Apurímac, 2 agosto 2026.- El hambre en el siglo XXI no se explica principalmente por la falta de alimentos, sino por la incapacidad económica, política e institucional de garantizar que todas las personas puedan acceder de manera permanente a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva. 

El informe de las Naciones Unidas del 21 de julio de 2026 sobre "El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026" confirma que el hambre global disminuyó durante los últimos tres años; sin embargo, advierte que el avance sigue siendo frágil, desigual e insuficiente para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Hambre Cero en 2030.

En 2025, aproximadamente 645 millones de personas, equivalentes al 7,8 % de la población mundial, padecieron hambre. La cifra representa 14 millones menos que en 2024 y 43 millones menos que en 2022. No obstante, todavía supera el nivel previo a la pandemia y es cerca de 50 millones mayor que el registrado cuando se aprobó la Agenda 2030, en 2015.

El informe proyecta que entre 510 y 520 millones de personas podrían continuar padeciendo hambre en 2030, más de la mitad de ellas en África. Por tanto, alcanzar el Hambre Cero en el plazo previsto parece cada vez más improbable.

La aparente mejoría mundial esconde profundas desigualdades. En 2025, el hambre afectó al 20 % de la población africana, frente al 6 % en Asia y al 4,8 % en América Latina y el Caribe. África concentró 309 millones de personas subalimentadas y, por primera vez, superó a Asia como la región con el mayor número de personas que padecen hambre. 

América Latina mostró algunos avances. La subalimentación regional se redujo al 4,8 %, mientras que en América del Sur descendió al 3,5 %. Sin embargo, estos promedios ocultan realidades nacionales mucho más graves.

El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando se analiza la inseguridad alimentaria. Cerca de 2,100 millones de personas, es decir, el 25,8 % de la población mundial, experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. 

Esto significa que tuvieron que reducir la calidad, variedad o cantidad de sus alimentos consumidos. En consecuencia, dejar de ser clasificado estadísticamente como una persona hambrienta no significa necesariamente tener acceso a una alimentación adecuada.

El informe sitúa en el centro del debate el costo de una alimentación saludable. En 2025, alrededor de 2,692 millones de personas, equivalentes al 32,7 % de la población mundial, no podían cubrir dicho costo. En África, esta proporción alcanzó el 66,6 %, mientras que en América Latina y el Caribe fue del 25,7 %.

Este hallazgo obliga a cambiar el enfoque tradicional. El desafío no consiste únicamente en producir más alimentos, sino también en garantizar ingresos suficientes, mercados accesibles, infraestructura adecuada y sistemas de protección social que permitan adquirir productos nutritivos.

Puede existir abundancia en los supermercados y, simultáneamente, hambre en los hogares. El mercado abastece a quienes tienen capacidad de pago; el derecho a la alimentación, en cambio, debe proteger también a quienes carecen de ella.

En el caso peruano, el informe revela una contradicción difícil de justificar. El país posee una extraordinaria biodiversidad, una gastronomía reconocida internacionalmente y una agricultura familiar que sostiene una parte importante del abastecimiento interno. 

Sin embargo, durante el periodo 2023-2025, alrededor de dos millones de peruanos padecieron subalimentación, es decir, no tuvieron acceso habitual a la energía alimentaria necesaria para llevar una vida normal, activa y saludable.

Asimismo, 11,5 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. La inseguridad moderada implica incertidumbre sobre la posibilidad de obtener alimentos y obliga a reducir su calidad o cantidad. La inseguridad grave supone situaciones extremas en las que una persona puede pasar uno o varios días sin comer. En conjunto, este problema afecta aproximadamente a un tercio de la población nacional.

La situación es todavía más preocupante cuando se considera el acceso a una alimentación saludable. En 2025, el 34,8 % de los peruanos (cerca de 12 millones de personas) no podía costear una dieta saludable. 

Aunque este porcentaje disminuyó respecto del 45,9 % registrado en 2020, continúa más de diez puntos porcentuales por encima del promedio sudamericano, situado en 24,3 %. El costo diario de una dieta saludable en el Perú aumentó de 3,25 dólares, medidos en paridad de poder adquisitivo, en 2017, a 4,45 dólares en 2025. Esto representa un incremento cercano al 37 %.

El problema alimentario peruano no se limita a la falta de calorías. El informe estima que cerca de 300,000 niños menores de cinco años padecen retraso en el crecimiento; 1,9 millones de mujeres en edad fértil presentan anemia, y 7,1 millones de adultos sufren obesidad. La coexistencia de subalimentación, anemia y obesidad evidencia una triple carga nutricional: se come poco, se come mal y se consumen alimentos baratos, pero de escaso valor nutricional.

Detrás de estas cifras se encuentran la pobreza monetaria, la informalidad laboral, los bajos ingresos rurales, la débil articulación entre productores y mercados, las pérdidas de alimentos y la fragmentación de los programas sociales. El Perú no carece de diagnósticos; carece de continuidad, coordinación institucional y capacidad de ejecución.

La respuesta debe comenzar con una estrategia nacional vinculante de seguridad alimentaria, dotada de metas anuales, presupuesto multianual, indicadores verificables y responsabilidades claramente definidas.

Los programas de alimentación escolar, los comedores populares y las intervenciones de apoyo materno-infantil deben incorporar compras directas, transparentes y oportunas a los agricultores familiares. Estos programas no deben convertirse en instrumentos de clientelismo político, sino en mecanismos efectivos de protección social y desarrollo productivo local.

También resulta indispensable reducir los costos logísticos mediante carreteras rurales, centros de almacenamiento, cadenas de frío y mercados mayoristas regionales. La política agraria debe priorizar la asistencia técnica, el acceso al agua, el financiamiento a tasas razonables y los seguros frente a los riesgos climáticos.

Finalmente, la lucha contra el hambre exige empleos dignos e ingresos suficientes. Las transferencias sociales son necesarias durante las emergencias, pero ninguna política alimentaria será sostenible mientras millones de trabajadores permanezcan atrapados en la informalidad, los bajos salarios y la precariedad laboral.

El informe de 2026 muestra que el hambre mundial disminuye, pero no al ritmo necesario. Celebrar pequeñas mejoras mientras 645 millones de personas continúan subalimentadas significaría confundir el progreso estadístico con la justicia social.

En el caso peruano, los resultados son estremecedores: dos millones de personas padecen subalimentación, 11,5 millones enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave y cerca de 12 millones no pueden pagar una dieta saludable.

No se trata de una fatalidad natural, sino de las consecuencias de decisiones económicas, políticas y presupuestarias insuficientes. Un país que produce alimentos, exporta productos agrícolas y exhibe ante el mundo la riqueza de su gastronomía no puede aceptar que un tercio de su población viva bajo inseguridad alimentaria.

Erradicar el hambre exige convertir la seguridad alimentaria en una verdadera prioridad nacional, respaldada por presupuesto, instituciones eficientes y políticas sostenidas. De lo contrario, el Hambre Cero seguirá siendo una promesa repetida cada año y postergada indefinidamente.