Apurímac, 15 marzo 2026.- Los elevados precios internacionales, junto con la incapacidad del Estado para combatirla, incentivan esta actividad ilícita. El precio del oro alcanzó un máximo histórico en 2025, promediando más de US$ 3,400 por onza, casi el doble del nivel registrado hace cinco años y el triple que hace una década, señala un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El IPE estima que estos envíos sumaron 104.3 toneladas, equiparando virtualmente a las exportaciones de oro legal (104.7 toneladas). Es decir, de todo el oro exportado desde el país en 2025, el 49.9% corresponde a oro de origen ilegal.
En lo que va del 2026, ya se registra un precio promedio de alrededor de US$ 4,800 por onza y, según JP Morgan y Reuters, el precio podría mantenerse en US$ 4,400-4,500, lo que marcaría un alza de 30% frente al 2025.
Como resultado, el tamaño económico de la minería ilegal se ha incrementado de forma exponencial. En 2025, el valor de las exportaciones de oro de origen ilegal superó los US$ 11,500 millones, 55% más que en 2024. Así, se consolida como la economía ilegal que más dinero mueve, duplicando la magnitud de otras actividades ilícitas como el narcotráfico.
Para 2026, al ritmo de crecimiento de producción de oro ilegal de los últimos años y con el alza esperada de los precios, la minería ilegal de oro ilegal representar, haciendo estimaciones conservadoras, más de US$ 15 mil millones.
La minería ilegal prolifera bajo el amparo legal del Reinfo, cuyo plazo de vigencia fue prorrogado por quinta vez hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde su creación en 2016, de un total de casi 90 mil inscripciones, apenas el 2% culminó el proceso de formalización, según cifras del Minem.
Así, previo al proceso de exclusión de más de 50 mil registros suspendidos en julio de 2025 por no cumplir con los requisitos mínimos, cabe decir que 8 de cada 10 inscripciones se encontraba suspendida.
A la fecha, todavía cerca de 9 mil de los 31,600 registros está en estado suspendido. Peor aún, al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, múltiples operaciones de mineros informales se han extendido, afectando severamente zonas restringidas para la minería (áreas naturales protegidas, reservas indígenas, zonas arqueológicas, entre otros), unidades mineras formales en operación (Poderosa en Pataz y Las Bambas en Apurímac), y áreas de proyectos mineros en cartera, (Conga y Michiquillay en Cajamarca, Los Chancas y Haquira en Apurímac).
Cadena de comercialización y trazabilidad
El avance de la minería ilegal ocurre en un contexto de limitada capacidad estatal para prevenir, supervisar y sancionar esta actividad. La ausencia de mecanismos efectivos de trazabilidad del mineral facilita que el oro de origen ilegal se inserte en cadenas formales de comercialización.
Además, la alta vulnerabilidad del aparato estatal a la corrupción y la falta de conocimiento de la problemática de las diversas entidades responsables también favorece la expansión de esta actividad ilícita.
Ante este contexto, las fases posteriores a la extracción, particularmente la comercialización y el procesamiento, han adquirido un rol central en la expansión del oro ilegal. El número de empresas vinculadas a la compra, venta y procesamiento ha seguido la trayectoria del precio del metal. Solo en 2025 se crearon, en promedio, tres nuevos registros de empresas procesadoras y dos de comercializadoras cada día, el triple y el doble que en 2019.
Esta dinámica se ha intensificado en 2026. En lo que va del año, el ritmo de creación de registros de empresas procesadoras se ha duplicado respecto a 2025: actualmente se constituyen, en promedio, seis nuevas empresas por día.
En ausencia de sistemas robustos de control y trazabilidad, este crecimiento amplía los canales potenciales para que el oro de origen ilegal se mezcle con producción formal y llegue a los mercados de exportación.
En paralelo, la producción formal de oro en el país muestra una tendencia decreciente. La producción reportada al Ministerio de Energía y Minas pasó de más de 157 toneladas en 2002 a poco más de 99 toneladas a noviembre de 2025, lo que representa una caída superior al 37% en poco más de dos décadas.
