Apurímac, 29 marzo 2026.- La minería informal se convirtió en un actor político. Iván Arenas experto en minería y gestión social, dijo que en el actual Congreso hay una “Bancada Reinfo”, que es multipartidaria y está a favor de la minería informal. “Tiene interés político y electoral, que es la minería informal (...) Opera como una coalición”, señaló.

 

Eso mismo había advertido César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), cuando la “Bancada Reinfo” promovió y aprobó las cinco prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y postergó la aprobación de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

 De Cusco se encuentran Guido Bellido (Perú Libre), Luis Ángel Aragón (Acción Popular) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial), quienes votaron a favor de la última ampliación.

Ahora, a pocos meses de que venza su mandato, esta bancada pretende cambiar el régimen minero para favorecer a los informales. El 17 de marzo pasado, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que altera las reglas de juego que dieron estabilidad jurídica al sector. 

Pretende obligar a las empresas formales a firmar acuerdos con comunidades, elimina el carácter irrevocable de las concesiones, reducir de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción, busca aplicar nuevos costos a concesiones ya otorgadas.

Durante años, la minería informal operó por fuera del sistema institucional y, en algún momento, fue perseguido. Pero hoy cuenta con voceros en el Congreso y busca representación directa al integrar listas de candidatos en varias organizaciones políticas.

Según investigaciones del medio Territorio Tomado, al menos 64 candidatos al Parlamento tienen o tuvieron registros en el Reinfo, sistema creado para formalizar que fracasó, mientras otros que ampliaron el Reinfo buscan la reelección. Si logran una curul, fortalecerían a la denominada por los especialistas como Bancada Reinfo.

No sorprende que ese dictamen sea impulsado en plena campaña electoral. Muchos partidos que tienen bancada en el Congreso llevan en sus listas a mineros informales o a sus voceros. Por ejemplo, Javier Bernal Salas, dirigente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), que postula por Renovación Popular, el partido del candidato presidencial Rafael López Aliaga.

Adolfo Valverde Calipuy, asesor de la Confemin, postula por Perú Libre, organización de otro aspirante al sillón presidencial, Vladimir Cerrón. A ellos se suma Raúl Noblecilla, asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales, que integra la plancha presidencial de Podemos Perú y busca un escaño en el Senado. Precisamente por ese mismo partido postula al Senado, el actual congresista Guido Bellido quien además integra la Comisión de Energía y Minas en el Legislativo. 

Así, la minería informal comenzó a construir su propio poder político. Se puede deber al tamaño económico del negocio que exportó más de 100 toneladas por más de 11.500 millones de dólares; a su capacidad de financiar, según expertos, hasta 36 campañas presidenciales; y al fracaso del proceso de formalización.

Según Iván Arenas, reducir el plazo de concesiones minera formales traerá consigo varios problemas. “Debemos decir que no existiría canon minero sin inversiones mineras y añadir que las inversiones mineras no llegarían si no habría predictibilidad y el sistema de concesiones fuera parte de esa predictibilidad. Entonces, podemos decir que, sin concesiones, sin régimen de concesiones, no habría canon minero. Reducir de 30 años a 15 años es liquidar la predictibilidad y la certidumbre”, señaló.

Había una afectación al presupuesto municipal. Puso como ejemplo los casos de Espinar o Chumbivilcas donde el canon minero representa el 70 % y 80 % de toda la inversión del Estado. “De cada diez soles que se destina a las municipalidades, siete u ocho provienen de la minería (canon o regalías). Si se elimina, los afectados serían los más pobres”, anotó.