Apurímac 18/03/2025.- El 12 de marzo, el Congreso aprobó otra ley que afecta a las organizaciones sociales y al acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Antes ya había aprobado la norma que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, cuestionada por organismos nacionales e internacionales por permitir la impunidad. 

Esta vez, el Pleno aprobó un dictamen que, entre otras cosas, somete a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a la fiscalización del Gobierno de turno. A eso se suma la prohibición de iniciar demandas contra el Estado en instancias nacionales e internacionales, medida que vulnera derechos fundamentales de aquellas víctimas que no pueden costear un abogado particular durante largos procesos, mucho menos en el extranjero. 

Según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre 1991 y 2024, las ONG peruanas lograron, al menos, 113 sentencias favorables para víctimas de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Tras la aprobación del Pleno, si la nueva ley es promulgada por el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil ya no podrán ejercer la defensa de los ciudadanos ante dicha instancia. Por el contrario, si el Ejecutivo optara por hacer observaciones, el Legislativo podría promulgarla por insistencia. 

El Congreso aprobó un dictamen que prohíbe que las ONG puedan interponer demandas contra el Estado peruano".

El texto sustitutorio —redactado en poco más de 30 minutos por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la fujimorista Auristela Obando Morgan— obtuvo 82 votos a favor en la primera votación y fue exonerado de la segunda. La propuesta que consiguió la luz verde del Congreso incluyó modificaciones que no estaban en el documento original, aprobado por la comisión en junio del año pasado.

Según abogados y expertos consultados, las modificaciones a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) implican un control más severo y discrecional por parte del Ejecutivo hacia las ONG. Acciones similares se han impulsado antes en los gobiernos de Nicaragua, con Daniel Ortega, y en Venezuela, con Nicolás Maduro, para someter e impedir la libertad de asociación. 

Por ejemplo, plantea que estas requieran una autorización por parte de la APCI, entidad presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de ejecutar proyectos financiados por organismos internacionales, también denominados Cooperación Técnica Internacional. 

Además, incluye infracciones graves, como realizar actividades que hayan sido declaradas como actos que afecten la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno o eventos proselitistas. A ello se suma la mencionada prohibición de ejercer una defensa legal contra el Estado peruano. 

Entre las sanciones incluidas está la posibilidad de multar a las ONG con un monto que supera los S/2,6 millones (500 UIT). La norma actual, en cambio, indica que la cifra no debe superar los S/267.500 (50 UIT). 

“Insto al Gobierno Nacional a no ratificar la ley y abrir una discusión amplia y plural sobre cómo avanzar en una mejor regulación de la sociedad civil sin necesidad de restringir el derecho a la libertad de Asamblea”, indicó Gina Romero, relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos de reunión Pacífica y Asociación, en su cuenta de X. 

El dictamen aprobado reúne proyectos de ley de Alejandro Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular), Americo Gonza Castillo (Perú Libre), Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre), José Cueto Aservi (Honor y Democracia), María Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) y Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú). 

“Esta norma es una muestra de que intentan controlar a organizaciones de la sociedad civil que tienen posturas críticas y cuestionan las decisiones que vienen adoptando desde el poder, en este caso el Congreso y el Gobierno (...) Quieren desaparecer organismos que están dedicados a la defensa de los derechos humanos y fundamentales”, sostuvo el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta. 

Actualmente, si una ONG inscrita voluntariamente en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional desea llevar a cabo un proyecto (social, ambiental, cultural, etc.) en el país tiene que registrarlo en la entidad y, con eso, queda habilitada para ponerlo en marcha. La fiscalización se realiza mientras se da la ejecución e, incluso, después. 

La norma aprobada por el Congreso modifica las funciones del APCI y obliga la inscripción de todas las ONG en sus registros. Es decir, ya no es algo voluntario. Asimismo, la APCI deberá “dar conformidad previa a la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades registradas por los organismos que ejecutan la cooperación técnica internacional”. En otras palabras, las ONG necesitarán la autorización de la APCI para iniciar sus tareas. 

Con la nueva norma, las ONG necesitarán la autorización de la APCI para ejecutar sus actividades".

“Si quiero aplicar un proyecto de medio ambiente, la APCI podría decirte que no o podría postergar la aprobación hasta que ellos decidan. Eso puede perjudicar las actividades, ya que el financiamiento extranjero suele estar determinado para un intervalo de tiempo. Obviamente que las organizaciones que son más incómodas con el poder podrían verse más afectadas”, expresó el director ejecutivo adjunto de la CNDDHH, Miguel Jugo Viera. 

El incumplimiento de este literal es considerado como una infracción grave en la nueva ley. El Congreso también le ha dado mayor control de la APCI al Gobierno. El nuevo texto establece que el ministro de Relaciones Exteriores la presidirá y que su director ejecutivo —encargado de la ejecución de las decisiones del Consejo Ejecutivo— será designado por el presidente de la República, a propuesta del Canciller.  

Esto ocurre en un contexto en que la mandataria Dina Boluarte ha tenido constantes pronunciamientos en contra de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos. En actividades públicas las ha acusado de proteger a criminales y de desestabilizar la democracia. 

