Apurímac, 13 agosto 2026.- El conflicto por la tarifa del transporte público en Arequipa escaló tras la notificación municipal que ordena reducir el pasaje a S/ 1.00 en seis empresas concesionarias del Sistema Integrado de Transportes. Ante esta medida, los trabajadores de los seis consorcios afectados iniciaron acciones de protesta y acataron una paralización del servicio.
Esto a raíz de la anulación del trato directo pactado a inicios de año que fijaba la tarifa en S/ 1.30, decisión que la alcaldesa Ruccy Oscco justifica en la falta de documentación requerida.
Por su parte, Patricia Velásquez, presidenta del Frente de Transportistas de Arequipa, rechazó tajantemente retornar a la tarifa anterior sin contar con un nuevo estudio técnico. La dirigencia sostuvo que el costo actual del combustible, cercano a los S/ 25.00, elevaría la tarifa técnica real a S/ 2.00.
Además, aseguraron que el gremio formal presentó las adendas correspondientes para respaldar el reajuste y exigieron al municipio transparentar la identidad de los especialistas que desestimaron el acuerdo previo.
En respuesta a la medida de fuerza, la alcaldesa provincial ratificó que no habrá marcha atrás en la decisión de fijar el pasaje en S/ 1.00. Personal municipal fiscalizó las unidades en sectores como el Puente Grau para colocar stickers informativos de la nueva tarifa.
Pese al malestar de varios conductores y el despliegue de movilizaciones hacia la sede municipal, la autoridad edil confirmó una mesa de diálogo formal únicamente con los representantes de las seis empresas concesionarias.
Crisis de rentabilidad y costos de operación
El gremio de transportistas formales advirtió sobre la falta de sostenibilidad económica del servicio con la tarifa de S/ 1.00. Según explicaron, los ingresos netos por vehículo cayeron de S/ 150.00 a un promedio diario de S/ 50.00 o S/ 60.00 debido al alza de los insumos operativos. Esta reducción complica el pago de las cuotas para renovar flota automotriz, cuyos costos oscilan entre los 70 mil y 90 mil dólares por unidad.
Asimismo, precisaron que el sistema formal asume obligaciones legales y operativas fijas, como la compra obligatoria de pólizas SOAT para vehículos fabricados a partir del año 2008.
Los representantes enfatizaron que el contrato inicial contemplaba únicamente dos años de etapa preoperativa, marco que ya superó los ocho años de vigencia sin una actualización realista frente al costo de vida actual.
Denuncias de informalidad y postura legal del municipio
Los transportistas reclamaron por un apoyo de funcionarios municipales al el sector informal, al que acusan de operar sin regulaciones y cobrar tarifas elevadas de S/ 2.50 a S/ 3.00.
El Frente de Transportistas demandó la erradicación de estas unidades no autorizadas y defendió que las adendas contractuales son herramientas válidas para adaptar las condiciones de servicio a la realidad económica de la ciudad.
Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Arequipa sostuvo que no incurrió en arbitrariedades y que actuó bajo el marco legal. Las autoridades señalaron que las empresas no cumplieron con los procesos ni con la entrega completa de los expedientes exigidos en el trato directo. Por esta razón, el municipio ratificó que no cederá ante la presión de las protestas e impondrá el cumplimiento estricto del pasaje a un sol.
Fuente. El Búho
