Apurímac, 11 mayo 2026.- Varios hechos relacionados con abuso de autoridad, favoritismo y absoluta falta de respeto a las normas vigentes que deviene en los presuntos delitos de función, desobediencia y desacato ocurridos los últimos días marcaron la agenda en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba), los mismos que fueron minimizados por el rector Wilber Jiménez y su aliados de la "argolla altiplánica". 

Un audio de una sesión del Consejo Universitario de la Unamba realizada el 27 de agosto del 2025 subido a las redes reveló una verdad que solo se conocía por trascendidos y comentarios sueltos: el abierto favoritismo hacía una docente condenada por el delito de usurpación, quien además de haber purgado prisión y ser destituida como establece la norma, Jiménez y sus compinches volvieron abrirle las puertas para que siga dictando clases en dicha casa de estudios como si nada hubiera ocurrido. 

Se trata de la ingeniera industrial, Lourdes Salcedo Sucasaca, sentenciada por el delito de usurpación por un juzgado de Puno y condenada a varios años de cárcel. Esta persona que en otro momento se hallaba en la condición de prófuga de la justicia fue declarada apta en el concurso de docente ordinario 2024 a pesar de no haberse presentado a la entrevista personal.

El caso sigue abierto y apunta a los integrantes del comité evaluador de ese entonces: Ludwing Cárdenas Villanueva (presidente), Ecler Mamani Vilca (secretario), Guadalupe Chaquilla Quilca (vocal) y los estudiantes Nairut Ventura Ramos y Yennifer Márquez Laqui (Veedores), sindicados por los delitos de tráfico de influencias, falsedad y colusión. 

Se conoció que Lourdes Salcedo volvió a retomar las clases, pero tras la difusión del audio que revela el desprendido "humanismo"  de las actuales autoridades universitarias solo con quienes les conviene, optaron por apartarla temporalmente para evadir las críticas. ¿Quién autorizó para que esta persona vuelva a dictar clases sin estar habilitada para hacerlo?

El doble rasero y abierto desprecio del rector Wilber Jiménez Mendoza, así como los vicerrectores Mauro Huayapa y Wilson Mollocondo contra más de 20 docentes que arbitrariamente fueron despedidos y solo reclaman el respeto de la ley y el derecho a tener un trabajo digno, hasta la fecha no son repuestos por la negativa e intransigencia de las mencionadas autoridades.

Se conoció que varios profesionales que formaron parte inicial de este grupo terminaron aceptando las condiciones impuestas por el rector Jiménez para retomar la enseñanza académica pero bajo la condición de "invitados", esto con la finalidad de debilitar y dividir al grupo que exige el cumplimiento de la Ley 32171 o Ley que autoriza el nombramiento excepcional de los docentes contratados en las universidades públicas.  

Así tenemos, que la demanda de acción popular presentada por Olivia Tapia Laguna, Ivón Nieves Alarcón Palomino, Octavio Chambi Acori, entre otros más, contra la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac dispuso se declare nula y sin efecto legal la Resolución N° 246-2025-CU-UNAMBA que aprobó los "Lineamientos para la aplicación de la Ley N° 32171 que autoriza de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados...", la cual desde un inicio fue considerada como arbitraria cuyo único propósito buscaba impedir que los docentes -en su mayoría nacidos en Apurímac y egresados de la Unamba- se beneficien con el alcance de esta ley. 

La sentencia fue emitida por la Sala Civil de Abancay - Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y corre con el Expediente N.° 00028-2025-0-0301-SP-CI-01 del 26 abril 2026  firmada por los magistrados Franklin Ascue Humpiri, Faustino Valencia Barrientos y Julio Chacón Chávez.

Las autoridades de la Unamba aún no se pronuncian sobre esta decisión judicial.

Se tiene el caso de la docente Yaneth Roxana Calla Chumpisuca, destituida sin mucho miramiento y en forma célere de la universidad por una supuesta falta grave. ¿Su delito? Haber sido denunciada por la estudiante I.R.Q tras haber criticado a docentes y estudiantes (alineados con la argolla altiplánica), luego del proceso electoral interno realizado en dicha casa de estudios.

Su destitución se concretó mediante la Resolución N° 099-2025-CU-UNAMBA del 17 de marzo del año en curso y fue firmada por el rector Wilber Jiménez, quien terminó aliándose con sus otrora "enemigos públicos" (la argolla altiplánica) para llegar al rectorado por los siguientes cinco años.  

Otro caso. El abogado Benedicto Chiclla Arredondo, que postuló a la Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad era otro docente que no gozaba de las simpatías de la argolla altiplánica y cuyo nombramiento fue anulado por presuntas causales detectadas durante una revisión del área de asesoría legal. 

En un ampuloso documento de 10 páginas, Wilber Jiménez, firmó la Resolución N° 041-2025-CU-UNAMBA del 31 de enero del 2025  declarando la nulidad parcial del concurso que dejó fuera de la carrera docente al mencionado letrado.

De otro lado, el Segundo Juzgado de Trabajo de Abancay que despacha el juez Elmer Salinas Ticona multó a la Unamba con dos unidades de referencia procesal (URP) por desacatar la medida cautelar y no haber repuesto en su centro de labores al catedrático Víctor Nomberto Bazán, docente principal de la Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad, que fue destituido de esta casa de estudios el 1 de mayo del 2025 por el cuestionado rector Wilber Jiménez.

La justicia apurimeña le dio la razón al docente universitario mediante una medida cautelar a su favor por lo que espera volver a dictar clases en dicha casa de estudios. De no cumplirse con lo dispuesto, la multa seguirá en aumento como señala la resolución judicial.

"...resulta jurídicamente inadmisible que existan docentes con medidas cautelares vigentes y sin ser restituidos pese al mandato judicial. El desacato o incumplimiento de resoluciones judiciales no solo compromete responsabilidad administrativa, sino, incluso responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad. Ninguna universidad pública puede colocarse por encima del Poder Judicial, ni decidir discrecionalmente que resoluciones cumple o cuáles ignora", manifestó Nomberto Bazán.

El sacerdote y docente universitario Oscar Arbieto Mamani, quien se desempeñaba como director del Departamento Académico de Educación y Ciencia Política de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales también cayó en las manos de Jiménez y sus aliados.

Arbieto era conocido dentro del claustro universitario como un crítico ponderado de la gestión de Jiménez y por la postura que mostraba contra un grupo de docentes que no se alineaban con su gestión. 

El religioso ha sido sancionado con el cese temporal de 12 meses sin goce de haber por haber justificado en forma irregular clases de la docente Rosmery Pozo Enciso entre el 26 de diciembre del 2024 al 7 de enero del 2025, asumiendo funciones que correspondían al vicerrector académico y no en su condición de director del departamento académico.

Lo que hoy se observa en la Unamba, no es únicamente un conflicto administrativo interno. Lo que está en debate es la legitimidad moral y jurídica de una gestión universitaria que aparenta aplicar la ley con severidad contra unos y con indulgencia frente a otros. Cuando la sanción depende de la cercanía política, del voto en elecciones universitarias o de la afinidad con las autoridades, desaparece el estado de derecho dentro de la universidad y se instala un sistema de privilegios incompatible con la administración pública. (P.P.D)