un plan de acción claro?
El Primer Ministro y su gabinete se presentaron a exponernos la política general del gobierno para los próximos cinco años, pero presentaron un documento pequeño de 17 páginas con cinco ejes que solo contenían acciones muy puntuales y de corto plazo.
Por ejemplo, en seguridad ciudadana hablaron de controlar el tránsito de dos personas en motocicleta, la identificación de extranjeros irregulares o la entrega de vehículos a la Policía, pero eso no es una política de Estado. Necesitamos saber cómo se va a gestionar el país a largo plazo.
En gestión de riesgos de desastres seguimos con el enfoque militarista de los años 70 que delega la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, manejando las emergencias como hechos puntuales sin abordar las vulnerabilidades de la población.
Además, el discurso no recogió los anuncios de Keiko Fujimori en su mensaje a la nación, como el aumento de la remuneración mínima vital o programas sociales. Todo esto refleja improvisación y que no tienen claro qué hacer con el país.
También se han visto desacuerdos entre ministros. Y su designación resultó, en general, decepcionante. ¿Qué cree que motivó la designación de este gabinete?
Al principio parecía un pago de favores o alianzas, pero en realidad demuestra que este es un gobierno precario que no consigue cuadros preparados. El fujimorismo ha quedado aislado.
Construyeron un partido basado en el caudillismo de Keiko Fujimori sin renovar cuadros, y sus aliados tradicionales del sector empresarial ahora apoyan a otros grupos de derecha. Sin soporte técnico ni político, han echado mano de personas que se han ofrecido a mostrar lealtad absoluta.
Incluso hay marcadas grietas internas y falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que parecen actuar en compartimentos estancos bajo liderazgos paralelos. El propio Ejecutivo se está enredando con los candados legales que sus mismos partidarios promovieron desde el Congreso anterior.
¿Cómo está la situación en el Senado y qué posibilidades hay de revisar las llamadas «leyes procrimen»?
En la Cámara de Diputados la correlación de fuerzas permite prever que sí habrá consenso para derogar esas normas. Sin embargo, en el Senado nos encontramos con un escenario de paridad (30 a 30) donde el fujimorismo y Renovación Popular se resisten a la derogación.
El voto dirimente lo tiene el presidente del Senado (fujimorista), por lo que debemos buscar que algunos senadores tengan mayor criterio para frenar el blindaje a grupos criminales y autoridades investigadas.
Dentro del fujimorismo sigue primando la postura más dura e impulsora de la impunidad con el aval directo de Keiko Fujimori.
¿Cuáles son las prioridades suyas y de su bancada (Ahora Nación) en el Senado?
Apostamos por tres frentes: Primero, la institucionalidad, es decir, luchar por la objetividad e idoneidad en las elecciones clave que le corresponden al Senado, como los miembros del Banco Central de Reserva (BCR) y los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), además de impulsar denuncias constitucionales para evitar la impunidad de altos funcionarios.
En segundo lugar, exigir respuestas ante eventos climáticos como el Fenómeno del Niño y demandar una estrategia integral contra la criminalidad.
Y por último, la fiscalización del gasto parlamentario. Hemos solicitado un informe detallado sobre los millones de soles asignados a la implementación de la bicameralidad, dado que los senadores nos hemos encontrado con infraestructuras incompletas y falta de herramientas básicas de trabajo.
Asimismo, buscamos frenar el aumento desmedido del personal en el Congreso, proponiendo que las comisiones se cubran con personal de planta y se sometan a una auditoría institucional.
Respecto a la minería ilegal y la regulación en el país, pese a que a Ud. la acusan de ser antiminera, ¿Cuál debería ser el debate de fondo?
No se puede reducir el debate a un etiquetado de «prominero» o «antiminero», ni a la simple prórroga del Reinfo. Necesitamos ordenar la política minera nacional diferenciando la gran, mediana y pequeña minería de la minería ilegal.
Prolongar el Reinfo sin criterios técnicos solo ha generado mayor desorden y ha beneficiado a grandes redes de minería ilegal que mueven millonarias sumas y fomentan la criminalidad. Se requiere una legislación moderna e integral que reemplace el marco regulatorio vigente desde los años noventa.
Fuente: El Búho