Estas organizaciones son, precisamente, las que han presentado diversas demandas ante instancias nacionales e internacionales contra la presidenta por los asesinatos durante la represión a las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. “No lo va a observar nunca. El Gobierno de Dina Boluarte está actuando en pared con el Congreso”, sostuvo el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta. 

Las bancadas que apoyaron la norma con más votos fueron Fuerza Popular, APP, Podemos y Renovación Popular".

Muestra de ello, opinó, es el apoyo mayoritario que consiguió el dictamen en el Pleno del Congreso. OjoPúblico analizó los 82 votos que dieron luz verde al texto sustitutorio y encontró que 19 corresponden a la bancada de Fuerza Popular. Alianza Para el Progreso, Podemos y Renovación Popular aportaron, mientras tanto, nueve votos cada una. 

Le siguen Perú Libre, con ocho congresistas a favor; Somos Perú, con seis, y Avanza País, Acción Popular y el Bloque Magisterial, con cinco cada una. Finalmente, Honor y Democracia aportó cuatro votos, y los no agrupados tres.

El dictamen exprés aprobado por el Pleno también modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para introducir nuevas infracciones y sanciones contra las ONG. 

Una de las más cuestionadas es la que prohíbe el uso de recursos de las ONG para asesorar, asistir o financiar demandas administrativas o judiciales contra el Estado ante instancias nacionales e internacionales. Este punto no estaba incluido en el dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores en junio de 2024. Fue incorporado durante el debate en el Pleno. 

La presidenta de la comisión, la fujimorista Auristela Obando, no precisó este cambio cuando leyó el texto sustitutorio. Solo dijo que se habían modificado varios puntos respecto al texto anterior. Luego, entregó la versión final a la Mesa Directiva para que se procediera con la votación. 

Entre el 1991 y 2024, las ONG peruanas han logrado, al menos, 113 sentencias favorables para víctimas del Estado en la Corte IDH".

“Con esta norma, es una falta muy grave litigar contra el Estado, con lo cual todas las víctimas del conflicto armado, las víctimas de las protestas del 2020, del 2022 y 2023, periodistas acosados, líderes indígenas asesinados o dirigentes nativos, todas estas víctimas se quedarán sin defensa”, afirmó Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El incumplimiento de este acápite podrá ser sancionado con una multa de hasta S/2,6 millones (500 UIT), la cancelación de la inscripción e, incluso, la disolución de la ONG. La decisión quedará a cargo de la APCI. 

La norma también afectará a las demandas de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios y derechos fundamentales. Por medio de un comunicado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) rechazó la ley por ser “arbitraria, restrictiva y antidemocrática”.

Por su parte, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) sostuvo que la modificatoria de la Ley APCI atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. 

“No se trata de una medida de transparencia, sino de un mecanismo de persecución, silenciamiento y criminalización de quienes denunciamos las violaciones a los derechos humanos y ambientales. La fiscalización no puede convertirse en un instrumento de represión contra quienes luchamos por el respeto a nuestros territorios y nuestra forma de vida”, indicaron en su comunicado.

El dictamen aprobado en el Congreso establece una multa de más de S/ 2,6 millones para las ONG que comentan infracciones".

El dictamen aprobado también impide el uso de recursos para actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afecten la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno. “¿Quién va a determinar qué tipo de actividades afectan el orden público? La norma no lo precisa. Entonces, a nivel administrativo, lo podría declarar incluso un alcalde”, remarcó Miguel Jugo Viera. 

Organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) informaron a OjoPúblico que evalúan presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y alertar sobre lo ocurrido a entidades internacionales, como las relatorías de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

La norma que modifica la ley APCI ha generado el rechazo de entidades nacionales e internacionales. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) indicaron que amenaza la defensa de derechos fundamentales de las víctimas del Estado.

“Se trata de un mecanismo de censura y control estatal que limita el derecho de las ONG a operar de manera independiente y sin injerencias indebidas, en un contexto donde muchas de estas organizaciones cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente”.

En la misma línea, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, alegó que atenta contra las libertades de asociación y de prensa, bases de un estado de derecho. Agregó que “otorga amplios poderes al Gobierno para cerrar organizaciones, como en Venezuela y Nicaragua”. 

Hemos pasado de un ente administrativo a uno casi policíaco. Se ha transformado a la APCI en una órgano represor de las ONG".

Por su parte, Transparencia Perú señaló que, detrás de esta ley, están actores políticos que conspiran contra la democracia. “Su debilitamiento [el de las ONG] es solo el siguiente paso en el camino para mafias y aspirantes a dictadores que pretenden poner en riesgo la integridad del próximo proceso electoral”. 

Para el abogado del IDL Carlos Rivera, lo aprobado en el Congreso tiene características de un Estado opresor. “Hemos pasado de un ente administrativo a un órgano casi policíaco. Se ha transformado a la APCI en un órgano represor que busca la extinción de las ONG. De las cuatro sanciones, tres buscan perturbar el funcionamiento o liquidar la organización”. 

Fuente: Ojo Público