Apurímac, 27 mayo 2026.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Andahuaylas y Chincheros logró una sentencia condenatoria contra tres integrantes del Comité Especial de selección de la Municipalidad Distrital de Tumayhuaraca (gestión 2015–2018) por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado.
Los exfuncionarios Merk Wigman Neyra Jerí, David Hurtado Córdova y Efraín Hurtado Anampa fueron hallados responsables de irregularidades en el proceso de contratación de una millonaria obra de alcantarillado y saneamiento básico.
A cada uno de los sentenciados se les impuso una pena de 4 años y 8 meses de prisión suspendida, sujeta a estrictas reglas de conducta por un periodo de 3 años. Asimismo, se dictó inhabilitación para ejercer cargos públicos, el pago de 240 días multa y una reparación civil solidaria ascendente a S/ 50,000.
El fiscal a cargo del caso, Yurick Vlasov Echevarría Del Castillo, demostró durante la acusación el esquema de favorecimiento ilícito y acreditando que los acusados, luego de declarar desierta una primera licitación debido a que el “Consorcio Saneamiento Tumayhuaraca” no presentó documentación, convocaron un nuevo proceso mediante adjudicación simplificada, alterando arbitrariamente las condiciones del concurso.
Alteraron las bases
En la investigación e determinó que los integrantes del comité redujeron y modificaron los requerimientos de maquinaria y herramientas, además de incrementar injustificadamente los años de experiencia exigidos para el ingeniero residente y el asistente de obra. Estas modificaciones fueron diseñadas para adecuarse al perfil técnico del consorcio que pretendían favorecer.
Asimismo, impidieron la participación de otros postores al cambiar, a última hora, el lugar de presentación de ofertas y alegar falsamente una entrega tardía. Si bien se registraron 14 empresas interesadas, estas maniobras permitieron que únicamente el consorcio favorecido presentara su propuesta.
"No solo se evidenció las irregularidades administrativas, sino que se incorporó pruebas determinantes del interés indebido, como comunicaciones telefónicas entre un miembro del comité y el representante legal del consorcio antes, durante y después de la adjudicación, así como depósitos bancarios no justificados en sus cuentas", señala el Ministerio Público.
