Apurímac, 19 mayo 2026.- El presupuesto de muchos gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales no se explica sin el canon y las regalías mineras y gasíferas. En algunos casos, estos recursos representan alrededor del 70 % del total disponible para ejecutar obras. 

Es decir, siete de cada diez soles que financian obras, servicios y el funcionamiento del Estado subnacional provienen directamente de la actividad extractiva minera y gasífera.

A diferencia de las regiones mineras que tienen ese nivel de dependencia presupuestal, en Apurímac, pese a tener una de las operaciones mineras más grandes del país, el canon minero representa el 3.65 % del PIA 2026 de la región. 

Sin embargo, no sucede lo mismo con el distrito de Challhuahuacho (provincia de Cotabambas) que alberga a Las Bambas, el presupuesto generado por la actividad minera supera el 70 % de su presupuesto institucional, que incluye, además, el ingreso generado por las regalías contractuales.

El canon sirve para financiar infraestructura y también para garantizar el funcionamiento cotidiano del Estado en las regiones. Pero esta dependencia también tiene costos. Las regiones altamente vinculadas al canon son más vulnerables a los cambios en el sector, que son afectados sobre todo por la volatilidad de los precios internacionales de los minerales. Cuando los ingresos caen, los presupuestos disminuyen; cuando aumentan, ocurre lo contrario.

A ello se suma un problema más difícil de enfrentar: la limitada capacidad de gestión y la baja calidad del gasto. Estos recursos no siempre se destinan a cerrar brechas sociales ni a atender las necesidades de la población. Así, regiones y municipios con presupuestos millonarios tienen dificultades para ejecutar obras de calidad.

Al respecto, Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, señaló, en un evento organizado por REDES, que regiones como Cusco enfrentan una crisis en la eficiencia del gasto público. Esto se traduce en obras paralizadas, proyectos de escaso impacto y carencias en servicios básicos de infraestructura, salud y saneamiento.

Santoyo planteó la necesidad de establecer una planificación articulada entre el gobierno regional, las municipalidades y el sector privado para priorizar la inversión del canon y convertirla en mejores servicios públicos.

De encontrar ese equilibrio depende la continuidad del modelo de financiamiento que sostiene a las regiones. Porque, en la práctica, el canon es la columna vertebral del gasto público descentralizado y, como toda columna vertebral, su estabilidad también depende de la estabilidad política y económica del país. A ello se suman medidas urgentes para fortalecer los controles institucionales y prevenir actos de corrupción.