Apurímac 27/04/2025.- En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que los mineros informales no deben quedar exonerados de la responsabilidad penal por delitos ambientales solo por estar inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 

Asimismo, dispuso que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo deben evitar mantener un sistema que permita impunidad a partir del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).  

“(Eso) ha permitido que un conjunto de personas naturales y jurídicas que se mantienen en el registro operen sin apego a la legalidad y exoneradas de sanción”, señaló el TC. Se trata de la sentencia de mayoría que declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31388, que amplió el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2024.

Es necesario, precisó el Tribunal, que el proceso de formalización minera no contemple inmunidad penal, que quienes los mineros garanticen responsabilidad social y medioambiental, y que sean sancionados si se refugian en el Reinfo para incumplir las leyes. 

“No resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio, ni en ninguna política pública que regule dicha actividad de manera permanente”, señaló el Tribunal.

Este fallo refleja una creciente sensibilidad frente al impacto ambiental de la minería informal, y pone en evidencia que, tras más de dos décadas de intentos fallidos, los programas de formalización no han funcionado. Las normas que buscaban encauzar a los mineros informales hacia la legalidad han terminado generando zonas grises que favorecen la impunidad y el deterioro ambiental.

Al respecto, César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, cuestionó que llevemos más de 20 años en un proceso de formalización sin que las autoridades tomen medidas más efectivas. “Veo complicidad desde el Congreso y desde el Ejecutivo (…) Hay una bancada multipartidaria que respalda a los mineros informales e ilegales”, señaló Ipenza.

Dijo también que, en la actualidad, alrededor de 60 toneladas de oro ilegal salen del país cada año. Por esa razón, consideró que el Ministerio de Energía y Minas debe asumir las competencias para fiscalizar las plantas de beneficio y debe impulsar un real proceso de formalización.